Alberto Carrasquilla negó haber actuado como inversionista de los Bonos Agua

Después de salir del Ministerio en 2007, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, confiesa que no tuvo un año fácil. Debido a la enfermedad de su hijo, que tuvo que ser tratada en Londres, no tuvo una gran actividad comercial, al punto que debió ampliar la hipoteca de su apartamento. En marzo de 2008, sin embargo, creó Konfigura Capital junto con Andrés Flórez, quien había sido su director de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y director de Fogafín (también cuando Carrasquilla era ministro) y Lía Heenan, quien fue presidente de la Central de Inversiones S.A.

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De acuerdo con lo que le respondió Carrasquilla al senador Jorge Robledo, quien lo citó a un debate de control político la próxima semana, Konfigura se empezó a gestar en octubre de 2007, como una alianza con inversionistas estadounidenses que querían invertir en proyectos de infraestructura en Colombia, y debido a la prohibición que existe en el país para tener cuentas en dólares, también se creó Navemby Investments Group Inc. en Panamá para almacenar en el país vecino los recursos de los estadounidenses y transferirlos desde allí a Konfigura. Sin embargo, para José Roberto Acosta, profesor del Cesa, esto es “sospechoso, porque los que compran títulos de deuda para extranjeros no necesitan cuentas en dólares, sino llenar el formulario o declaración de renta de persona extranjera. Podemos estar frente a infracciones cambiarias”.

Por esa misma época, nueve meses después de que Carrasquilla salió del ministerio, fue aprobado el legislativo 04 de 2007, que tuvo dos efectos: el primero fue, según Carrasquilla, que “determinó autorizar a los entes territoriales, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones con destinación al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, constituir patrimonios autónomos con el fin de garantizar proyectos de inversión de mediano y largo plazo”, lo que en palabras del ministro permitió “dotar de recursos a los entes territoriales para salud, educación y agua potable y generar un mecanismo para que se pudieran hacer las inversiones necesarias para construir esa infraestructura, que no se puede financiar con el presupuesto de un año”. El segundo fue que permitió aumentar, año a año, los recursos que se le giraban a los municipios por cuenta del sistema.

El periodista Daniel Coronell, sin embargo, dice que lo que hizo esa ley fue permitirle a los alcaldes “empeñar recursos futuros y adelantar la recepción de esos dineros pagando una tasa de interés a un intermediario”. Este fin de semana, Coronell revivió en su columna de la revista Semana un tema que ha venido causándole dolores de cabeza al ministro Carrasquilla desde hace varios años: los ‘Bonos Agua’.

Coronell retomó una investigación que había publicado en El Espectador en 2014 Alberto Donadio, según la cual, con estos bonos, que nacieron gracias a la reforma legislativa antes mencionada, y que había sido ideada por Carrasquilla antes de salir del ministerio, la empresa Konfigura logró ingresos de $14.000 millones anuales, gracias al margen de intermediación resultante de que las tasas que se cobraban a los municipios eran de UVR + 11 puntos y las que se pagaban a los inversionistas eran de UVR + 8 puntos.

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Con estos bonos, 117 municipios obtuvieron recursos atados al dinero que recibían del Sistema General de Participaciones, y por la misma época de la columna de Donadio, el propio ministro Carrasquilla, en ese entonces banquero de inversión, publicó una columna, también en El Espectador, en la que denunciaba que estos bonos estaban siendo “petardeados” por los funcionarios del Gobierno, y que si las tasas eran altas, era porque los inversionistas precisamente estaban viendo todos esos problemas que innecesariamente se le estaban poniendo a los bonos.

Además, el ministro decía que era un muy mal mensaje para los inversionistas extranjeros que se rumorara que las condiciones de estos bonos iban a ser flexibilizadas, y decía que también era un mensaje pésimo para la descentralización lo que estaba pasando con los ‘Bonos Agua’, ya que se había construido una “leyenda” de que los recursos tenían que ser manejados desde Bogotá con la excusa de que los alcaldes y gobernadores eran ineptos técnicamente o corruptos.

En agosto de ese año pasó lo que Carrasquilla tanto temía: finalmente la voz del exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, gran opositor de los ‘Bonos Agua’, fue oída al interior del Gobierno y por eso, el Ministerio de Hacienda, en una operación ejecutada por Findeter, recompró la deuda de los municipios, y el entonces ministro, Mauricio Cárdenas, anunció que bajo el manejo de Findeter, los intereses iban a ser reducidos de cerca de 18% que se pagaba en ese momento a 9%.

