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Comienzo por aclarar que no soy abogado. A pesar de compartir apellido con ilustres hombres de leyes, tomé la decisión de estudiar algo diferente al derecho. Con esta advertencia, escribo desde la perspectiva de un colombiano del común, que ve con profunda preocupación lo que se repite cada semana: frustración frente al rumbo que hace rato tomó la justicia en el país.
Esta semana fue un delincuente que asesinó a un subteniente de la policía, pero quedó libre porque después de arrestado, fue golpeado por uno de los policías que minutos antes hacía parte del grupo del subteniente que había sido atacado a bala. Al juez de garantías le pareció que el traslado del delincuente, herido, había sido muy brusca. No sé si solo soy yo, pero si alguien me dispara, y mata a mí compañero, en medio de la adrenalina, el susto, el dolor y la ira, una patada sería una mínima parte de mi reacción contra el atacante.
El mismo día, otro juez le dio casa por cárcel a un hombre que le regó thinner en el cuerpo y le prendió fuego a su pareja porque esta se negó a lavar los platos. De acuerdo con los medios de comunicación, en concepto del juez de garantías mandarlo a la cárcel violaría el principio de necesidad.
Podría seguir haciendo un recuento de casos aberrantes, en los que operadores del sistema judicial interpretan la ley de una manera en la que la única respuesta posible, desde la ciudadanía, es agarrarse la cabeza con las dos manos y gritar de impotencia. El problema es que no hay muchas salidas. No podemos iniciar una campaña para sacar a este juez o a este otro magistrado en el próximo ciclo electoral. No hay cómo generar los cambios que quisiéramos proponer desde afuera, así en teoría el poder resida en nosotros, los ciudadanos. En definitiva, no hay muchos mecanismos para acercar la justicia a las preocupaciones de los colombianos.
Y así, poco a poco, se continúa erosionando la legitimidad del Estado. No es que sea responsabilidad única del aparato judicial, pero tiene mucho más peso del que normalmente se le confiere. Desde que recuerdo, en situaciones que van desde crímenes hasta grandes contrataciones, siempre hay espacio para las suspicacias, para desconfiar del resultado, para pensar que alguien se está saliendo con la suya por debajo de la mesa. Este es el resultado de una justicia débil.
Con esto de ninguna manera estoy cuestionando la independencia para la rama judicial. Es evidente que los fallos no se pueden tomar bajo la presión una turba enardecida, las opiniones y emociones del momento, o los intereses de las mayorías. Lo que sugiero es que el mismo esfuerzo que se pone en blindar a la justicia de intrusiones externas se ponga frente a la responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía.
Lo que hay hasta ahora es completamente insuficiente. En la pagina del Consejo Superior de la Judicatura se encuentran dos reportes de rendición de cuentas para 2019 y 2020. En estos se incluyen los recursos destinados a la construcción o mantenimiento de edificaciones, la compra de equipos, y algunas estadísticas sobre el ingreso y egreso de procesos para esos años.
No se encuentra nada acerca del número de jueces destituidos o investigados, nada acerca del impacto que están teniendo las acciones que se toman sobre la percepción de justicia de los colombianos, nada que dé cuenta de algún interés por acercarse a las preocupaciones que muchos de nosotros tenemos y que quedan en evidencia todas las semanas en los medios de comunicación.
Una buena justicia es fundamental para un buen país. Por lo pronto parece que no vamos a tener ninguno de los dos.