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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) presentó demandas a 29 títulos mineros (fechados entre 1995 y 2007) con el fin de declararlos nulos, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, y tiene previsto promover otras 216, pues considera están en zonas que se deben proteger.
“Hay autoridades que están autorizando títulos sin licencias ambientales (...) Estamos buscando que se modifique el artículo 48 del Código de Minas para que el medio ambiente sea un requisito previo”, aseguró Alfredo Ignacio Ballesteros, director general de la CAR.
Afirmó que algunos de estos títulos otorgados iniciaron operaciones sin el aval de la autoridad ambiental, por lo que se ha encontrado que su gestión se está haciendo en zonas declaradas como ‘reservas ambientales’.
“Lo que queremos es que se articulen las entidades del Estado, la autoridad minera no puede trabajar aislada de la ambiental (...) para que antes de otorgar el título se pueda confirmar en la cartografía que los polígonos concesionados no tiene un área excluible de minería”, destacó.
Se estarían afectando sectores como el páramo de Guargua y Laguna Verde, en territorio de los municipios de Tausa, Cogua, Nemocón, La Calera, Zipaquirá, Soacha, Sutatausa, Carmen de Carupa, Cucunubá y Suesca.
La mayoría tiene que ver con exploración y explotación de carbón. “Al entregarlos, el antiguo Ingeominas desatendió el Acuerdo 22 del 18 de agosto de 2009 de la CAR”, afirmó Ballesteros.
De esta manera, de fallar el Tribunal a favor de la CAR podría haber sanciones de hasta $5.000 millones por el incumplimiento ambiental.
Aunque esta medida inicia con títulos expedidos en años anteriores, se espera también incluir nuevos proyectos que no están cumpliendo con la normativa.
Sobre este aspecto la Agencia Nacional de Minería aún está haciendo revisiones para ver qué sucedió con estos títulos.
Este aspecto se suma a la negativa de la comunidad de Piedras, Tolima, a la actividad minera y que podría poner en jaque el desarrollo minero del país y que tiene evaluando a las autoridades.
Precisamente la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), la Cámara Colombiana de Minería (CCM), la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala y la Cámara Asomineros de la (Andi) mandaron en conjunto una comunicación en la que demuestran su descontento con la consulta pública pues afirman que no refleja la realidad del sector.
“La pregunta no reflejó la realidad técnica y operativa de quienes, con apego a las normas colombianas, se han comprometido con la ejecución de operaciones mineras sustentables, generando impactos positivos en la economía”.
Así mismo, destacaron que es competencia exclusiva del Gobierno declarar zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería.
Por otra parte, los gremios invitan a que en el Tolima se inicie una discusión “franca” y se logre formalizar el 59% de actividad minera en el departamento.
Y concluyeron que no es conveniente realizar exclusión de las actividades económicas. “El país debe confiar y apoyar la minería empresarial para el desarrollo de una actividad responsable y aliada del desarrollo de los colombianos”, sostuvieron.
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