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Así fueron las asignaciones del SGP en 2024
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Comparando lo que aportan los territorios, frente a lo que entrega la nación, en la capital regresan $35 billones menos de lo que aporta en impuestos, con las cifras de 2024
La reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, está a dos debates de convertirse en ley y cambiar la Constitución. El mecanismo se ha modificado en un par de ocasiones en las últimas décadas, y con las asignaciones actuales, el Gobierno entregó $70,54 billones, según las cifras del Departamento Nacional de Planeación, DNP, con corte a 31 de octubre.
Ese monto representa 100% de lo que se les repartió territorialmente en 2024.
Por ley, actualmente se reparten 23,8% de los Ingresos Corrientes de la Nación, y que según el reporte del DNP, de los $70,54 billones casi 96% se destinan a educación ($30,68 billones), salud ($16,39 billones), propósito general ($7,78 billones) y agua potable ($3,62 billones); que es lo que se denominan asignaciones sectoriales.
Los recursos restantes se distribuyen en asignaciones especiales para alimentación escolar ($0,34 billones), resguardos indígenas ($0,36 billones), pagar los fondos de pensiones, ($2,28 billones) y atender municipios ribereños a los ríos Magdalena y Cauca ($0,05 billones).
El artículo 357 de la Constitución señala que a las entidades territoriales se les incrementa anualmente un porcentaje, igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes durante los cuatro años anteriores.
En 2024, a Antioquia se le giraron $7,69 billones, siendo el territorio que más dinero percibe de la nación por el SGP, seguido por Bogotá con $5,67 billones y en tercer lugar está el Valle del Cauca con $4,59 billones.
En contraste, los departamentos que menos reciben son San Andrés con $0,09 billones, seguido por Vaupés $0,22 billones y Guainía $0,23 billones.
Recordemos que los Ingresos Corrientes de la Nación son los ingresos tributarios y no tributarios, siendo los impuestos una de las fuentes principales de dichos recursos.
Con corte a septiembre, la Dian informó que el recaudo bruto nacional es de $205,9 billones, siendo Bogotá la ciudad que más aporta en impuestos en lo que va del año ($41,18 billones), seguido por Medellín ($13,05 billones) y Buenaventura ($9,54 billones).
Si se toma como referencia Bogotá, la capital colombiana recibe $35,5 billones menos de lo que entrega por concepto de impuestos. Es la ciudad que más le aporta al Estado, en comparación a lo que recibe.
“Bogotá no recibe recursos proporcionalmente porque existe un principio de solidaridad de los entes territoriales. Ese principio soslaya los ingresos que requiere la ciudad para atender las futuras competencias que van a tener los departamentos, al recibir menos de lo que le corresponde”, dijo Lisandro Junco, exdirector de la Dian.
La mayoría de los analistas apoyan la idea de descentralizar el Estado, y que los territorios reciban más recursos, el quid del asunto es el monto que deberían recibir y las competencias que deberían asumir para que se aumenten esos dineros.
La discusión de la reforma se impulsó por el concepto de la Misión de Descentralización, que sugirió aumentar, como mínimo, 31% de los recursos girados por el SGP.
De acuerdo con Darío Indalecio Restrepo, exdirector técnico de la Misión de Descentralización, el ajuste al sistema busca no solo incrementar los recursos, sino también modificar las reglas de distribución para ser más efectivos en cerrar brechas, y mejorar las capacidades de las entidades territoriales, especialmente las de los municipios más precarios.
“La misión propuso que el incremento del SGP fuera 31% respecto de los ingresos corrientes de la pandemia, porque el promedio entre 2002 y 2023 fue casi 30,5%. Cuando uno hace promedios trata de tomar bastantes años, y además aquí fue perfecto porque hubo un boom de los commodities, y después llegó el bajón de la pandemia, entonces dejó un buen promedio”, explicó Restrepo.
Aunque es claro que la Misión pidió que se adelantara la reforma, esta no podría hacer el ajuste constitucional si no está acompañado de una ley de competencias, que a su vez tendría que ir de la mano con una reforma tributaria regional.
“La descentralización y la autonomía no es solo pedir y recibir plata, sino generarla. Entonces esto tiene que estar acompañado de una reforma tributaria territorial (…) una cosa de la que no hablamos mucho y es un cálculo aproximado que hizo la Misión, es que hay casi $14,9 billones anuales que invierte o gasta la nación en competencias ya descentralizadas, ese sería el proceso de recentralización, que son casi 5,5% de ingresos corrientes de la nación”, sentenció Restrepo.
El último tramo del acto legislativo se debatirá en la Cámara de Representantes, y en ese escenario los parlamentarios tienen el mismo temor de los analistas sobre la viabilidad fiscal de la iniciativa. Además, les preocupa que el aumento de recursos en ciertos territorios, en vez de ser una ayuda, terminen teniendo un efecto adverso.
“El principio normal es que el que más rico tiene que aportarle más al Estado, y es el Gobierno el que tiene la función de redistribución. Es por esto que se necesita avanzar con la descentralización”.
“Bogotá no recibe recursos proporcionalmente porque hay un principio de solidaridad. Esto soslaya los ingresos que requiere la ciudad para atender las futuras competencias”.
La representante Katherine Miranda dijo que pedirá que se certifique el umbral aprobado en el Senado, teniendo en cuenta que las inflexibilidades presupuestales son de 83%, y que la reforma generaría un aumento del déficit fiscal por encima de 71% del PIB.
“Sí a la descentralización, pero de forma responsable. Necesitamos asegurar que mayores recursos a los territorios vayan de la mano de mayores responsabilidades y de control fiscal. Hay que escuchar las alertas del Carf y de otros expertos que señalan que esta reforma podría quebrar al país si rompe la regla fiscal, aumentando la deuda y déficit”, dijo Miranda.
Otros congresistas piden que el debate tenga un mayor componente técnico, con el objetivo de dejar claras las competencias y funciones de las entidades territoriales y del Gobierno Central, además que se debe garantizar que la descentralización sea responsable y sostenible.
“Actualmente por cada $100 que recauda la nación, se le manda $22,70 a los municipios y a los departamentos. Actualmente las transferencias del SGP cuestan $8,2 billones del Presupuesto del año entrante. Con la propuesta de 39,5% súmele $140 billones, es decir, el Estado se vuelve casi que inviable”, explicó el representante Óscar Darío Pérez.
La reforma al Sistema General de Participaciones tiene como plazo máximo para ser aprobada el 16 de diciembre.
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