Respuesta

*Columna publicada en Cambio

Nunca he mezclado mi labor como columnista de opinión con el trabajo que hago como consultor en temas de investigación e inteligencia corporativa. Las investigaciones que hago para mi columna me han generado en ocasiones impedimentos frente a mis obligaciones como presidente de Guidepost Solutions para América Latina. Y viceversa.

Ahora tengo que escribir sobre estos dos mundos en los que me muevo, que se conectan por un factor: la búsqueda de los hechos, las pruebas y la verdad.

Por eso empiezo por mi trabajo como columnista, en el que he asumido posiciones públicas y difíciles hace más de quince años, primero en El Colombiano, después en El Espectador y ahora en la revista Cambio.

Quizás ustedes recuerden que he escrito en contra del paramilitarismo, de sus terribles alcances en la política, las víctimas que deja su paso y sus viciadas relaciones con empresas. Son más de cien columnas e investigaciones sobre este tema.

La persistencia y dedicación en esas denuncias llevó a que, en marzo de 2016, el poderoso expresidente Álvaro Uribe Vélez me difamara llamándome defensor y apologista de la guerrilla. Posteriormente puso mi vida en peligro cuando afirmó falsamente que yo era un militante del ELN.

Por esas posiciones también he recibido ataques personales, amenazas de muerte, he puesto en peligro a familiares, se han alejado personas que consideré amigos, y también he perdido clientes. Ese es el precio de esta labor y lo asumo. No lo digo para victimizarme, sino para ponerlo en contexto.

Continúo con el trabajo como directivo de Guidepost Solutions, empresa reconocida internacionalmente por ser líder en investigaciones, soluciones en cumplimiento normativo, apoyo en litigios complejos, consecución de evidencia, investigaciones de fraude y ciberseguridad.

La empresa para la que trabajo no es mía, como se ha repetido de manera engañosa. Es una multinacional con sede principal en Washington y Nueva York y oficinas alrededor del mundo. La compañía fue fundada por exmiembros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Tengo el honor de codirigir la operación de América Latina, y apoyar a los excelentes equipos de investigadores, analistas y directores que trabajan a mi lado en Bogotá, México y Miami.

Es un gran orgullo para mí haber llegado a esta posición. En especial porque la compañía para la que trabajo ha recibido numerosos premios internacionales de destacados grupos del sector por su labor en la consecución de la verdad en casos muy conocidos mundialmente.

Sigo con las acusaciones que me han formulado en las redes. El pasado domingo los colegas del medio Vorágine, a quienes respeto, publicaron un artículo titulado: “Los informes de Jorge Restrepo y la empresa de Yohir Akerman a favor de Chiquita Brands”, posteriormente retomado por La Silla Vacía, un medio serio.

Desde el título queda clara la intención de efectuar un ataque personal, ya que como dije, tengo el privilegio de ser un empleado de la compañía, pero no es de mi propiedad. Es más, el 19 de marzo de 2019, le vendí Custom Information, la empresa que tenía con unos socios, a Guidepost Solutions. Esto es importante por lo que les quiero contar enseguida.

Al momento de la adquisición de mi compañía, en 2019, los directivos de Guidepost quisieron que, como parte del acuerdo, siguiera trabajando con la empresa y propusieron que dejara de escribir mis columnas, o que, por lo menos, ellos pudieran revisar los textos, ya que mi nombre estaría asociado a su empresa.

Mi respuesta en ese momento fue un tajante no, como lo sigue siendo ahora. Establecí que mi independencia en los temas y la forma de escribir de mi columna no eran, ni son, negociables. Ni con mis empleadores, ni con nadie.

Por esa razón en ese momento tomé la posición de suspender la venta de la compañía, aunque eso afectaba a mis socios, hasta que Guidepost entendió que este era mi espacio de opinión en el cual nunca se han metido. Aquí solo estamos ustedes, que generosamente me leen, y yo, que busco temas de interés público para escribir.

Ahora bien, en estas investigaciones con frecuencia trabajo en equipo con periodistas y acudo a fuentes de información en diferentes regiones. Siempre reconozco su ayuda y cuando lo permiten las condiciones de seguridad, menciono a mis colegas y les doy el respectivo crédito. Otras veces, de común acuerdo, mantengo la confidencialidad para preservar su integridad física o laboral.

Por eso vamos a los casos. En Guidepost Solutions trabajamos como lo hace una firma de abogados. Cuando surgen conflictos de interés frente a una eventual asesoría, se declaran. Ese es el estándar en la industria. Esos conflictos también se pueden presentar de manera personal, no como firma, con los profesionales que terminan apartándose de un asunto.

