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El páramo de Santurbán y los otros 35 complejos de páramos que hay en el país han sido un refugio para los campesinos que han huido de la violencia que los azotaba en el campo. La minería artesanal y la agricultura fueron los medios de subsistencia para alimentar a sus familias y darles educación a sus hijos.
Pero la migración de las comunidades trajo consigo la contaminación de las aguas y la destrucción de la vida silvestre. Las actividades productivas chocaron con la protección de los recursos naturales, por lo que el Gobierno tuvo que tomar decisiones para solucionar esta problemática.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento, presentó ayer la delimitación del Páramo de Santurbán, después de más de un año desde que el Gobierno se comprometió a resguardar la zona. La funcionaria anunció que se protegerán unas 42.000 hectáreas definidas en una escala de 1 a 25.000 que se aplicará a otros ecosistemas. Es decir que la línea que se trazará será mucho más precisa que antes, cuando estaba en una escala de 1 a 250.000.
También dio una voz de tranquilidad y aseguró que "el principal acuerdo es que no habrá desplazamiento de gente y lo que queremos es darle mayor seguridad jurídica en la tenencia de la tierra".
Sin embargo, la preocupación sigue siendo la misma: ¿De qué van a vivir los habitantes?
“Esa es la inquietud generalizada”, reafirmó Edwin Pulido, presidente del Comité para la Defensa del Territorio de Santurbán (Codes).
La propuesta más clara del Gobierno es el pago por servicios ambientales, es decir que las personas dejarán de cultivar o explotar los suelos para dedicarse a su protección. “Ahora el campesino cuidará el páramo y a la vez mejorará sus ingresos”, explicó la ministra.
La nueva línea de Santurbán no se adoptará hasta que el Gobierno defina de qué forma va a realizar el pago. “Esto no se va a hacer de la noche a la mañana, hay un periodo que se ha definido como el periodo de gradualidad, que puede ir desde los dos hasta los tres años”, señaló el gobernador de Santander, Richard Aguilar.
No hay una tarifa definida por el momento, ya que el tema se trabajará en las mesas de concertación de los campesinos de Soto Norte, “principalmente con los que van a quedar dentro del páramo”, señaló Sarmiento.
Esto deberá estudiarse, porque variará dependiendo del área que tenga un campesino y la rentabilidad de su negocio, señaló Francisco González, alcalde de Tona, un municipio agricultor que estaría implicado en zona de páramo.
Sin embargo, el funcionario ya ha presentado una propuesta al Ministerio: “que se pague entre uno y dos salarios mínimos al mes, por cada hectárea. Pero eso se debe estudiar”, agregó.
El Gobierno aún no ha definido la fecha de la próxima reunión, pero lo que sí está claro es que este será el tema que determinará la agenda. Una vez que se aclare cómo será el pago, se estima que unas 10.000 personas se beneficiarán solo para Santurbán, pues a nivel nacional aún no hay un censo que identifique la población dentro de estos ecosistemas.
Entre sus propuestas, Sarmiento ya ha mencionado que los recursos podrán salir de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), así como de las empresas que más consumen el agua, ya que “aquellos que más lo demandan, son los que más deben pagar por el recurso”.
Eso implicaría que entidades públicas, como el acueducto, pagarían 1% como tarifa, mientras que aún está por definir cuánto pagarán las compañías privadas.
Pero todos estos temas se definirían a través de un proyecto de ley que pasará por el Congreso. Por ahora, la cartera está afinando la metodología, así que el tema podría extenderse hasta finales de 2015 o comienzos de 2016.
¿Qué definió Sarmiento?
La expectativa no fue del todo superada. Sarmiento aclaró varios temas de la delimitación, pero aún no presenta la línea definitiva.
La comunidad de Vetas, municipio de Santander, fue una de las más tranquilas: cerca de 80% del área urbana estaba en riesgo de desaparecer, pero la Ministra dijo que su casco urbano quedó fuera de la línea.
Los demás municipios tampoco tendrán que preocuparse, ya que la población no será desplazada y podrán optar por el pago del Gobierno.
También se está preparando un plan de desarrollo que contempla la inversión de $20.000 millones para mejorar la malla vial de Soto Norte.
En cuanto al tema de minería, dijo que unos 10 títulos quedaron en la zona, pero que solo dos tenían plan de manejo ambiental. Los otros no tienen licencia ambiental, por lo que las empresas no podrán seguir operando en la reserva.
Entre este grupo está la canadiense Eco Oro, cuyo proyecto Angostura quedó dentro de la línea que trazó el Ministerio. La minera aspiraba extraer 1,2 millones de onzas de oro, pero desde hace más de un año la entidad detuvo sus inversiones, justamente porque no tenía certeza sobre lo que iba a pasar en el Páramo.
Eco Oro tendrá que analizar sus opciones por fuera de la línea y buscar los medios para poder recuperar el dinero que ha invertido en la exploración de la reserva: US$240 millones.
Páramos por delimitar
El panorama de los páramos en Colombia supone un reto mayor para el Gobierno. En total, hay 36 complejos de aquellos que están por delimitar y proteger de la contaminación ambiental, según indicó el Instituto Alexander Von Humboldt. La directora de la entidad, Brigitte Baptiste aseguró que los primeros ecosistemas en los que aplicarán la escala 1 a 25.000 serán Barragán (Tolima), Rabanal (Boyacá y Cundinamarca) y Pisba (Boyacá).
Y agregó que en Cauca, Nariño y Antioquia también adelantan trabajo. Serán alrededor de 25 complejos de páramos que el Instituto proyecta estudiar, para entregar los insumos para la delimitación.
Es clave que el Gobierno avance en esta tarea, ya que el país tiene cerca del 50% de las reservas naturales del mundo, lo que significa el complejo natural más grande del planeta. A esto se suma que 70% del agua que consumen los colombianos se producen en estos ecosistemas. Y en medio de una época de sequía, que ya deja unos ocho departamentos en estado de alerta, la protección de los recursos es prioritaria.
Tanto el Ministerio de Ambiente como el Von Humboldt trabajan en esta tarea, para que la escala de Santurbán se aplique en el resto y para que tanto el medio ambiente, como la comunidad sean protegidos.
Con mayor estabilidad jurídica
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento, acabó, luego de su anuncio, con la inestabilidad jurídica que se venía generando alrededor de las empresas mineras que podían o no estar en el área y explotarla. Sin embargo, pese al anuncio esperado, la delimitación anunciada no resultó ser totalmente clara pues aunque el Gobierno Nacional dijo que amplió de 11.000 a 42.000 hectáreas el área protegida del Parque Natural Regional Santurbán, en el departamento de Santander, no presentó con detalles cuál era la línea. La funcionaria afirmó que mineras multinacionales en la zona de Soto Norte deberán tomar decisiones, ya que más de 10 títulos mineros adquiridos por esas empresas están dentro de la línea del páramo. Los alcaldes de los municipios afectados dijeron que es necesario conocer los mapas “para poder hacernos una idea de lo que podría pasar, solamente entre Vetas, Suratá y California habría más de 4.000 personas afectadas”, dijeron.
Las opiniones
Richard Aguilar Villa
Gobernador de Santander
“Va a haber una nueva figura: los sembradores de páramo, personas que van a recibir unos ingresos por cuidar el páramo. Los recursos son una compensación por los servicios del agua”.
Francisco González
Alcalde de Tona, Santander
“El anuncio de la Ministra acabó con la incertidumbre que teníamos por lo que iba a pasar con los campesinos, pero nos preocupa saber cómo va a ser el pago por los servicios”.
