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Se estima que desde 2012 los paros le han costado al país alrededor de $9,56 billones y que el costo de un día en promedio de un paro equivale a 0,7% del PIB nacional diario
El temor generado por el paro nacional, o 21N, inundó al país con una sensación de zozobra que probablemente no se experimentaba desde el paro cívico que se vivió el 14 de septiembre de 1977, que enfrentó el gobierno de Alfonso López Michelsen y obligó, en su víspera, a que se decretaran medidas de control como arrestos hasta por 180 días y despidos justificados por parte de los empleadores.
Hoy, en una nueva movilización, la intraquilidad vuelve a recorrer las calles capitalinas juntos con las autoridades que hacen presencia en diferentes puntos de concentración como Suba, Héroes, Calle 26 y otros puntos. Desde las 5:00 a.m fueron convocados los ciudadanos, y a las 6:00 a.m ya se empezaban a ver afectaciones en el sistema de TransMilenio.
Pero ¿qué implicaciones tienen estas manifestaciones en la economía del país? En promedio, cada día de paro en los últimos siete años le ha costado al país $19.916 millones, pues desde entonces se han presentado por lo menos 13 grandes paros, que en conjunto han costado $9,56 billones y que han sumado 480 días. Además, si se revisa e peso sobre el PIB del costo diario de los paros, se encuentra que equivale a 0,7% del PIB nacional de un día, que es de $2,57 billones.
En 2013, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) estimó que cinco paros que se llevaron a cabo entre 2012 y ese año le costaron al país alrededor de $911.000 millones. Entre ellos, la entidad condensó los impactos de 42 días de huelga en la Rama Judicial, que ascendieron a unos $65.000 millones; también $660.000 millones de pérdidas generadas por el paro del sector carbonífero, a raíz de las huelgas del Cerrejón y de Prodeco, unidas a la paralización de los embarques de la Drummond, y un paro de 12 días en el sector cafetero que sumó $84.083 millones.
Además, Anif revisó el cese de actividades en la Universidad Nacional a finales de 2012 que dejó un costo superior a $36.362 millones y contabilizó $69.627 millones de otros paros relacionados con el sector transporte. La entidad estimó también que el costo del paro agrario en 2012, que duró 55 días, fue de $1,7 billones, y que el paro judicial de 2014 y 2015 le costó al país $1,1 billones por 73 días de cese de actividades.
En 2016, llegó el paro más costoso de los últimos años, los 45 días en que los transportadores bloquearon las vías y que dejaron un saldo negativo de $3,6 billones según cálculos de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y Asecarga. Mientras que en 2017, el paro de maestros costó $1,5 billones, pues según estimaciones del Gobierno, cada día sin clases para cerca de ocho millones de niños en instituciones públicas le cuesta $42.000 millones al Estado.
Con la llegada de Iván Duque a la Presidencia, uno de los paros más sonados fue el de los estudiantes a finales del año pasado, que luego de más de dos meses le costó $300.000 millones a las universidades, según reportes de la Universidad Nacional y otras instituciones de educación superior.
Otro paro con el que tuvo que lidiar Duque fue el de los indígenas en marzo de este año, que costó $80.000 millones según gremios como Fenalco y la SAC, mientras que nueve días adicionales de diferentes paros de maestros suman otros $378.000 millones, teniendo presente las pérdidas del Estado en las jornadas escolares.
Frente a la jornada del 21 de noviembre de 2019, una de las voces que más llamó a preservar la calma son los gremios. Desde el Consejo Gremial Nacional se envió un mensaje a que las marchas se realizaran de forma pacífica, y la Andi emitió un comunicado en el que asegura que para mantener la legitimidad de estas “es importante evitar que sean permeadas por actos de violencia, vandalismo o en contra de la fuerza pública”.
Desde la presidencia de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que desde el gremio confían en que la jornada “se cumplirá en completo respeto de las normas y disposiciones establecidas para este tipo de manifestaciones y bajo esa perspectiva, que el comercio podrá tener un día hábil lo más normal posible, teniendo en cuenta recomendaciones en materia de seguridad”.
Francisco Giraldo, profesor de la facultad de Economía del Externado, aclara que “no se puede predecir cómo va a evolucionar la situación, los movimientos sociales tienen la virtud de ser esporádicos, así sucedió en Chile y en Ecuador recientemente, pero históricamente Colombia no se ha caracterizado por ser un país de estallidos y convulsiones”.
El docente asegura que en este caso, los motivos por los cuales la gente está parando no son coyunturales, sino de largo plazo, como el tema laboral o el desempleo, y en esa medida, no son estallidos de impacto, sino manifestaciones de descontento general.
Los principales gastos de las alcaldías son daños al transporte y patrimonio
Además de los comercios, las fachadas, edificios patrimonio y el transporte son los más afectados tras las marchas y protestas. En Bogotá, según el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural este año los costos por las acciones de recuperación de bienes de interés cultural ascienden a $230 millones y la recuperación de monumentos a $80 millones. El año pasado Transmilenio reportó gastos por $1.500 millones por afectaciones físicas, producto de 163 eventos vandálicos que afectaron a 3.300 vehículos.
Así se preparó el centro de Bogotá para la marcha del 21 de noviembre de 2019
Hasta la escultura de Simón Bolívar tuvo que ser intervenida por ser el escenario principal de las protestas.
El tradicional edificio de Avianca cubrió sus ventanas y las del banco Bbva con malla para prevenir ataques con pinturas y piedras.
La cadena mexicana Oxxo en algunos locales que quedan sobre la Carrera Séptima en Bogotá cubrió las ventanas y puertas para evitar afectaciones en los vidrios de sus puntos.
Solo un pequeño letrero del Banco Caja Social se puede ver luego de que los ventanales de la entidad fueran cubiertos desde esta semana.
Totalmente irreconocible luce el Banco de Bogotá en la esquina de la Avenida 19 con Séptima, puertas, ventanas y letrero fueron cubiertos.
A su vez, instan en que el Gobierno debe tomar una decisión consecuente con las metas que tiene el país en reducción de inflación
En el documento se lee que el aumento al salario mínimo es un incremento importante frente a la inflación proyectada para el 2024
Galvis fue, en su momento, integrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada entre 2015 y 2019 y magistrada especial de la JEP