Gremios advierten alzas en las facturas por el no pago de los subsidios de energía

El sector energético colombiano atraviesa una realidad apretada financieramente, que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un apagón en algunas regiones del país. Los gremios alegan que el no pago a las distribuidoras de los subsidios y la prestación del servicio ha puesto en jaque al sector.

El no pago de los subsidios, según Asocodis, impacta la entrega de recursos realizados a los estratos uno, dos y tres que se financian con aportes de 20% de la factura de energía de parte de los estratos cinco y seis, el sector industrial y comercial, más los aportes que otorga la Nación, contemplados en el Presupuesto General de cada año.

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Estos aportes son diferentes para los estratos en cuestión. El subsidio para el estrato uno cubre hasta 60% del costo unitario de energía eléctrica, 50% para el estrato dos y 15% para el estrato tres.

De acuerdo con José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, señaló que hasta febrero de este año, la deuda por concepto de subsidios alcanzó $2,7 billones, luego de que en enero su ubicara en $2,8 billones.

“La crisis que está atravesando el sector es por el tema de los subsidios. La opción tarifaria tiene un esquema de recuperación pero estos no. Dependemos de lo que el Estado aporte”, señaló Manzur.

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Andesco también expreso su preocupación por el no pago de los subsidios de energía. Camilo Sánchez, su presidente, comentó que en caso de que el Gobierno no se encargue de dichos recursos, las distribuidoras tendrán que aplicar la tarifa plena al consumidor.

“Si se llega a esta situación, el incremento en las tarifas podría ser superior a 140%”, agregó el dirigente gremial.

Sobre la opción tarifaria, Manzur aclaró que, a pesar que el Gobierno anunció en mayo de 2024 que asumiría la deuda por este concepto, no tiene la obligatoriedad de correr con este gasto al ser una deuda de los usuarios.

“Se trata de instrumentos que se utilizan para evitar impactos significativos sobre el consumidor final, que la deuda alcanzó $5 billones por efecto de la pandemia y que hasta febrero se ubica en $3,1 billones”, agregó el director.

Rechazo a sobretasa de energía

Mientras se resuelve la cobertura de subsidios, en Santander surgió una propuesta del gobernador Juvenal Díaz sobre la implementación de una sobretasa a la energía a manera de ‘impuesto de seguridad’.

Se trataría de una sobretasa que se reflejaría en las facturas de energía de los estratos cuatro, cinco y seis y los sectores industrial, comercial y oficial. Se propuso un cobro por tasa de 0,13% de una UVT ($49.799 para 2025) por cada kilovatio hora consumido mensualmente, equivalentes a $66. Si la propuesta pasa su segundo debate, entraría en vigencia el primero de septiembre y se extendería hasta diciembre de 2028.

A pesar de que ya existe un antecedente en Antioquia (aunque aplican tarifas diferenciales, dependiendo del sector, y con topes de tasa por consumo de energía), el Gobierno y las agremiaciones energéticas de Santander rechazaron la medida en tanto que “afectaría el desarrollo económico y social del departamento”.

El Consejo Intergremial de Santander comentó que se trata de una medida ‘que ignora cualquier principio de progresividad y equidad tributaria’. Por su parte el presidente, Gustavo Petro, se refirió al respecto y dijo que es un impuesto regresivo que afectará tanto a propietarios como arrendadores.

“Es mejor dejar los servicios públicos esenciales sin sobretarifas, que crean es más inseguridad y ponerlas, si es necesario, por mandatarios y corporaciones locales sobre la propiedad y de manera estratificada”, dijo Petro desde su cuenta de X.

El ministro de Minas ya había señalado que disponían de $2,7 para el pago de esa deuda.