MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
ABC de la reforma al Sistema General de Participaciones
Agregue a sus temas de interés
Con 124 votos a favor, el proyecto fue aprobado a la medianoche de este lunes. Tendrá una aplicación de 12 años desde 2027
El Gobierno Nacional logró una de las victorias legislativas más importantes en lo que va de su periodo. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en la medianoche del lunes en su octavo debate la reforma al Sistema General de Participaciones, SGP.
La iniciativa demoró más de un año en su trámite legislativo, pero despertó la atención de la opinión pública a partir del sexto debate, cuando los centros de pensamiento económico alertaron sobre las consecuencias fiscales que traería el proyecto.
Estas alertas y críticas de otros miembros de la oposición, así como de gremios productivos, llevó a la flexibilización, en parte, de los fundamentales técnicos de la propuesta. En un principio, la iniciativa planteaba incrementar las transferencias a las regiones desde el actual dato de 27% hasta 49,2% de los Ingresos Corrientes de la Nación. No obstante, en la versión final quedó 39,5%.
“Esta es la reforma constitucional, tal vez, si no la más importante, de las más importantes que se han aprobado desde la Constitución de 1991. Durante los ocho debates se fue ajustando, se fue mejorando, se fueron superando diferencias y temores de quienes tenían preocupaciones desde el punto de vista fiscal”, mencionó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tras la aprobación.
La norma entrará en vigencia a partir de 2027 por un periodo de máximo 12 años, es decir, hasta 2038, pero para aplicarla se necesitará la aprobación de una ley de competencias que debe ser presentada, discutida y aprobado entre 2025 y 2026.
“La noticia hoy es que Colombia da un paso hacia la autonomía territorial con sostenibilidad fiscal, cumpliendo la regla fiscal, condicionando la aprobación de este acto legislativo a la Ley de Competencias, que va a ser la gran discusión que vamos a dar en el país y sobre todo, lo más importante, que podamos cerrar brechas territoriales”, señaló el ministro Cristo.
Para la creación de esta ley de competencias, el Ministerio del Interior plantea que se establezca una mesa técnica con todos los actores políticos y técnicos, así también como la participación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, y el Banco de Desarrollo para América Latina, CAF.
El viceministro general de Hacienda, Diego Guevara, reconoció que con el monto de 39,5% de los ICN sí generaría un impacto fiscal, toda vez que “superaría los techos de gasto establecidos por la regla fiscal y podría no ser congruente con la planificación financiera y presupuestal vigente”.
En una derecho de petición respondido a la congresista Katherine Miranda, la cartera económica planteó dos escenarios, e hizo la salvedad que se debe expedir la ley de competencias. Señalaron que actualmente el SGP le costará al país $184 billones, pero con la reforma, el sistema representará $218,7 billones, que representa 6,8% del PIB.
Si la reforma entra en vigencia en 2027 tal como lo tienen previsto, en ese momento deberán expedir una tributaria que recaude $800.000 millones. Cada año deben tramitar una reforma, hasta 2035, cuando ese sistema tendrá que recoger $55,3 billones. Eso sumado a otros ajustes fiscales pertinentes.
Según explicó el Ministerio de Interior, el Sistema General de Participaciones, SGP, es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados).
Con la reforma también se busca agregar las competencias de infraestructura, por ejemplo, en esas responsabilidad que tendrán los municipios. "La reforma de SGP responde a una demanda insatisfecha de las regiones para contar con más autonomía financiera y administrativa", puntualizó la cartera ministerial.
Uno de los representantes que citó a la corporación, Hernando González, señaló que el Gobierno debe brindar explicaciones por "dejar a más de 200.000 usuarios a la deriva"
La mayor parte del presupuesto, aproximadamente $20.3 billones, será destinada a actividades de producción y transporte
Más de 50% de la energía comprada por Air-e proviene de la bolsa, donde los precios son significativamente más altos en comparación con los contratos bilaterales
