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El gobierno floto la idea de elegir a los jueces de Colombia mediante voto popular, como lo quiere hacer México. En otras palabras, someter al escrutinio público decisiones impopulares: la creación de impuestos, los derechos de minorías sexuales y étnicas, o rehabilitación de condenados.
Estas dejarían de estar protegidas por la constitución y quedarían sujetas al “estado de opinión.” Someter a los jueces a obtener recursos para la campaña, los expone fácilmente a ser cooptados por intereses económicos, como pasa en EE.UU..
Peor aún, en un país como Colombia, donde grupos al margen de la ley ejercen control territorial, podrían elegirse jueces que simpaticen con las causas del Clan del Golfo o disidencias de las Farc. Esta es una mala idea, por donde se mire.
El éxito de las democracias no depende exclusivamente de obedecer a la voluntad de las mayorías, sino de garantizar las protecciones para las minorías. Las reglas de juego definidas por consenso en las coyunturas constitucionales permiten encontrar mecanismos de disenso sin tener que acudir a violencia.
El equilibrio de poderes que ejerce el sistema judicial es fundamental para proteger la democracia. Tanto el Banco de la República como la Corte Constitucional se eligen de manera gradual, de tal manera que ninguna persona o grupo los controle. En otro momento de nuestra historia, la izquierda colombiana hubiera protestado enérgicamente si en el apogeo del Uribismo los jueces se hubieran elegido por voto popular.
En México, los controles al poder mayoritario del partido de gobierno por parte del sistema judicial llevaron al gobierno a imponer la elección popular de jueces. En las elecciones del 2025 se van a elegir 785 plazas de jueces y magistrados de diferentes rangos, otra tanda quedará para 2027.
En nuestro hermano país prosperó la tesis que los jueces deben ser parte del cambio y colaborar con sus sentencias. Como estorbaban y no eran incondicionales, los quieren cambiar.
Esta es la explicación amable de democratizar la rama judicial, pero otros observadores más críticos denotan el creciente poder de los carteles del narcotráfico en México. Qué mejor para las bandas criminales que promover jueces con línea jurisprudencial exageradamente exigente en habeas corpus o simplemente que sean de su bolsillo. Si en Colombia, en los 80s y 90s, los jueces hubieran sido elegidos por voto popular, la democracia probablemente no habría sobrevivido.
Lo propuesta del presidente fue rechazada enfáticamente por el grueso de la academia colombiana. Puede que efectivamente sea como muchas veces ocurre, una idea suelta y espontánea sin mucha preparación o estudio, probablemente motivada por la frustración ante las sentencias del Consejo de Estado y Corte Constitucional sobre reformas mal tramitadas en el Congreso. También refleja una desconexión frente al castigo electoral que se vislumbra en las elecciones de 2026 para el gobierno y sus aliados.
Una de las grandes críticas a Netanyahu, el primer ministro de Israel, por parte del mismo presidente colombiano que rechaza tan enfáticamente a otros, es precisamente su reforma judicial, la cual busca limitar los controles judiciales. Para muchos, esta propuesta nace muerta, pero es importante que, sin importar nuestra ideología, nos aseguremos de enterrarla definitivamente.
