Menos gasto

Si bien la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado representó un paso clave hacia la sostenibilidad fiscal, esto no es suficiente. Los ingresos adicionales derivados de la reforma no permiten cumplir con la regla fiscal en los próximos años, así como tampoco cubrir los gastos adicionales asociados a la implementación de la paz.  Buscar incrementar aún más los ingresos no parece fácil: incrementar el IVA o la base para el impuesto de renta a las personas no es políticamente viable. De otra parte, ya no hay espacio para incrementar el impuesto de renta a las empresas. Las tasas actuales ya son elevadas; restringen la competitividad del país y su capacidad de atraer inversión. 

Así las cosas, se entiende que las calificadoras de riesgo insistan en que se requiera de un ajuste de gasto para poner a la economía nuevamente en un sendero fiscal sostenible. El gasto del gobierno central alcanzó su nivel más bajo de la última década en 2010 (17,2% del PIB). Sin embargo, de 2012 en adelante éste ha venido creciendo de manera continua. A pesar de que después de 2013, el choque petrolero resultó en una reducción sustancial de los ingresos del gobierno, el gasto se ha mantenido en niveles similares, o incluso más altos que cuando el precio del petróleo estaba por encima de US$100 por barril. El gasto total del gobierno central fue 19,2% del PIB en 2013 y alcanzó 19,5% del PIB en 2016. Se espera que este año el gasto total ascienda a aproximadamente 19,7% del PIB, al tener en cuenta la adición presupuestal anunciada en el programa Colombia Repunta. Ha sido difícil controlar la inercia que traía el gasto de los tiempos de bonanza petrolera. 

El impacto de un gasto elevado es doble, al incrementarse el déficit fiscal, se incrementa la deuda y, consecuentemente, el servicio de la deuda ocupa una porción cada vez mayor del presupuesto. De hecho, el servicio de la deuda tiene la participación más elevada del presupuesto; por encima de la inversión y del gasto en pensiones. El gasto en intereses pasó de 2% del PIB en 2014 a un nivel proyectado en 3% del PIB en 2017. La depreciación, por supuesto, encareció el servicio de la deuda externa. Sin embargo, el déficit fiscal pasó de 2,4% del PIB a 4% del PIB entre 2014 y 2016, lo que explica el resto del incremento en el gasto en intereses. 

Por esto, la creación de la Comisión del Gasto para buscar reducir el gasto público representa un esfuerzo importante para enfrentar uno de los problemas más relevantes de las finanzas públicas; ajustar el gasto a un nivel compatible con los ingresos de largo plazo del Gobierno. Este no es un reto menor dada la inflexibilidad del presupuesto del Gobierno. La inversión suele ser la primera en castigarse, por ser el único rubro realmente flexible. Los principales rubros del gasto incluyen el pago de pensiones, el gasto en salud, que enfrenta presiones crecientes debido al cambio demográfico y el costo de medicamentos, y el Sistema General de Participaciones. La reforma de este último implica una evaluación profunda de la descentralización, las competencias y las capacidades de las regiones para realizar una asignación eficiente de recursos.  

Ajustar el gasto no es fácil, pero los beneficios de poner a las finanzas públicas en un sendero sostenible son grandes. Esto permitirá preservar la credibilidad en la regla fiscal, reducir el costo de la deuda, y atraer inversión privada. Esta, y no el gasto público, debe ser el principal dinamizador del crecimiento económico.