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Un reciente acto legislativo eliminó los OCADs municipales, dejando los proyectos en manos de los alcaldes. El DNP virtualizó el sistema de regalías, simplificando de 11 a 4 requisitos la aprobación de proyectos. Esta innovación es una descentralización oportuna para la economía, ya se avanzó con proyectos de la pandemia por $550.000 millones, quedan por aprobar $6,8 billones este año.
Este ejercicio de devolución de competencias es virtuoso, pero el afán de ejecutar no puede acabar los controles, volver al infame pasado en el que las regalías eran sinónimo de corrupción. Descentralización sí, pero no a cualquier precio, se debe exigir resultados.
La evidencia a favor de la descentralización es contundente. Una evaluación del DNP sobre el gasto municipal del SGP destaca su carácter progresivo, aumenta en un 71% los ingresos del 10% más pobre. De hecho, propósito general, donde los alcaldes tienen discreción, muestra los mejores resultados en lucha contra la pobreza. Con la misma plata, duplicar propósito general aumentaría los ingresos del decil más pobre en 20%. Las regiones conocen mejor sus necesidades que el nivel central. Hasta ahí todo bien, el primer escándalo de corrupción reversa todo.
Los esfuerzos de profundizar la descentralización mueren en la falta de agua de la piscina de olas de Yopal, o en el Museo del Hombre Llanero que se lo comió el gorgojo. Cuando hay un escándalo regional, la generalización es la norma: no hay Barranquilla ni Medellín que valga. En ese momento, la contratación y la toma de decisiones regresan al nivel nacional. Sin embargo, se debe entender que hay tanta ineficiencia como corrupción. Según el DNP, el 40% de las gobernaciones está en estado crítico como ejecutores de proyectos.
Para sostener un proceso de descentralización este debe ser diferenciado, no todos los municipios son iguales. A los de entornos de desarrollo robusto se les puede descentralizar más, mientras a los de capacidades incipientes menos. En el sistema de regalías anterior, con menores controles y equidad de municipios ocurrían 8.500 irregularidades anuales, en el actual sistema 411 proyectos tienen problemas.
Siguen siendo muchos, pero es diferente. Los trámites que para algunos son una perdedera de tiempo, para otros construyen capacidades. El eje rector de la descentralización debe ser los resultados: confiar, pero verificar.
Todos los municipios deben tener la oportunidad de estructurar y ejecutar sus regalías, pero si empiezan a presentar problemas, gradualmente pierden este derecho. Esta menor libertad no hay que satanizarla, puede significar más acompañamiento.
Por ejemplo, la nación podría pagar la estructuración de proyectos. Reglas de cofinanciación con enfoque de competencias podrían ayudar a sub-sanar las inmensas brechas territoriales, ayudándole más a los que menos tienen. Hoy en las convocatorias nacionales sin este enfoque, las regiones más prósperas siempre les va mejor, la desigualdad solo se profundiza.
Una efectiva descentralización exige reconocer, las diferencias de capacidad institucional; incentivar el mejor desempeño, sin afectarla autonomía, y avanzar progresivamente en función de resultados. Si la reglamentación del acto legislativo que ahora va al congreso es en este camino, hay que apoyarla.
