MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Uno de los puntos en los que hizo énfasis la ANI fue que se ha velado por cuidar los empleos, y en total se han reactivado 44 obras
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), con el acompañamiento de entidades del Estado, han adelantado mesas de trabajo con los representantes de los concesionarios para definir los parámetros que permitan mitigar los efectos ocasionados por el covid-19, de los contratos de concesión en modo carretero y aeroportuario.
Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la ANI, señaló que “este un espacio muy importante para buscar soluciones transversales a los distintos contratos de concesión de cara al covid-19. Con el acompañamiento de los entes de control y de las distintas agencias del Estado, relacionadas con la adecuada gestión contractual, garantizamos tanto al sector como a los financiadores la transparencia del proceso una actuación oportuna, articulada y eficiente de la Nación”.
Uno de los puntos en los que hizo énfasis la ANI fue que se ha velado por cuidar los empleos, y en total se han reactivado 44 obras que generan 45.313 puestos de trabajo.
"De cara a esta compleja coyuntura, es evidente que las concesiones viales y aeroportuarias se han visto afectadas. Con miras a solucionar los inconvenientes generados, es justamente que hemos instalado, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y la ANI, estas mesas de trabajo, en las cuales hemos podido avanzar fluidamente en la reactivación exitosa de muchos de los contratos que sufrieron alguna afectación”, señaló Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
En cuanto a las proyecciones, varias entidades señalaron que la tendencia en recaudo estará a la baja desde 2027, llegando a sus mínimos en 2032
Datos de la Upme revelaron que la oferta lograría un equilibrio mayor al actual, comparado con la utilización de fuentes no convencionales y combustibles fósiles
La medida, impuesta por daño a la industria nacional, según una investigación del Gobierno, estará vigente por próximos dos años