Ana Lucía Villa, la ‘Christine Lagarde’ de los entes territoriales

Este símil ayuda además a comprender qué es lo que hace esta administradora de empresas que llegó a la Dirección durante la presidencia de Andrés Pastrana en 1998 y por recomendación del entonces ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo. Así como el Fondo Monetario Internacional cuenta con herramientas para apoyar a los países cuando tienen problemas para financiar su balanza de pagos y así corregir los desequilibrios, esta oficina brinda asesoría y acompañamiento a los entes descentralizados en temas financieros, tributarios y fiscales.

Precisamente, en mayo del año pasado, el alcalde de Barbacoas (Nariño), Eder Escobar Angulo, llegó al edificio del Ministerio de Hacienda, en Bogotá, para pedirle a Villa que lo ayudara a recuperar la capacidad de pago de la ciudad que representa. Cuando concluya la negociación, Barbacoas pasará a hacer parte de la lista de 26 municipios que tienen vigente un acuerdo suscrito bajo la llamada ley de quiebras.

La Ley 550 de 1999, en el título V, estableció un régimen que promoviera y facilitara la reestructuración de los entes territoriales “para lograr el desarrollo armónico de las regiones”. Y cómo lo hace: reestableciendo su capacidad de pago para que puedan atender las obligaciones respectivas, procurando una óptima estructura administrativa.

Para celebrar el acuerdo es necesario que la entidad cuente con un incumplimiento en el pago mayor a 90 días y en mínimo dos obligaciones o que tenga por lo menos dos demandas ejecutivas por dicha mora. En cualquier caso, el valor acumulado de las deudas debe representar al menos 5% de las obligaciones con vencimiento inferior a un año.

La solicitud la puede hacer tanto el representante legal como el o los acreedores con una serie de documentos que detallen bienes, propiedades, activos, inversiones, deudores, entre otros. El Ministerio tiene tres días para definir si la acepta para luego designar a los promotores y peritos quienes negociarán y definirán el acuerdo.

Ana Lucía Villa es enfática en que los entes territoriales no llegan a este punto por malos manejos sean financieros, contables o de corrupción, “hay otros fenómenos que afectan su sostenibilidad fiscal”, principalmente la complejidad de las normas. “El ajuste moral que hay que hacer es simplificar las reglas porque así los mismos ciudadanos pueden controlar los manejos inadecuados de los recursos”, señaló.

También cree que el cambio de gobiernos y el recorte de las regalías hacen parte de las razones que motivan a los entes territoriales a acogerse a reestructuración de pasivos.

Sin embargo, Villa le aseguró a este medio que un ente territorial amparado por la Ley 550 no necesariamente está en situación crítica. “Tenemos el caso de Barranquilla, por ejemplo, que tiene una situación solvente e indicadores de formación de capital importantes. Es una ciudad en desarrollo”.

De hecho, Barranquilla es el municipio más antiguo entre los que están en acuerdo pues inició su proceso en febrero de 2001 y el convenio se suscribió en diciembre de 2012.

A corte de 31 de diciembre de 2015 habían 27 municipios y siete departamentos en reestructuración se espera el cierre de vigencia el próximo 30 de marzo donde se verá si cumplieron o no sus obligaciones. Por ahora los alcaldes y gobernadores tienen en Villa no solo a quien les recibe sus procesos sino una profesora que les ayuda al manejo de los territorios.

En el proceso se aprenden a manejar recursos
Tanto la directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, como la directora de Desarrollo Territorial del DNP, coincidieron en que una de las etapas más importantes del proceso durante la ejecución de un acuerdo de reestructuración de pasivos es la posibilidad que tienen alcaldes y gobernadores de aprender sobre el manejo de los recursos de las entidades territoriales. “Existen una cantidad de normas que confunden a la gente y dispersan la responsabilidad”, dijo Villa. Por su parte, Camila Aguilar destacó que este proceso “les permite descubrir cómo operar a futuro”.

“El país tiene que mejorar la calidad del gasto público”
El conocimiento de la directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, Ana Lucía Villa, no solo proviene de su hoja de vida o de su experiencia en cargos públicos, sino que se explica en su participación durante la construcción de la Ley 550 y las normas posteriores que han complementado el articulado.

De hecho, fue testigo de la crisis de finales de los 90 y principios del año 2000, cuando, según dice “la situación fiscal de las entidades territoriales era casi dramática”.

¿Cómo era la situación del país en ese entonces?
Las entidades territoriales no fueron ajenas a la crisis financiera que vivió el país en aquella época. En el país había una sola ley que permitía empezar a controlar los sobreendeudamientos. En ese entonces recogimos un déficit de casi un punto del PIB, una cifra bastante alta, por todo el tema de la descentralización sin reglas de juego claras.

¿Qué cambió con esa cesación de pagos generalizada?
Teníamos un gasto de funcionamiento sin fuentes de pago porque las rentas que servían para ello se habían dado como garantía y fuente de pago al sector financiero. Sobreendeudaron la entidad territorial. Esa situación lleva al país a adoptar unas reglas de juego claras y un marco normativo de disciplina fiscal para los territorios para así poder proteger un proceso de descentralización que se venía dando.

¿Cuál es el balance ahora?
A hoy llevamos siete años con un superávit que se ha hecho sostenible, lo que quiere decir que las normas de disciplina fiscal sí cumplieron con el propósito de hacer un cambio en la estructura del gasto territorial y establecieron un referente para las entidades. Ya el país no está enfocado en hacer saneamiento fiscal, tiene que empezar a trabajar en mejorar la calidad del gasto público.

¿De qué manera se logra ese objetivo?
Estamos trabajando en eso, pero para ello se requiere de dos ejercicios: mejorar la capacidad institucional de los territorios de acuerdo con las condiciones regionales, porque no se les puede exigir estructuras frondosas sino ser buenos ejecutores de recursos, y hacer un ajuste moral severo, eso quiere decir simplificar las reglas de juego para que la comunidad pueda hacer una vigilancia más expedita de los recursos públicos.

Las opiniones

Camila María Aguilar
Directora de Desarrollo Territorial del DNP
“El proceso de reestructuración de pasivos es fundamental para sanear las finanzas de los entes territoriales. También aprenden a organizar sus finanzas para el futuro”.

Amylkar Acosta
Director Ejecutivo de Fededepartamentos
“Los departamentos en inviabilidad e insostenibilidad fiscal pueden terminar en Ley 550. Por consiguiente, deberán someterse a un plan de desempeño”.