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En el camino a llegar a un consenso, el viceministro de Hacienda dijo que se eliminaría la propuesta de gravar con IVA los servicios públicos
Ante las críticas a varios de los puntos del proyecto de ley de solidaridad sostenible por parte, no solo de los ciudadanos, sino de los diferentes partidos políticos, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla ha dicho que el Gobierno está dispuesto a llegar a un consenso.
Precisamente, ya se anunció un primer recorte al proyecto original. En concreto, el recaudo esperado ya no sería de $23,4 billones, sino que estaría entre $18 y $20 billones.
Así lo dijo el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, a La FM, aunque aseguró que es necesario encontrar las fuentes tanto para sanear las finanzas públicas como para atender a la emergencia social que ha dejado la pandemia.
“Yo aspiraría a que logremos entre $18 y $20 billones para poder atender el hueco que nos deja la pandemia y los problemas sociales. (...) El mensaje es que busquemos las fuentes porque entre menos fuentes tengamos, menos programas sociales tendremos”, explicó Londoño.
Uno de los puntos que han resaltado varios expertos y analistas es que las propuestas planteadas en el proyecto de ley afectan en gran medida a la clase media. En este sentido, una de las medidas que se eliminaría de la reforma es la de gravar con IVA los servicios públicos de gas, energía, acueducto y alcantarillado.
“Vimos que todos los partidos y todas las fuerzas dijeron que no acompañarían un IVA a los servicios públicos; entonces ese IVA no irá en la reforma y buscaremos fuentes alternativas”, dijo Londoño.
Así mismo, tras las críticas que han hecho los gremios del agro, el Gobierno también revisaría la propuesta de eliminar la categoría de bienes exentos de IVA con el propósito de que no se vean afectados los precios de alimentos básicos como el huevo, el pollo, la leche o el arroz.
“Estamos dispuestos a revisarlo con toda claridad en aras de lograr estos consensos y de que la población tenga la tranquilidad de que su canasta familiar no va a subir”, aseguró el viceministro.
En este sentido, para tener más fuentes de financiación el Ministerio tendría en cuenta propuestas que han hecho tanto la Andi como diferentes partidos políticos frente a los impuestos a las empresas. Por ejemplo, se ha planteado que se aplace la reducción de la tarifa de renta corporativa, que se suspenda el descuento del ICA y que se imponga una sobretasa de renta a las entidades financieras.
Así, lo que se observa en los posibles cambios es que la reforma se enfocaría más en las empresas.
“En este contexto se podría prever que definitivamente va a haber una reforma fiscal que recaudaría entre $13 y $16 billones, con significativos cambios a la propuesta original, especialmente en los puntos que afectarían a la clase media, y eso se compensaría con mayores contribuciones de las empresas”, dijo Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.
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Aunque el Gobierno está dispuesto a llegar un consenso frente a los puntos de la tributaria, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que es necesario que el proyecto de ley se apruebe antes de julio.
“Sí tenemos unos puntos muy importantes y es que necesitamos que se apruebe antes de julio, es decir, en esta legislatura, para poder seguir atendiendo los programas sociales ese mes. Y necesitamos hacer un ajuste de la regla fiscal porque o sino el próximo año el recorte al presupuesto tendría que ser abismal”, dijo.
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