MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
El esquema de Basura Cero estuvo bajo la lupa de los entes de control desde antes de su implementación. Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios y hasta investigaciones penales ha tenido que enfrentar el alcalde Gustavo Petro por el modelo, al punto de que fue la razón de su destitución e inhabilidad por 15 años por la Procuraduría General de la Nación.
La primera en advertir sobre los problemas del nuevo modelo fue la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que señaló desde noviembre del año pasado una posible infracción a la libre competencia y en abril elevó pliego de cargos contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) y Aguas de Bogotá.
La Contraloría General de la República había llamado la atención sobre la inconveniencia del modelo transitorio planteado en la capital. Actualmente, tiene abiertos dos procesos de responsabilidad fiscal, el primero, por irregularidades en el proceso de subutilización de 100 vehículos, por $29.223 millones, y el segundo, por $33.343 millones, debido a la falta de planeación, estudios y sobrecostos en el proceso.
Así mismo, la Fiscalía abrió dos investigaciones a Petro por el programa para determinar, por un lado, si hubo daños ambientales y negligencia en los primeros días de implementación y por el otro, sobre el esquema mismo, tanto el impacto como la planeación de la operación.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios planteó desde el principio que Basura Cero era ilegal y abrió investigación a la EAB por fallas en la prestación del servicio de recolección, transporte y barrido en las áreas públicas y la falta de información sobre las tarifas a aplicar.
El Alcalde siempre defendió el esquema argumentando una disminución en el número de toneladas diarias enterradas y utilidades de más de $3.500 millones a octubre.
El sistema eléctrico de Colombia es vulnerable a la sequía porque aproximadamente dos tercios de la energía del país provienen de la energía hidroeléctrica
La entidad manifestó que las deudas que se cobrarán a través de medidas de embargo tienen 18 meses de haber sido causadas
Antes de la aprobación, el senador Ariel Ávila invitó a la corporación a votar negativamente a la proposición de la senadora Paloma Valencia
