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Andi pidió ajustar en 25% la UPC para salvar el sistema de salud de la crisis en 2025
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La reforma al sistema es la prioridad del gobierno en las sesiones extras que iniciaron este martes y van hasta el jueves. Oposición pidió aplazar el debate
Este martes volvió el debate de la reforma a la salud, el primero de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ministerio de Interior para esta semana. El propósito del Gobierno es adelantar el trámite del proyecto en su segundo debate normativo para que puedan arrancar en 2025 desde el Senado.
El debate se reinició luego de que una serie de legisladores de oposición e independientes promovieran en la sesión del lunes una proposición para aplazar la discusión a las sesiones ordinarias, y así dejar sin efecto el decreto del Gobierno.
Ayer martes se votaron una serie de seis impedimentos que se complementan con los 121 solicitudes que se tramitaron en las jornadas previas.
Si el proyecto no avanza en el debate,aún puede ser agendado a partir del próximo año.
En la previa de esta discusión, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, debería ser hasta de 25% para evitar el descalabro financiero del sector el próximo año.
“Algunos estudios que se han hecho nos demuestran que el incremento de la UPC debería estar en niveles que pueden estar entre 15% o 25%. Inclusive las entidades más conservadoras están hablando entre 15% y 19%. Pues bueno, si no se aumenta la unidad por capitación en este nivel el sistema no va a alcanzar a cubrir todas las necesidades que tiene”, dijo Mac Master en un video público.
El dirigente gremial asegura que la falta de financiación pone en riesgo la viabilidad del sistema, y que la situación de las intervenciones de las EPS, sumado al inusitado aumento de los reclamos por parte de los usuarios por medicamentos.
Al mismo tiempo, exministros de Salud alertaron sobre crisis que vive actualmente el sistema, la cual podría agravarse en 2025 si continúan las, a su juicio, malas decisiones.
“Creo que se está viciando el proyecto, porque no se le dio la suficiente publicidad al orden del día de la jornada previo a comenzar. Sería una falla al mismo trámite”.
En un documento, destacaron el aumento significativo de las PQRs y las tutelas, así como el cierre de más de 1.200 IPS por la falta de recursos financieros y las distintas intervenciones del Gobierno en el sistema.
“La financiación insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y la falta de un presupuesto adecuado ha generado un déficit que supera los $5,5 billones. Esto ocurre en un contexto en el que el Gobierno ha sido señalado por no asumir responsabilidades frente a esta crisis”, mencionó el documento firmado por el Grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de salud y protección social, como suscribieron.
En las semanas recientes, la agremiación también alertó sobre la crisis financiera que dejará la reforma a la salud, con la versión que fue aprobada por la Comisión Séptima en primer debate. Los cálculos de la agremiación estiman que de implementarse la iniciativa habría un déficit de $141,4 billones entre 2025 y 2035, mientras que los cálculos del Ministerio de Hacienda arrojaban un superávit de $21,8 billones, es decir, hay una diferencia de $163 billones.
El pasado 3 de diciembre un grupo de senadores presentaron un proyecto de ley para establecer un mecanismo de para la definición y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y presupuestos máximos del sistema general de seguridad social. El documento establece la creación de un comité de expertos que definirán el monto de la unidad.
La propuesta contempla tener en cuenta precios, tendencias de demanda, ajustes por siniestros incurridos, tasas de cambio, tasas de interés, entre otros. Entre los requisitos para establecerla, se prevé que la UPC deba cubrir la tasa de riesgo y los costos de operación.
Los departamentos más afectados son Bolívar (99), Atlántico (90), Antioquia (63) y Córdoba (59) y el mes de más bloqueos fue septiembre
La decisión se basó en la revisión del Consejo Directivo de la ANI, que consideró los posibles impactos ambientales adversos
El domingo se venció el primer plazo legal para concertar el salario mínimo de 2025 y los gremios y centrales obreras están divididos en 6,8 puntos