Sigamos con Chiquita Brands. Guidepost ha asesorado a las firmas de abogados de esa empresa en Estados Unidos y en Colombia. Yo nunca, óigase bien, nunca he trabajado en ese caso. No solo por mi conflicto personal, ya que he escrito muchas columnas apoyando la labor del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en otros temas, y revelando el hostigamiento del que han sido víctimas sus miembros, sino también porque es un proceso que ha manejado exclusivamente y de manera profesional mi antes socio, y ahora colega y amigo, Andrés Otero.

Es importante decir que Andrés Otero, también columnista en el diario La República, tiene opiniones que en muchos temas son diametralmente contrarias a las mías. Eso no hace que unas sean válidas y otras no, sino que son diferentes. En el trabajo que nos une hace más de 15 años, hemos aprendido a construir desde el respeto por la divergencia. Algo que este país necesita.

Retomemos. No conocía el reporte de Guidepost que publicó Vorágine. Como era ajeno al asunto, nunca había hablado con los abogados de ese proceso, hasta esta semana cuando me vi obligado a presentarme, explicarles por qué su asunto está relacionado con un ataque en mi contra y notificarles que iba a escribir esta columna de respuesta, sin dar detalles. Pues como todas, nadie la podía revisar o aprobar. Porque, repito, este es mi espacio de opinión.

Tampoco conocía los detalles del caso, que está amparado por un acuerdo de confidencialidad, y no estaba autorizado a responder las preguntas del periodista de Vorágine, ni tampoco los cuestionamientos, cada vez más libres en interpretación, que han salido en las redes sociales. Es un tema legal que se adelanta en dos jurisdicciones y está en proceso de apelación en una corte federal de Estados Unidos.

Ahora bien, continuemos con el reporte que menciona el artículo de Vorágine, elaborado y firmado por Andrés Otero, de cuya solvencia profesional no tengo dudas. El informe no tiene falsedades, ni omisiones a la verdad, como ligeramente se ha afirmado.

Esta semana leí el reporte de Guidepost Solutions y me reafirmo en la calidad profesional del equipo que lo elaboró. Es un informe técnico en el que se buscan hechos documentados, evidencia y análisis. Totalmente ajeno a posiciones políticas e ideológicas. El reporte, desde su introducción, deja claro el papel del consultor en un proceso de defensa y apoyo en litigio de estas características. Es un peritaje técnico que se puede contrastar en una corte con otro examen pericial. Es válido criticar el reporte con los argumentos que puede tener la contraparte por metodología, lectura de datos o análisis, pero eso nada tiene que ver conmigo, que no participé en su elaboración, y mucho menos con mi trabajo como columnista.

De hecho, el periodista de Vorágine lo tenía claro y por eso empieza a dejar de lado mi nombre al comienzo señalando que fue Andrés Otero quien hizo el reporte. El artículo lo reconoce en estos términos: “el trabajo de Guidepost en el caso del juicio en contra de los exejecutivos de Chiquita Brands y Banacol estuvo a cargo de Otero, según el documento en poder de Vorágine”. Sin embargo, el medio cae en la tentación de incluirme para ganar lectores y armar escándalo refiriéndose engañosamente en el título a Guidepost Solutions como “la empresa de Yohir Akerman”. Sin ese elemento su artículo no habría tenido la tracción que ganó en las redes sociales, a sabiendas de que mucha gente se queda en el titular, o el trino, y avanza poco en la lectura.

Ahora bien, hablemos de las omisiones de Vorágine. Todo el artículo se centra en 10 páginas de un reporte de 56, pescando elementos convenientes para insinuar un ataque en mi contra. En cambio, omite la evidencia que demuestra que algunos abogados estadounidenses y sus agentes colombianos sobornaron, y en otros casos intentaron sobornar sin éxito, a más de 12 miembros de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para manipular su testimonio con el fin de obtener mayores indemnizaciones, y desde luego más jugosos honorarios, implicando a esa empresa, y a otras, como supuestos colaboradores de los paramilitares.

Las pruebas incluyen correos electrónicos, mensajes de texto, memos y correspondencia entre los abogados y sus agentes, en los que se discutía el esquema de pagos a los falsos testigos. Al igual que declaraciones bajo juramento de miembros de las Autodefensas confirmando los esfuerzos de algunos abogados de la Florida, y sus asociados, para ofrecer beneficios financieros a cambio de brindar evidencia falsa.

El reporte hace una línea de tiempo de las declaraciones de algunos paramilitares, que cambiaron drásticamente su testimonio, tras reunirse con algunos abogados de la Florida o sus agentes, y recibir estos beneficios ilegales.

El ejemplo más célebre y relevante de manipulación de testigos con el fin de implicar a Chiquita es el de Raúl Hasbún, antiguo jefe en el Urabá de las AUC que, como los medios han publicado, confesó que le ofrecieron entre 3 y 5 millones de dólares, dependiendo del resultado del caso, para cambiar su testimonio.

