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Astrid Martínez, presidente de Carf
Astrid Martínez, presidente del Carf, dijo que el país debe revertir rápidamente el déficit y señaló que este año $1 de cada $3 de impuestos irán al pago de la deuda
Tras conocerse el Plan Financiero para 2025, el Gobierno señaló que se cumplió con la Regla Fiscal, pese a las advertencias de los centros de pensamiento. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, destacó que se mantuvo este lineamiento, pero advierten que el problema de las finanzas públicas se mantiene para este año.
La presidente del Carf, Astrid Martínez, dijo que en 2025 el Ejecutivo tendrá que recortar al menos $46 billones para cumplir con la regla, y señaló que es necesario que se revierta la situación de déficit, y se mejore el recaudo, pues para este año, de $3 recogidos por impuestos $1 tendrá que destinarse al pago de la deuda.
Las necesidades de financiamiento adicional están definidas en el plan financiero, con fuentes externas e internas, tanto para cumplir con la deuda, como para financiar. Sabemos que la deuda neta sobre el PIB está proyectada en el mismo nivel de los últimos años. Solamente un año estuvimos cerca de 55%, y es un poco por la evolución de la tasa de cambio, pero idealmente no podemos pasarnos de ahí, y el gobierno lo sabe.
Esto es una decisión de disciplina fiscal y hay que tratar de cumplirla, pero en el fondo tenemos dos variables, una es el comportamiento del recaudo, que dicta el gasto, y el otro es el crecimiento económico. Hay que crecer por encima 3%, para que cada vez sea más creíble la consolidación fiscal.
Uno es el proyecto del Presupuesto, este tuvo diferencias por los tiempos en los que se presentó. Cuando hay el cierre del año, pues hay algunas variables de empresas que se ajustan, eso también lo hace el gobierno y Carf. En ese cierre, la principal diferencia que se encontró fue el recaudo, porque eso es base para la proyección del recaudo del año siguiente.
Los siguientes son unas variables que siempre han estado en discusión, que tienen que ver con la proyección de los ingresos por concepto de la gestión de la Dian. Habíamos dicho que con base en el récord histórico, y con algunos trabajos que se hacen de una especie de elasticidad del recaudo a mejoras institucionales, aumento de personal o de sistemas tecnológicos en la autoridad de recaudo, dijimos que máximo $6,7 billones de esos $29 billones se podrán recaudar. Y entonces ahí teníamos una diferencia de algunos billones, en términos de lo que se debería recaudar para cumplir una regla fiscal.
Se requeriría un ajuste adicional de $46 billones para cumplir la Regla Fiscal. Sin reforma tributaria, sin cambios en los impuestos macroeconómicos, sin ningún recorte ya contemplado. El cálculo que hacemos nosotros no incluimos el atrasamiento del gasto que ya hizo el Gobierno para este año.
Para el servicio de la deuda, nosotros no hacemos un análisis especial dirigido al cumplimiento de la regla, porque la regla se defiende al gasto primario que existe sin el servicio de la deuda. Lo que sí tenemos es el ancla de la deuda, como se sabe, que está establecido que 55% no se tiene que cumplir año a año, pero sí mostrar una tendencia de conducir hacia el ancla, para evitar una exclusión de la deuda, que responde en gran medida a lo que se requiere para financiar el déficit que se proyecta.
Aunque nosotros no entramos en ese detalle, reconocemos que $1 de cada $3 que se recauda va a ir al servicio de la deuda, y que es una inflexibilidad que tiene el Gobierno Nacional para recortar. Pero nuestros comentarios se refieren al gasto primario.
Lo que nosotros creemos que hay que hacer es o aumentar los ingresos, o reducir el gasto. Sobre el gasto sabemos que hay rigideces que han sido ocasionadas por muchas normas, decisiones del Congreso, el reconocimiento de sentencias judiciales, desequilibrios que hay sectoriales, como en el tema de salud y demás, que arrastran unas deudas.
Esto solamente lo reconocemos en la medida en que han sido incluidos dentro del presupuesto de cada año. Hay unos recursos destinados, por ejemplo, a pagar los subsidios que no se pagaron el año pasado.
Las medidas que esperamos son recorte ¿dónde pueda recortar el Gobierno?, eso algo que no nos compete decidir.
Las reformas tributarias, o de mejoras en la gestión de lo que está contemplado, ya en el estatuto tributario de la licencia de reformas y demás. En la medida en que se vaya reflejando eso en el recaudo, nosotros vamos haciendo comentarios sobre la licencia de recortes.
El impacto fiscal de la reforma tiene impacto en lo que tiene que ver con el componente solidario que hace parte del gasto social, que debe estar incluido en la predicción de gasto del gobierno en cabeza del DPS, pero nosotros no tenemos esa discriminación tan fina del gasto proyectado.
Con respecto al SGP, lo que hay en el acto constitucional es que esto entraría en 2027, siempre y cuando se apruebe la ley de competencias. El proyecto de ley de competencias no ha sido presentado al Congreso, por lo que todavía no nos podemos pronunciar sobre eso.
No sabemos si esa ley va a entrar y cuándo, porque a partir de la promulgación de esa ley es que se va a dar el impacto fiscal en el Gobierno Nacional Central. La aspiración es que ese impacto sea neutro. Esto quiere decir que haya transferencias pares y pasen las competencias a las entidades territoriales, porque de lo contrario se crearía un problema adicional frente a las deficiencias que ya tienen gasto público de nivel central.
No podemos comprometernos en este sentido, hemos señalado los retos, hemos dicho cuál debería ser el tamaño del recorte. Ahí decimos hay $46 billones que se tendrán que recortar, o tendrá que haber un aumento de ingresos por un momento equivalente.
Y señalamos un par de riesgos adicionales que tienen que ver con la reserva presupuestal, que es un rezago de gasto del año anterior y que ahí puede estar significando presiones de gasto adicionales.
También decimos que hay un impacto de gasto adicional que puede derivarse de la decisión sobre el salario mínimo, y el impacto en pago a los funcionarios públicos, que es un impacto menor.
Entonces a los $46 billones ya vamos sumando y decimos que hay riesgos adicionales. Y algo que señalamos y que es fuente de preocupación también para el Gobierno es el tema de caja. Tenemos una gestión de la liquidez de este año que es muy retadora, y que el gobierno ha dicho que lo va a manejar con un plan mensual de caja muy juicioso, que va a seguir el plan de mensual proyectado de recaudo. Tiene que haber una gestión muy fina de esa caja para evitar problemas de liquidez.
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