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El gremio dijo que la situación se agrava porque no se ha publicado el proyecto de resolución que fija el valor de la UPC para 2024
La Andi, junto con las Cámaras de la Salud que agremian a los aseguradores, prestadores y proveedores de tecnologías en salud, hicieron un llamado al Gobierno para proteger el derecho a la salud, que estaría amenazado por “la crisis financiera del sector”, el cual, según sus cifras, acumula una deuda en los últimos tres años de $5 billones por insuficiencia en la UPC.
“Sentimos que la responsabilidad que tenemos estado y agentes del sistema con los pacientes no da espacio a demoras o a discusiones teóricas, la salud de los colombianos requiere de acciones inmediatas y suficientes.La vida y salud de los colombianos debe ser la principal prioridad, es literalmente vital tomar acción inmediata y correcta”, escribieron en un comunicado.
El gremio propuso trabajar junto con el Gobierno Nacional y agentes del sistema en un plan que asegure la prestación del servicio, además de mecanismos para asegurar el flujo de recursos para asumir la totalidad de las obligaciones del Estado.
“Es de crucial importancia poder contar con mecanismos que permitan cubrir en forma oportuna la totalidad de los servicios, medicamentos, pagos a personal de la salud, suministro de dispositivos, y en general todos los costos que se deben adelantar para esta inmensa responsabilidad”, apuntaron.
Agregaron que la incertidumbre generada por el no pago de los recursos de presupuestos máximos de octubre y noviembre “que debieron girarse anticipadamente, así como la insuficiencia general de los recursos, se agrava porque a la fecha no se ha publicado para comentarios el proyecto de resolución que fija el valor de la UPC para 2024”.
La Andi aseguró que, desde 2021, los recursos asignados para la UPC son insuficientes, por lo que los gastos en salud superaron los presupuestos establecidos.“El sistema trae una deuda acumulada que sólo en los últimos tres añosse estima alrededor de $5 billones por concepto de insuficiencia de UPC”.
Según explicó el gremio, el costo en salud ha aumentado por cuatro razones; primero, la mayor demanda de servicios en salud post covid; el envejecimiento de la población; ampliación en 2022 del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y cambios en variables macroeconómicas que han impactado los costos de suministros y servicios de salud.
“Esta revisión de los estudios del sector corrobora la información financiera que publica la Superintendencia Nacional de Salud, que muestra a septiembre de 2023 una pérdida acumulada en el sector de aseguramiento superior a los $1,2 billones, además de un deterioro patrimonial cercano a $4 billones”, alertaron.
Los informes analizados por la Andi mostraron un deterioro de los indicadores de liquidez de los prestadores y proveedores del sistema. “No asumir esta realidad a través de acciones concretas que permitan el flujo de recursos implicará el cierre de servicios y pondrá en riesgo a la población más vulnerable y a aquella con mayores cargas de enfermedad”, concluyeron.
"Por todo lo anterior, es evidente que un ajuste de la UPC para el próximo año se debe llevar a cabo tomando en consideración un análisis profundo de la siniestralidad, las frecuencias, el perfil epidemiológico, la inflación, las inclusiones al PBS y el contexto regional, incluso las necesidades de inversión, que de no ser tenidas en cuenta nos llevarán a crisis de capacidad en el corto y mediano plazo", dijeron.
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