En sus primeras versiones libres brindadas en el año 2008 a la jurisdicción especial de Justicia y Paz, tras su desmovilización, el señor Hasbún testificó de manera clara e inequívoca que las AUC extorsionaron a Chiquita y otros productores bananeros con actos de violencia o amenazas.

Después de las reuniones con algunos abogados estadounidenses, sus declaraciones cambiaron para decir que no eran extorsiones sino pagos voluntarios y que la relación entre las Convivir y las AUC eran de público conocimiento. Pero ese no es el objeto de esta columna.

Menciono este tema ya que enlaza con un hilo adicional, publicado por los colegas de Cuestión Pública. En esos trinos conectaron lo dicho en los artículos de Vorágine y La Silla Vacía, con una publicación del diario El Telégrafo, de Ecuador, el 5 de febrero de 2013, por la labor que hice como consultor en investigaciones para los abogados de la petrolera Chevron.
Un poco de contexto. Como dijo Cuestión Pública, Chevron fue acusada por contaminación en Ecuador y condenada por la justicia de ese país en 2011 a pagar 9.500 millones de dólares por los daños ambientales. Ahora bien, en septiembre de 2018 el Tribunal Arbitral de La Haya tumbó ese fallo al determinar que la sentencia contra Chevron “fue obtenida a través de fraude y sobornos”.
Desde el 2012 yo trabajaba en Custom Information, la empresa que le vendimos a Guidepost, y hacía parte, con otros colegas, del equipo que realizó la investigación en apoyo de litigio a la firma de abogados de Nueva York que representaba a Chevron y que logró probar el fraude judicial, los sobornos y la extorsión jurídica.

En esa investigación se demostró, con evidencia documental, más allá de cualquier duda, cómo un abogado de Estados Unidos, y sus colegas ecuatorianos, representando a los demandantes locales, sobornaron a un perito del caso para lograr un reporte de daños en contra de la petrolera por más de 18.000 millones de dólares. Era el litigio más grande del mundo en su momento.

No solo eso, también se demostró que los abogados de los demandantes sobornaron a dos jueces que hicieron parte del caso, uno de ellos el que firmó la sentencia, para que los dejaran escribir los autos y el fallo que salió en contra de la compañía por los más de US$9.000 millones.

La investigación también probó que los demandantes locales en la zona de Lago Agrio estaban apoyados por el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, y contaban de manera separada, con el respaldo logístico de miembros de la guerrilla colombiana de las Farc.

Durante el curso de esa investigación, que generó un libro en Estados Unidos y que es caso de estudio en universidades del mundo, el gobierno de Correa con su agencia de inteligencia intentó criminalizar nuestra labor y dio la orden de sacar un artículo en contra nuestra en el diario El Telégrafo, de propiedad del gobierno ecuatoriano. Es decir, en ese momento un medio de bolsillo de Correa. Eso no es periodismo independiente, sino propaganda gubernamental. Si los colegas de Cuestión Pública se hubieran tomado el pequeño trabajo de contactarme, les hubiera podido aclarar ese tema.

Finalmente, el tiempo dio la razón y, como lo termina reconociendo Cuestión Pública, un tribunal de La Haya, con la evidencia que encontramos, tumbó la sentencia en contra de Chevron declarándola fraudulenta y conseguida a través de sobornos, y una corte en Estados Unidos hizo lo mismo. Por esa razón el abogado estadounidense que representó a los demandantes locales y que coordinó los pagos y la extorsión judicial, perdió su licencia y tuvo que pagar casa por cárcel.

Esa es la verdad de mi trabajo como investigador y consultor para empresas. No tengo nada que esconder. Pero sí debo cumplir con deberes laborales que incluyen el sigilo profesional. No puedo salir a responder al ritmo de las tendencias en redes sociales, únicamente puedo hacerlo cuando tengo la autorización para tocar temas sin vulnerar los acuerdos de confidencialidad. Como dije al empezar esta columna, mi trabajo como presidente para América Latina de Guidepost, me llena de orgullo y satisfacción.

También estoy muy orgulloso de investigar temas para ponerlos bajo el escrutinio público en esta columna. Tengo claro que esta labor me trae enemigos poderosos cada ocho días, incluidos algunos de los gobiernos de turno. Esos mismos enemigos, apoyados por lecturas rápidas y ligeras de algunos tuiteros, quieren ponerme en la picota pública haciendo parecer una cosa lo que en realidad es otra.
Durante los gobiernos de Uribe me atacaban falsamente como apologista y miembro de la guerrilla. Ahora pretenden señalarme gratuitamente como aliado de los paramilitares. No soy ni lo uno ni lo otro. Solo una persona que está en busca constante de hechos y pruebas. En el campo privado como investigador corporativo y en el público como columnista.