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Se abrió indagación preliminar por $96.725 millones
La Actuación Especial de Fiscalización realizada por la Contraloría General al Fondo Adaptación por irregularidades contractuales con la firma española Sacyr culminó con la decisión de abrir indagación preliminar por $96.725 millones y hallazgos con presunta incidencia fiscal por $8.185 millones.
El contrato en mención es el No. 285 de 2013 suscrito para "construir los puentes Hisgaura, La Judía y otro en el denominado Sitio Crítico 43, que hacen parte de la carretera entre Los Curos y Málaga, en el departamento de Santander", destacó la Contraloría.
El ente de control dijo que además de las responsabilidades del contratista, las interventorías contratadas y la supervisión a cargo del Fondo Adaptación evidencian "debilidad y falta de rigor técnico y administrativo".
Entre las conclusiones de la Actuación Especial es que hay mayor costo del proyecto en $5.670 millones los cuales equivalen a la suma de costos por ajustes pagados y de interventoría desde diciembre de 2016 hasta septiembre del año pasado "como consecuencia de una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz", destacó la entidad.
El organismo de control aseguró que además de los costos adicionales por ampliación del plazo contractual se advierte detrimento patrimonial por inversión de $1.885 millones en los puentes La Judía y Sitio Crítico 43, no ejecutados.
Otro de los anuncios que hizo la entidad es que las fisuras en la parte inferior del tablero del puente Hisgaura se deben a deficiencias constructivas. Asimismo, resaltó que estas no han permitido la entrega de la obra debido a la incertidumbre sobre la durabilidad y resistencia del mismo, razón por la que "la Contraloría considera que de momento, se está ante una inversión ineficiente e ineficaz, lo que eventualmente se puede constituir en una lesión al patrimonio público".
La Contraloría aseguró que existe el riesgo de pérdida de recursos asignados a dicho proyecto por $96.725 millones, por lo que se dará apertura a una indagación preliminar. El ente además destacó que el Estado no ha comenzado recibir beneficios por la ejecución del proyecto que, según el plazo inicial del contrato, debía finalizar en noviembre de 2016.
La entidad también dijo que otro presunto detrimento patrimonial sería por $503 millones debido a la no utilización de diseños iniciales del puente Hisgaura y por $126 millones de interventoría, para un total de $629 millones.
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