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Bonilla y Montenegro chocan por futuro de comisiones en la reforma pensional
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El artículo 23 del texto avalado mantuvo el ingreso base de cotización de 16%, pero detalla como esos recursos financiarán el fondo de ahorro gerenciado por el Banco de la República
La definición de la distribución de las cotizaciones en el nuevo sistema están contenidas en el artículo 23, que mantuvo el aporte de 16%, de acuerdo al ingreso base, en el pilar contributivo. Los empleadores van a pagar 75%, y los trabajadores asumen 25%.
Para quienes están en el componente de prima media, los que tengan un ingreso base de hasta 2,3 salarios mínimos, destinarán la cotización al “fondo común de vejez”, que es administrado por Colpensiones, y también al fondo del ahorro del pilar contributivo, que será gestionado por el Banco de la República.
Dichos recursos se distribuirán de la siguiente manera: tres puntos para financiar los gastos de administración en el componente de prima media, del Pilar Contributivo, y los recursos necesarios para atender el pago de los seguros previsionales. De ese aporte, Colpensiones podrá destinar hasta 1% para financiar los gastos de administración.
Para quienes tienen ahorro individual, 13,2% de la cotización, que supere el umbral de 2,3 salarios mínimos, y hasta 25 smlmv, se destinarán a la cuenta donde la persona está guardando su dinero.
En ese mismo margen salarial (2,3 – 25 smlmv), se destinará 1% sobre el ingreso base de cotización para financiar el fondo de ahorro del Banco de la República. También, 0,8% costeará los gastos de administración en el componente de ahorro individual del pilar contributivo.
Finalmente se destinará 1% adicional, que se le girará a Colpensiones, para atender el pago de los seguros previsionales, o el esquema que determine el Gobierno.
“En ningún caso, en el Pilar Contributivo se podrán utilizar recursos de las reservas de pensión de vejez, ni del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, para gastos administrativos u otros fines distintos al financiamiento de las pensiones”, destaca el parágrafo 1 del artículo 23.
La norma agregó un parágrafo transitorio donde define que el cobro máximo de las AFP, a título de comisión de administración será de 0,7%, sobre la totalidad de los activos bajo la gestión de dichos recursos, valor que se mantendrá hasta el momento en que se consolide la pensión.
La aprobación de la reforma pensional generó fuertes choques entre distintos sectores públicos y privados. Mientras que algunos afirman que el trámite en el Congreso cumplió con todo lo expuesto por la ley, otros aseguran que el sector privado se comprometió, lo que terminó con el pupitrazo del proyecto de ley.
En estas discusiones surge la respuesta de Asofondos, en representación de los fondos privados, a los señalamientos que apuntan a que las AFP se reunieron con algunos congresistas, y pactaron que se aprobara la reforma tal y como pasó el articulado en el Senado.
De acuerdo con una carta firmada por el presidente de Asofondos, Andrés Calle, Asofondos no se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, ni con otros congresistas para pactar la reforma.
“Como aclaramos en su momento, la cifra de $2,8 billones resulta de multiplicar 0,7% por el saldo de $405 billones, lo cual es totalmente incorrecto y sobreestimado debido a que la comisión de 0,7% no aplica al fondo especial de retiro programado, ni a las cuentas de las personas que integrarán el régimen de transición, por citar los más relevantes”, destaca en el comunicado Montenegro.
El presidente de Asofondos explicó que la comisión de 0,7% es anual y genera un ingreso. Además, pese a la controvertida aprobación, las AFP seguirán defendiendo las pensiones de los colombianos.
En la carta, Montengro también se defendió de las acusaciones hechas por Vicky Dávila, donde sugiere que entre algunos empresarios y congresistas se han reunido para agilizar la agenda del presidente Gustavo Petro, poniendo en riesgo las intenciones de miles de colombianos.
El pasado 15 de noviembre fue entregado el concepto favorable por parte del IDU. La ANI debe radicar el proyecto a la Anla
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