Para el momento en que se acabó con el programa de ‘Bonos Agua’ eran frecuentes los titulares de prensa y los informes de la Contraloría en los que se denunciaba que de esos recursos ya no había ni plata ni obras, siendo casos como el de Bello o Buenaventura especialmente denunciados por la prensa, y teniendo en apuros a capitales de departamentos como Valledupar, Mitú o Florencia. En su investigación de 2014, Donadio decía que de esos proyectos al menos 40 tenían avances irrisorios; en su columna, Coronell dijo que solo 30 obras llegaron a buen puerto, y el profesor Acosta explicó que de los 117 municipios que estuvieron en el programa, “unos 90 tuvieron graves dificultades financieras”. A raíz de todo esto, voces como la del senador Robledo o la del también senador Armando Benedetti empiezan a hablar de una moción de censura contra Carrasquilla, pero el ministro ha enfatizado en que ni él ni Konfigura compraron o vendieron ‘Bonos Agua’, sino que fungieron solamente como asesores.

“Los préstamos fueron otorgados por Alianza Fiduciaria S.A. como vocera del ‘Grupo Financiero de Infraestructura 2008-1’ y ‘Grupo Financiero de Infraestructura 2010’, por lo que las relaciones contractuales se desarrollaban entre Alianza Fiduciaria S.A. y las entidades territoriales. En ese sentido, se reitera que la participación de la sociedad Konfigura Capital de la cual era socio, fue la de asesora de la emisión, como lo fueron también otras entidades”, explicó.

A la pregunta del senador Robledo sobre cuál fue el papel de vigilancia que se estableció a esos recursos, el ministro dijo que dentro de los contratos se estableció que las obras fueran visitadas por un equipo de ingenieros que en su momento hablaron de lo que iban encontrando, y agregó que el Ministerio de Hacienda casi que tenía las manos atadas, debido a que ninguno de los municipios certificó que su endeudamiento estuviera por encima de lo que permitía la Ley, por lo que no tuvieron que pedir permiso a la cartera, y porque al ministerio no le correspondía cuestionar la legalidad de la actuación de las partes.

Finalmente, el ministro Carrasquilla insiste en que todos sus honorarios fueron pagados en el país y en que “es absurdo pensar que la política generada por el Ministro de Hacienda y aprobada por el Congreso, que dota a las entidades de más recursos para salud, educación y agua potable, se efectuó con un interés mezquino de enriquecerse”.

Las dudas sobre las compañías de Carrasquilla
Hay dos cuestionamientos a las empresas de Carrasquilla. El primero de ellos es por qué Navemby fue creada en Panamá, a lo que el ministro responde que es a raíz de la limitación en la regulación cambiaria a poseer cuentas corrientes en dólares en Colombia, argumento cuestionado por José Roberto Acosta, quien dice que no es necesario este movimiento para que extranjeros compren bonos de deuda pública. El segundo es la permanencia de Carrasquilla en Konfigura, sobre lo cual el ministro dijo que cedió sus acciones el pasado 18 de julio y que actualmente la firma está en proceso de liquidación.

“Hay varias afirmaciones ruidosas que se han hecho sin fundamento”

El ministro Alberto Carrasquilla explicó su versión de los ‘Bonos Agua’ en entrevista con LR.

¿Qué son los llamados ‘Bonos Agua’?
Son unos instrumentos diseñados para lograr financiar obras de infraestructura en el sector de agua potable y saneamiento básico. La idea es sencilla: todos los municipios y departamentos del país reciben anualmente y por mandato constitucional una suma de dinero con destinación específica para el sector. Dicha suma está muy claramente definida y es muy predecible.

La Ley 1176 de diciembre de 2007, de otra parte, les autoriza a las entidades territoriales pignorar estos recursos futuros con el fin de poder aportar lo necesario para financiar obras cuyo costo rebasa ampliamente la cifra de un solo año. Los bonos se diseñaron para lograr el objetivo de facilitar estas pignoraciones, aprovechando el mercado de capitales colombiano.

¿Por qué hay tanto ruido alrededor de su participación en los ‘Bonos Agua’?
Hay varias las afirmaciones ruidosas que se han hecho, sin fundamento alguno, a lo largo de los años.

