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Las obligaciones públicas no pueden superar 71% del PIB. En 2022, el Balance Primario Neto Estructural no puede ser de menos de -4,7%
Luego de que se aprobaran modificaciones a la Regla Fiscal y a su comité en la Ley de Inversión Social, el director técnico del nuevo Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), Andrés Velasco, hizo una presentación de las que serán las funciones de la entidad, así como los nuevos topes de dos de los indicadores de las finanzas públicas: la deuda neta y el balance primario.
Por un lado, ahora la Regla Fiscal incluye un límite de la deuda, que se estableció en 71% del Producto Interno Bruto (PIB) y, para lograr la meta, se ató el Balance Primario Neto Estructural (Bpne) al nivel de deuda, de tal forma que si las obligaciones públicas aumentan, el Gobierno tendrá menos dinero para gastar.
“Atarlo positivamente implica que, a mayor deuda, el Gobierno tendrá menos espacio fiscal para el gasto primario, esto es consistente con una posición fiscal que trata de corregir el nivel de deuda cuando es muy alto”, explicó el director técnico del Carf.
Así, la Regla Fiscal establece que, si la deuda neta supera el límite de 71% del PIB, el balance primario del Gobierno será al menos de 1,8% del PIB.
“En la medida en que la deuda neta sube, la Regla Fiscal genera un compromiso para que el Gobierno produzca un balance neto estructural menos negativo”, dijo Velasco.
En cuanto al Balance Primario Neto Estructural (Bpne), que se refiere a la resta de los ingresos y gastos del Gobierno sin incluir el pago de intereses ni los efectos de los ciclos económico y petrolero, se estableció que en 2022 el déficit no puede ser mayor que 4,7% del PIB; mientras que en 2023 no puede superar 1,4% del PIB; en 2024, 0,2% del PIB; y en 2025 se debería llegar a un superávit primario de 0,5% del PIB.
Algunos expertos aseguraron que estos cambios en la Regla Fiscal permitirán ajustar las cuentas públicas en el mediano plazo, luego de que se registrara un aumento en el déficit fiscal y en la deuda en medio de la pandemia; y de que se perdiera el grado de inversión con las calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings.
“Este ajuste en la deuda, de la mano de mayor independencia para los miembros del comité, son positivos y permiten retomar el compromiso del proceso de consolidación fiscal, tras un periodo de suspensión de la regla como consecuencia del impacto de la pandemia”, indicó David Cubides, analista económico de Itaú, y concluyó que “hacia adelante, el buen desempeño de la actividad, que trae consigo un mayor recaudo tributario, y los altos precios del petróleo, deberían contribuir a mejorar las cifras fiscales del país, lo cual es un factor clave para la prima de riesgo y las agencias de calificación crediticia”.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal tendrá la tarea de hacer seguimiento a la regla y propender por la sostenibilidad de las finanzas públicas, a través de conceptos no vinculantes al Gobierno. Su primer pronunciamiento se dará después de la publicación del Plan Financiero de 2022.
El Comité tiene siete miembros
Dentro de la Ley de Inversión Social se estableció que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal contará con siete miembros: cinco expertos designados por el ministro de Hacienda y dos alternantes entre los presidentes de las comisiones económicas del Congreso. Habrá una transición para los primeros cinco miembros, dos estarán en el Comité hasta diciembre de 2023, y tres hasta diciembre de 2025. Así, el próximo gobierno deberá reemplazar a dos miembros expertos a partir de 2024.
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