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El Gobierno Nacional presentará en el último semestre de este año, el proyecto de reforma al régimen pensional o de protección a la vejez, sistema que no ha sido objeto del necesario ajuste y sobre el cual consultores externos advierten los serios inconvenientes que afectan las políticas públicas, y que de no corregirse llevarán al país a mayores perturbaciones fiscales y a perversas inequidades, resultante esto último, entre otras cuestiones, del traslado al Estado del costo de la atención de altos subsidios de los cuales se benefician únicamente los pensionados de los niveles más altos de la pirámide, lo que constituye injusta contribución a su favor.
Los expertos también han manifestado que la ley 100 de 1993 constituyó avance importante en la modernización de nuestro sistema pensional. No obstante, dicho régimen mantuvo vigente dos sistemas contrapuestos en aspectos fundamentales sobre la base del régimen de prima media que actualmente administra Colpensiones y el de ahorro individual a cargo de las Sociedades Administradoras de Pensiones y Cesantías, entidades que a la fecha cuentan con 16 millones de afiliados, mientras que el estatal tiene vinculados 6,6 millones de personas.
La diferencia entre los dos regímenes ha implicado que algunos de los que aspiran a pensionarse prefieran retirarse de las Administradoras de Pensiones Privadas, para migrar a Colpensiones, posibilidad que se reguló a partir de la ley 797 de 2013, exigiendo que los solicitantes podrían acceder, siempre y cuando no hubieran sobrepasado 10 años antes de tener cumplidos los requisitos para pensionarse.
Esta regla se acompañó, además, de la exigencia de cumplir con la doble asesoría que debe darse a los interesados, obligación que ha de cumplirse por parte de los representantes de los dos sistemas, asegurándose de ilustrar suficientemente sobre las ventajas y deméritos que tendría el cambio del régimen de prima media al de ahorro privado y viceversa, según lo exigió el legislador y lo reglamentó la Superintendencia. Infortunadamente este requerimiento no se ha cumplido bajo las reglas establecidas por el legislador, en tanto por distintas vías se ha demandado ante los tribunales que se revisen decisiones justificadamente negadas en buena parte por los administradores, abriéndose paso a la posibilidad de hacer el traslado para quienes no cumplieron con la exigencia legal, bajo el argumento de no haberse atendido estrictamente con la debida asesoría, que les hubiera permitido a los aspirantes actuar debidamente informados en forma distinta a la seleccionada, esto según criterio de algunos tribunales, que no todos comparten. Esta no ha sido la única contingencia adversa que viene observándose en el sistema. Pues bien, a pesar de las consecuencias financieras que gravan las finanzas de Colpensiones y, por ende las del Estado, la gerencia del fondo público ha emprendido gestión de orden comercial, dirigida a conseguir el traslado de futuros pensionados a la empresa pública, sin tener en cuenta que, posiblemente, el número no despreciable de quienes acepten la invitación, serán precisamente aquellos que acceden a los injustificados subsidios, lo cual claramente afecta su equilibrio fiscal y el del presupuesto nacional. Eso no es todo, la entidad pública estaría probablemente contrariando la política pública impartida por las autoridades. La coherencia del mensaje de todos los partícipes requiere del aporte de todos sus operadores, máxime cuando estamos ad portas de la esperada reforma.
Ahora bien, se ha señalado que la reforma se presentará con base en estudios debidamente fundamentados. No le sobra razón, en la medida en que se cuenta con distintas propuestas, que ofrecen alternativas que corresponde revisar juiciosamente. Esta es una oportunidad que no puede desperdiciarse, frente a los efectos desastrosos que se tendrán, sino se aboca con responsabilidad la reforma que permita financiar las pensiones y cubrir el gasto que tendría que sufragarse con el presupuesto.
