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La ejecución de los bonos del agua, también conocidos como “bonos Carrasquilla”, abrió un debate en torno a unos $400.000 millones que estarían en riesgo de perderse por falta de supervisión. LR consultó las versiones del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien hizo los cuestionamientos, y Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda que presentó el plan para impulsar el sector.
El lío en torno a los recursos se basa en que el Ministerio de Hacienda habría aprobado los créditos, con una tasa UVR más 11%, a 19 años y sin pago anticipado.
Pero Henao afirmó que los términos no permitieron la intervención del Ministerio: nunca se aprobaron las obras y hoy hay municipios como Soacha, que tienen la deuda, pero no los diseños.
Sin embargo, el exfuncionario que estuvo en el cargo entre 2003 y 2007, respondió que los señalamientos no son ciertos, que se establecieron tres términos para que las alcaldías pudieran acceder a los créditos y que el Ministerio siempre tuvo conocimiento de ellos.
El Decreto 28 de 2008 respalda la supervisión de los recursos del Sistema General de Participación (SGP), que los municipios comprometieron.
De hecho, Carrasquilla agregó que la Superintendencia Financiera aprobó los giros, un paso que solo podría darse si el Ministerio había dado su aval para las obras.
Entre tanto, Fiscalía y Contraloría avanzan con investigaciones.
“La responsabilidad es del Ministerio”, Alberto Carrasquilla, exministro de hacienda
El Ministerio de Vivienda dice que se dieron los créditos sin supervisar los proyectos, por lo que hay municipios en los que no hay diseños.
Eso es falso, porque los municipios tuvieron que surtir los procedimientos y todos los desembolsos de crédito se hicieron con el aval del Ministerio de Vivienda. En la ley 1176 de 2007 se plantearon los mecanismos específicos a través de los cuales se pueden perfeccionar las transacciones financieras, tendientes a las obras de agua potables.
Entonces, ¿por qué el Ministerio asegura que no hay proyectos en algunos municipios?
Porque quizás no conocen los requisitos para acceder a los recursos. Según el Decreto 28 de 2008, que es con fuerza de ley, el encargado de hacer la supervisión del uso de los recursos no es el que da la plata, sino el Minvivienda. Entonces, si al señor ministro le preocupa que no se haya hecho el monitoreo o la vigilancia adecuada, el culpable es él, porque la ley le asigna esa responsabilidad.
¿Cuáles fueron los requisitos?
Primero, que los proyectos estuvieran contemplados en los planes de desarrollo municipal; segundo, que los proyectos se hayan aprobado en los consejos municipales y, tercero, que el Minvivienda diera el aval. Nosotros presentamos cada uno de los créditos para discusión con ellos. Si el señor ministro cree que hubo unos loquitos por allá que se la pasaban repartiendo plata sin son ni ton, eso es falso. La verdadera historia es que eso se surtió, por el lado de la emisión de los bonos, con la aprobación de la Superfinanciera, encargada de hacer las aprobaciones; por el lado de los créditos, con el pleno conocimiento y aprobación, tanto del Minhacienda como del Minvivienda.
¿Qué evidencia hay de que el Ministerio sí dio el aval?
El Ministerio de Hacienda no se mete en prácticamente nada, porque tiene básicamente dos roles en las emisiones de endeudamiento municipal: la primera es que nosotros tenemos que hacer un registro del endeudamiento. Entonces, el ministerio recibe información sobre el endeudamiento sobre cada municipio. Y el segundo, los municipios que toman los créditos, deben ser sujetos de crédito en las definiciones de otra división del Ministerio, que se llama apoyo fiscal. Este también conoció de ante mano, no solo el programa, sino caso por caso de los créditos que se otorgaron. Además, el superintendente bancario verifica que la emisión de los bonos cumpla con los requisitos de la ley. Si los cumple, la Superintendencia es la encargada de decretar o certificar que la emisión sí se puede hacer. Esto, obviamente, se surtió en todos los casos.
¿Usted tuvo arte y parte en la formulación de los términos?
Si el Ministerio dice que yo cometí una ilegalidad, me gustaría entender cuál. Si lo que se dice es que como fui ministro de Hacienda hasta marzo de 2007, estaba impedido para participar en un trabajo que llevó un instrumento que se sacó en diciembre de 2009, dos años y medio después, es absurdo y tendencioso.
“No pudimos revisar los proyectos', Luís Felipe Henao, ministro de vivienda
El señor Carrasquilla asegura que todos los proyectos fueron revisados por el Ministerio de Vivienda antes de girar los créditos.
No es cierto. La viceministra de Agua, Natalia Trujillo, fue consultora para temas de giro directo del Sistema General de Participación (SGP) en ese momento. Cuando pidieron que los dejaran hacer una supervisión, ellos manifestaron que tenían contratada una firma que se llamaba Ingecol, que iba a hacer la interventoría tanto financiera como técnica, y el Ministerio de Hacienda se encargaban de los proyectos, pero a través de otra firma que se llama Fajardo S.A.S.
¿Es decir que el Ministerio de Vivienda nunca supervisó que las alcaldías cumplieran los términos?
No, nunca. Lo único que se hizo fue una revisión documental, para autorizar giros. De hecho, el señor Carrasquilla los llenó de derechos de petición para que aprobaran eso. Y dijo que estaban siendo arbitrarios al no autorizar los giros directos por poner esas condiciones.
Pero el decreto establece su obligación. El decreto dice que solo monitoreamos el SGP, que es cuando el alcalde ya tiene los recursos ejecutados. Es por eso que hicimos las 117 visitas y por lo que estamos poniendo las denuncias. Pero el Ministerio de Vivienda no podía decirle al alcalde que no contratara, porque ellos no nos presentaban los proyectos para aprobación.
¿El Ministerio planteó esa inquietud a Carrasquilla?
Natalia Trujillo estuvo sentada con ellos, diciéndoles que los dejara revisar los proyectos antes de los desembolsos y que, adicionalmente, los dejara hacer el seguimiento. Pero no fue posible.
¿Por qué presentar estas quejas hasta ahora?
No es la primera vez que se hace; de hecho, ya hay varias denuncias por este caso.
La opinión
Natalia Trujillo
Viceministra de Agua
“Nosotros no autorizamosel gasto de los recursos ni revisamos la viabilizaciónde los proyectos, porque el Ministerio no pudo intervenir”.
El ente de control dijo que una posible terminación anticipada del contrato le implicaría a la Nación pagar $700.000 millones sin recibir ni un metro de vía