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La discusión alrededor de la reforma pensional del Gobierno Petro tiene un nuevo episodio.
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El Gobierno en pleno, incluyendo al Ministerio de Hacienda, defendieron el artículo 93 de la reforma pensional, que pretende crear un régimen paralelo para la pensión de la población marginada
La discusión alrededor de la reforma pensional del Gobierno Petro tiene un nuevo episodio. Según un documento que se reveló a la prensa, el Gobierno en pleno, incluyendo al Ministerio de Hacienda, defendieron el artículo 93 de la reforma pensional, que pretende crear un régimen paralelo para la pensión de la población especial.
Este respaldo del Gobierno está basado en la menor esperanza de vida que suelen tener estas poblaciones especiales, puntualmente los indígenas.
"Con ello, se reconocen las limitaciones materiales de estos grupos vulnerables. En efecto, la menor esperanza de vida, las barreras para acceder al mercado laboral, el desempleo y la informalidad laboral son circunstancias que, además de obstaculizar la integración laboral de estos grupos poblacionales en igualdad de condiciones, impactan directa y negativamente su acceso a las prestaciones previstas en el Sistema General de Pensiones para la protección de la vejez. Estas limitaciones justifican la necesidad de la medida afirmativa cuestionada", explicó el Gobierno en su respuesta a la demanda de la senadora Paloma Valencia.
El artículo 93 de la reforma pensional aprobada, que fue incluido a última hora, es uno de los más polémicos del articulado por su falta de estudio y su posible impacto fiscal.
El texto se refiere a un trato diferencial a los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos. Según cifras de Anif, este artículo crearía un nuevo sistema pensional para 41% de la población total.
El artículo dice que los años y semanas para esta población deberán a ajustarse a la baja en comparación con el resto de la población. El nuevo cálculo se haría con la diferencia entre la esperanza de vida de Colombia, que es de 77 años, con la esperanza de vida de estas comunidades, que según mencionó el senador Richard Fuelantala, autor del artículo, ronda los 66 años.
Solo la población campesina representa 29% de los habitantes del país, las comunidades indígenas, gitanos o Rrom, raizales y palenqueras agregan otro 5%; mientras que el pueblo afrodescendiente, y negro, representan 7%.
Sin embargo, todavía no está claro cuál sería el impacto fiscal, toda vez que el Dane sería la entidad encargada de calcular esa diferencia y, posteriormente, el MinTrabajo determinará el número de años y semanas que aplicarán.
De hecho, en la misma respuesta a la demanda de la senadora Valencia, el Gobierno asegura que "no es posible suponer" que se generará "la obligación para el Estado de implementar un régimen pensional con condiciones especiales para cerca de 40% de la población como lo sostiene la demanda sin mayor rigor técnico ni estadístico".
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