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COMERCIO

Analdex y Fenalco demandaron aranceles a textiles del Plan Nacional de Desarrollo

jueves, 6 de junio de 2019

Javier Díaz, presidente de Analdex. Alejandro Suárez/LR

Acciones legales sostienen que la medida que se introdujo para las importaciones de textiles es inconstitucional y que no tiene unidad de materia con el plan

Laura Lucía Becerra Elejalde

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 lleva poco más de un mes de haberse aprobado y dos de sus artículos más polémicos, el 274 y 275, que introducen un arancel de 37,9% a importaciones de textiles que ingresen al país por debajo de US$20 por kg. y de 10% ad valorem más US$3 para precios por kg. a partir de US$20, ya han recibido tres demandas ante la Corte Constitucional.

Ayer la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) confirmaron que ya ambos gremios radicaron ante en alto tribunal su respectiva acción legal.

Si bien ambas entidades sostienen en sus demandas que los aranceles son inconstitucionales, pues no corresponde al Congreso determinar este tipo de acciones, Analdex solicitó también que se suspendiera la entrada en vigencia de la medida hasta que surta el proceso legal.

“En la demanda que presentamos como Analdex estamos pidiendo una suspensión provisional de la medida para evitar el daño que se puede causar a los consumidores”, aseguró Javier Díaz, presidente del gremio, quien recordó que se calcula que las prendas de vestir se pueden incrementar hasta en 25% y que también se busca evitar retaliaciones de otros países.

Por su parte, Juan Manuel Charry, abogado que representa a Fenalco en este caso aseguró que las bases de la demanda son que “el Congreso no tiene competencia para modificar aranceles, que ese arancel no tiene relación de conexidad y que además podría estar violando acuerdos internacionales, como los de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

Según Charry, el proceso puede tardar cerca de nueve meses, y mientras tanto se presume que la Ley es constitucional. Estas dos acciones se suman a otra demanda por inconstitucionalidad que instauró el 28 de mayo el Centro de Estudios Empresariales Ignacio Sanín Bernal (Ceesib).

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