Auditoría denunció “un desborde en la contratación directa” previo a las elecciones

La Auditoría General de la República reveló que en enero de este año se suscribieron 127.643 contratos en entidades públicas, lo que representa un aumento de 143,43 % con respecto al mismo mes del año anterior, cuando se suscribieron 52.435, lo que significa “un desborde en la contratación directa” previo al inicio de la Ley de Garantías y los procesos electorales.

En el informe dado a conocer por el organismo de control, se destaca que el monto de recursos contratados asciende a $3,31 billones, lo cual equivale a 101,33 % más que los contratos realizados en 2017 ($1,64 billones).

En ese sentido, entre los municipios que más recurrieron a la contratación directa durante el primer mes del 2018 se encuentran: Medellín con 8.928 contratos por $554.688 millones; seguido por Cali, con 4.816 por un total de $240.432,48 millones.

Cartagena se ubica en el tercer lugar con 6.819 contratos, por una cuantía de $206.651,25 millones, y le sigue Barranquilla con 3548 contratos, que alcanzan los $117.519 millones.

También resaltó el monto de los contratos suscritos durante los cuatro días anteriores a la entrada en vigencia de la norma, el 27 de enero de 2018, cuando las “entidades territoriales suscribieron por contratación directa 43.734 por un valor de $1,39 billones, correspondientes a 41,8% del monto total contratado en esta modalidad, en enero de 2018", según el informe conocido por Colprensa.

El Eje Cafetero, señala la Auditoria, es el que más recursos comprometió en el mes de enero pasado, esto a través de la contratación directa; en este caso, se da cuenta de $1 billón (30,3% del total de contratación en las regiones), con 30.539 contratos, seguida por la Región Centro Oriente en donde se suscribieron 33.080 contratos por valor de $710.407,00 millones.

Para Carlos Hernán Rodríguez Becerra, auditor general, "este vertiginoso proceso de contratación que llevaron a cabo las entidades territoriales, en tiempo récord para cumplir la Ley de Garantías y al mismo tiempo con los programas y proyectos consagrados en los planes de desarrollo regionales, ponen en evidencia riesgos innecesarios para los gobernantes territoriales por la premura del tiempo, pues pueden cometer errores en las etapas de planeación contractual que afectan la gestión pública de estas entidades".

De la misma manera, se precisa que el afán por cumplir la norma hace que los contratos, que se busca frenar mientras la norma esté en pie, se efectúan antes de que la misma entre en rigor. “Se ha generado una sobre contratación previa a la entrada en vigencia de la misma (ley)”, dice la Auditoria al cuestionar el acelerado y desmesurado crecimiento de la contratación.

Así la cosas, la entidad hace un llamado a los entes territoriales que suscribieron 86 contratos entre el 27 y el 31 de enero del presente año por $3.146 millones de pesos, tras la entrada en vigencia de la ley.

"La alerta por la Ley de garantías es evidente. Por eso la propuesta de la Auditoría General de la República es que se revise la norma y se evalué el grado de efectividad y conveniencia de la misma para evitar desgastes innecesarios a la administración pública y cumplir adecuadamente con la planeación presupuestal apropiada para la vigencia”, concluyó el jefe del organismo de control.

Y remata afirmando que la Ley de Garantías y lo que con ella se busca al frenar la contratación “no se adecua a las necesidades actuales de las entidades públicas, dado que el afán de contratación hace inocuo el principio de planeación, cuando obliga a comprometer gran cantidad de recursos en los primeros días del mes de enero, cuando apenas había logrado realizar el cierre presupuestal de la vigencia anterior”.