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El municipio de Cumaral recientemente se unió al grupo de regiones que, mediante una consulta popular, busca expulsar a las empresas petroleras y mineras. Con 97% de votos en contra de la industria, el municipio genera incertidumbre sobre el futuro de la exploración petrolera de Mansarovar Energy en la región.
Con este, ya son tres los municipios que han votado en contra de las industrias extractivas mediante consulta popular este año. Esto gracias a la decisión de la Corte Constitucional según la cual el uso del subsuelo debe ser acordado con las regiones. De acuerdo con la ANH, se espera que haya más de 40 consultas adicionales en lo que resta de 2017.
Este es un precedente perverso que envía un mensaje temerario a la inversión extranjera en el país. Gústenos o no, las industrias extractivas, en su pico generaron cerca de 4% del PIB entre recaudo tributario, dividendos para la Nación y regalías. Estos recursos han contribuido en una medida importante a financiar la salud, las pensiones y la educación de los colombianos.
A pesar de la caída en el precio del petróleo, y de la disminución en el tamaño de este sector, las exportaciones de petróleo y carbón representan más de 50% de las exportaciones totales. Esto implica que las industrias extractivas representan la principal fuente de divisas del país.
Es irónico que un país pobre, que apenas crece, y cuya principal fuente de crecimiento hace unos años fue el sector petrolero, ahora esté empeñado en expulsar a las industrias extractivas. Si bien el argumento medio-ambientalista resuena con la gente, la realidad es que esta batalla está siendo liderada por intereses políticos que buscan una mayor participación en los recursos de regalías.
Es posible que las empresas del sector minero-energético deban incrementar sus esfuerzos para realizar sus operaciones de manera limpia, reduciendo el impacto sobre el medio ambiente y generando más beneficios para las comunidades. Sin embargo, expulsar al sector de las regiones no logra lo uno ni lo otro. Quienes lideran estos movimientos logran una victoria política a costa del empobrecimiento de la región.
Las consultas populares en minería son un arma peligrosa, y de seguir por este camino, pueden lograr el objetivo de desterrar a las empresas petroleras. No obstante, quienes votan en contra de la minería difícilmente entienden las consecuencias. Dejar de producir petróleo no quiere decir que éste se deje de utilizar. Por lo tanto, tendríamos que pasar de ser exportadores a importadores, con las previsibles consecuencias en la actividad económica del país y la tasa de cambio. Las exportaciones pasarían de US$35.000 millones a más o menos US$17.000 millones, de los cuales US$10.000 millones tendrían que usarse para importar petróleo.
La depreciación que vimos a partir de 2015 (60%) es solo un abrebocas de lo que podría suceder en caso de que el país votara para definitivamente dejar de producir petróleo. El país tendría que acostumbrarse a crecer a tasas cercanas a 2% ya que no hay ningún otro sector que tenga la capacidad de jalonar la actividad económica. El desempleo se incrementaría y la población se empobrecería. Adicionalmente, sería necesaria una reforma tributaria dos o tres veces más grande que la aprobada en diciembre para que el Gobierno pueda seguir pagando la salud y las pensiones.
Es importante que la gente que está votando en contra del sector minero energético tenga claras las consecuencias.