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Las cadenas productivas de frutas y hortalizas, pesca y café son las más beneficiadas. Antioquia tiene los mayores productores
En la medida en la que Colombia busca cada vez más diversificar su canasta exportadora para ir eliminando su dependencia de los productos minero energéticos, el campo cobra mayor importancia en el país.
Una prueba de ello es que desde hace dos años y medio el Gobierno lanzó la estrategia ‘Agricultura por Contrato’ con el fin de reducir los procesos de comercialización entre los productores y los empresarios para garantizar que los agricultores puedan vender sus productos a un mejor precio.
Así lo explicó el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, quien es el abanderado de esta estrategia dentro del Ejecutivo.
“La idea es conectar la industria de alimentos, el sector gastronómico y los comercializadores con los productores”, explicó el funcionario.
Pero más allá de acelerar este proceso de comercialización, por medio del programa, los agricultores reciben créditos a muy bajas tasas de interés para poder sacar adelante su producción y así poder cumplir con lo pactado con los empresarios.
“Agricultura por Contrato, además de mejorar la comercialización y rentabilidad de la actividad agropecuaria, también tiene a disposición una Línea Especial de Crédito (LEC), la cual está orientada a otorgar liquidez a los productores, mientras se materializa la compra de la cosecha” indicó Zea.
Con dos años y siete meses de vigencia, la estrategia ya deja frutos importantes con 170.000 productores vinculados que han vendido sus cosechas, sin intermediarios, a 913 aliados comerciales por un valor de $1,3 billones.
“Entre los aliados comerciales podemos destacar algunos como Éxito, Ara, Olímpica, Megatiendas, Italcol, Polar, Casa Luker, Compañía Nacional de Chocolates, Alpina, Alquería, Pepsico, Crepes & Waffles, Wok, Spoleto y Grupo Takami, entre otros”, precisó el Ministro de Agricultura.
Departamentos. 
Aunque Zea asegura que Agricultura por Contrato ha llegado a todos los departamentos del país, él mismo aclara que “Antioquia (15%), Boyacá (10%), Nariño (8%), Santander (7%) y Cauca (5%) están en el top cinco de los que más participación tienen en el número de productores vinculados”.
No obstante, a renglón seguido añade que “se destacan otras zonas como Meta, Tolima, Cundinamarca, Caldas y Putumayo, los cuales tienen una participación entre 4% y 5%”.
cadenas productivas
Hasta el momento Agricultura por Contrato ha beneficiado a todas las cadenas productivas, ya sea sumándose directamente a la estrategia, o con las Jornadas de Negocio que se han establecido desde 2019. Sin embargo, las cadenas de frutas y hortalizas (23%), pesca (20%) y café (16%) son los que más vinculados tienen.
Al respecto, Orlando Montes, productor de ñame precisó que “nosotros somos del campo, casi siempre tenemos la cosecha, pero lo que necesitamos es comercializarla por eso queremos que nos compren los productos para obtener un beneficio y tener el sustento de nuestras familias”.
“Queremos que Agricultura por Contrato se convierta en política de Estado y llegar a un millón de productores a 2032 y para ello presentaremos un proyecto de ley”.
Por su parte, Camilo Ramírez, director de Megatiendas, aseveró que “nos entusiasman todas estas iniciativas ya que nos permite conectarnos con productores y asociaciones para poder realizar esas compra directas y acompañar a la economía del agro colombiano”.
Zea concluyó que “para finalizar este año para la meta es llegar a 230.000 productores y el objetivo es que la plataforma se convierta en una política de Estado, para de esta manera llegar un millón de productores a 2032. Para ello el Ministerio presentará un proyecto de ley al Congreso”.
Las estrategias para lograr una mayor cobertura del proyecto en el país
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, se establecieron seis pilares de intervención en los territorios que son: Inversión sectorial, Gestión territorial, Enfoque diferencial, Enfoque ambiental, Transformación digital y promoción a la exportación. En el pilar dos, gestión territorial, se implementa un protocolo para diagnosticar y resolver brechas de encuentro entre oferta y demanda. De otro lado, se realiza un ejercicio de articulación interinstitucional desde lo presupuestal entre el Gobierno Central y los entes territoriales.
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