A gremio de agricultores le preocupa que el Gobierno exceda facultad reglamentaria

El Ministerio de Agricultura expidió la resolución 00052 que, de acuerdo a lo establecido, reglamente las labores de inspección, vigilancia y control sobre las asociaciones campesinas y las asociaciones agropecuarias nacionales y se dictan otras disposiciones. Esto generó rechazo y temor no solo en el sector, sino por parte de los gremios en general.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Bedoya, mantiene que con esta resolución se está cayendo en la inconstitucionalidad porque la ley establece que pueden reglamentar, más no aplicar sanciones y en este texto se establece que cuando las sociedades o gremios “se excedan”, pueden considerar en aplicarles multas diarias de 80 Unidades de Valor Básico, UVB, que podría sumar $1 millón.

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”Preocupa al máximo esta resolución porque el Gobierno está excediendo su facultad reglamentaria está desconociendo lo que ya le mencioné en materia constitucional y del Consejo de Estado y adicionalmente porque no tiene las facultades para hacerlo, entonces esto es una afrenta contra la institucionalidad que debe estar protegida por el Estado, porque la misma Constitución en su texto establece que se debe garantizar el libre derecho a las asociaciones sin intervención del Estado”, alertó.

El presidente de la SAC, insistió que ambos organismos del Estado han sido claros que "para efectos de lo que busca el Ministerio Agricultura con la resolución debe pasar por el Congreso principalmente”, aclaró.

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Entre las acciones que harán desde la SAC es presentar una demanda contra la resolución para que sea la rama judicial la que determine si debe continuar o no el avance de esta resolución. Bedoya aseguró que en caso que este texto siga su camino y se implemente por parte del Ministerio de Agricultura, destacó que más que consecuencias para el agro serán para el país en general.

“Si el Gobierno implementa la resolución y llegue a involucrarse y a decidir en temas que son de naturaleza privada, que lleguen con sanciones como la restitución de representantes legales de entidades, de asociaciones campesinas o agropecuarias nacionales, así como ordenar la modificación de estatutos y muchas otras, se trataría de una afrenta contra la institucionalidad que debe estar protegida por la Constitución, particularmente los artículos 78 y 39 que rezan sobre el derecho a la libre asociación y sin intervención del Estado”, afirmó el titular del gremio.

Sin embargo, otra de las grandes preocupaciones de los gremios en general es que uno de los alcances de esta resolución es la facultad que tendría para remover administradores para evitar afectaciones al sector, o a la asociación por la gravedad de las irregularidades.

Ante esto, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master calificó de peligroso que con esta resolución busquen afectar la autonomía gremial. “El Gobierno debe corregir este inmenso error de lo contrario estará generando antecedentes supremamente graves contra la democracia y las libertades”, MinAgricultura explica.

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La ministra, Martha Carvajalino aseguró que esta resolución no viola las leyes y aseguró que desde hace 12 años, la cartera agro está facultada para ejercer control y vigilancia sobre las organizaciones gremiales agropecuarias y asociaciones campesinas nacionales. “No obstante, el Consejo de Estado determinó su no aplicabilidad por inconstitucionalidad dado que la materia debía ser regulada por vía legislativa”, explicó frente a los temores por parte de los gremios.

La titular de la cartera agrícola aseguró que esta medida fue reasignada en 2022 durante el Gobierno del expresidente Iván Duque quien aseguró que se entendería por asociación campesina: “aquella organización de carácter privado, sin ánimo de lucro constituida o que se constituya por campesinos; y como asociación agropecuaria a una: persona jurídica de derecho privado y sin ánimo de lucro, constituida por pequeños o medianos productores”.

Lo que debe saber sobre los parafiscales y la incertidumbre por la resolución

Jorge Bedoya se refirió a los parafiscales, que actualmente están manejando los gremios del agro, como por ejemplo la Federación de Cafeteros, explicó que es un impuesto con una destinación específica, una pregunta que se hace en muchos gremios, es si el Gobierno lo puede llegar a utilizar como una herramienta de intimidación a la institucionalidad, pero pues eso ahora lo tendría que responder la Ministra de Agricultura y ya con sus actuaciones eso se verá, yo quisiera pensar que claramente no es así”, aseveró.