Algunos han dicho que yo, de alguna manera, impuse como funcionario público unas reglas del juego para favorecerme posteriormente. Nada más absurdo. Yo llevaba casi un año por fuera del Gobierno cuando la ley 1176 de 2007 se aprobó en el Congreso de la República.

Otros dicen que yo me apropié del diferencial entre la tasa a la cual se captaron los recursos de los inversionistas y la tasa la cual se colocaron los créditos. Absurdo también. Mi actividad en la época se limitó a prestar un servicio de asesoría, por lo cual recibí unos honorarios.

Otros insinúan que yo defraudé a las autoridades, escondiendo las enormes utilidades que presuntamente obtuve, en una cuenta bancaria en Panamá. Absurdo. Esa cuenta, que es perfectamente legal, jamás recibió un solo centavo proveniente de Colombia.

Finalmente, hay quienes han dicho que la tasa de interés fijada para los créditos fue arbitraria y muy alta. Falso. La tasa de los créditos está atada a la tasa de las captaciones y las captaciones se hicieron mediante una subasta en la Bolsa de Valores de Colombia. Es unos tres puntos más alta, pero estos tres puntos de diferencia se requieren para financiar la operación, constituir las reservas prudenciales requeridas para asegurar una buena calificación crediticia, pagar los honorarios de los asesores financieros, legales y los de los auditores y, finalmente, para remunerar a los originadores. Carece de sentido pensar que haya intermediarios capaces de ofrecer créditos a la misma tasa a la cual captan. De otra parte, las tasas de interés aplicadas contractualmente eran razonables para el mercado de largo plazo colombiano, UVR + 11 es algo así como 14% efectivo anual, comparable al crédito hipotecario y la mitad de la tasa de usura, por decir algo.

¿Cuál es su balance sobre los proyectos financiados a través del esquema?
Los originadores contrataron los servicios de una reconocida empresa de auditoría de obra con el fin de documentar todas las fases de los proyectos, desde el diseño hasta la entrega definitiva. Yo no tuve nada que ver con esa parte del proyecto, valga aclarar. Estos documentos son muy profesionales y fueron puestos a disposición de los entes de control Un resumen de los 117 documentos muestra que 85% de las obras iniciadas tuvieron un balance favorable, cifra bastante más alta que la observada históricamente en el país, aunque claro que está lejos de ser una cifra perfecta. Estuvo circulando una cifra que yo no sé de donde sale, según la cual solo 30% de las obras fueron satisfactorias.

Los informes de auditoría son muy claros en desmentir esa estimación. En comparación, por ejemplo, al mismo tiempo que se desarrollaba el esquema de los bonos, el gobierno estaba incurso en los llamados Planes Departamentales de Agua, los cuales fueron muy críticamente evaluados por la Contraloría General.

¿Existen o existieron en algún momento investigaciones fiscales, disciplinarias o penales alrededor de los ‘Bonos Agua’?
Desde que los bonos fueron emitidos, y los créditos desembolsados, en los años 2009, 2010 y 2011, no han existido este tipo de investigaciones por parte de los entes de control. Desde luego que la Contraloría estudió el tema en su momento, pero no encontró razones para iniciar una investigación formal de tipo fiscal. Ni la Procuraduría ni la Fiscalía han considerado pertinente iniciar investigaciones formales.

¿Qué lecciones le deja su experiencia con los ‘Bonos Agua’?
La primera, que sí es posible utilizar el mercado de capitales colombiano como fuente de financiación de proyectos de infraestructura en municipios que, por sí solos, no son sujetos de crédito. La predictibilidad a largo plazo del SGP y la naturaleza de destinación específica consagrada en la constitución y la ley bastan para hacer viables proyectos importantes para el desarrollo y el bienestar. Con un poco de creatividad, estoy seguro que mucho se podría avanzar en resolver problemas serios del país trayendo al presente recursos futuros.
La segunda, que es extremadamente importante el apoyo del Gobierno nacional a este tipo de esquemas, no obstante, el hecho de que somos un país descentralizado y hay la presunción de autonomía regional. Hemos tenido muchas experiencias amargas a lo largo de la historia y ello hace que los muchos excelentes funcionarios del orden nacional estén muy prevenidos de cara a este tipo de iniciativas.
La tercera, y esta es la parte personal, que, en el debate colombiano, el recurso más escaso es la disposición a escuchar a los demás.