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Un incremento de los ataques de la guerrilla contra la industria petrolera de Colombia provocó una reducción de la producción y de las actividades de exploración en 2013, una situación que podría repetirse este año y que preocupa por la necesidad del país de incrementar sus reservas, dijo un directivo del sector.
El año pasado se registraron 259 ataques contra los oleoductos del cuarto productor de crudo de América Latina, la mayor cifra en más de una década y un incremento de 72% en comparación con 2012, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Defensa.
“En la mayor parte del territorio nacional se han mejorado las condiciones de seguridad de una forma importante, diría que extraordinaria”, dijo el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Alejandro Martínez.
“Sin embargo, todavía hay unas regiones que siguen manteniendo unos niveles de inseguridad altos (...) hemos visto un incremento de los ataques”, agregó en una entrevista con Reuters.
El petróleo es el principal generador de divisas por exportaciones para la cuarta economía de América Latina y una importante fuente de ingresos por impuestos y regalías.
Las autoridades militares responsabilizan de los ataques a las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), grupo rebelde con el que el Gobierno mantiene una negociación de paz en Cuba, y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el que sostiene contactos exploratorios con la intención de iniciar un diálogo separado.
De acuerdo con Martínez, el incremento de los ataques obedece a una estrategia de la guerrilla para mostrar fortaleza en la mesa de negociación.
Preocupación por los efectos de la inseguridad
Colombia alcanzó en 2013 una producción de 1.006.000 barriles diarios, 54.000 barriles por debajo de la meta, mientras que perforó 115 pozos exploratorios, 79% inferior a los 206 fijados por la industria al comenzar ese año. El presidente de la ACP atribuyó el incumplimiento de las metas a los ataques de la guerrilla, a lo que se sumaron bloqueos a las operaciones por parte de comunidades para reclamar mayor inversión social y las demoras en la obtención de licencias ambientales.
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