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Los exfuncionarios hacen reparos a la decisión del Presidente de tomar las funciones de la CRA y la Creg y sus posibles efectos
Un grupo de más de cien exfuncionarios públicos y ciudadanos de diferentes instituciones lanzó, este miércoles, una carta dirigida al Presidente y a los líderes de las ramas del poder público.
En principio, la carta hace referencia al informe publicado por el Partido Liberal titulado 'Documento, análisis y consideraciones del expresidente de Colombia', César Gaviria Trujillo, sobre los servicios públicos en el país'.
Este grupo quiere manifestar el apoyo a este documento e invitar a las tres ramas del poder público, así como a los medios de comunicación y a la opinión pública, a estudiarlo con especial atención. "Construir lo que hoy tenemos no ha sido tarea fácil, los servicios públicos son un patrimonio y un derecho de todos los colombianos. Es necesario elevar la alerta y la preocupación dadas las consecuencias que pueden tener las acciones y anuncios por parte del Gobierno Nacional, de asumir las funciones de la comisión de regulación de energía y gas y/o derogar el marco jurídico actual", dice el documento.
La carta también indica que "aún con buenas intenciones, las malas decisiones nos pueden retroceder 50 años y conducir a una situación que todos los colombianos lamentaremos. Hemos recorrido una historia con costosos aprendizajes y debemos evitar repetir los errores".
Según los exfuncionarios y firmantes de la carta, el documento del Partido Liberal expone los antecedentes que llevaron a diseñar un marco jurídico, institucional y regulatorio a partir de las Leyes 142 y 143 de 1994. Este, según el documento, ha permitido que en los últimos 30 años en el país se pasara del apagón de los 90 y de una "situación precaria en cobertura y calidad" a un sistema de confiabilidad energética, "una cobertura que paso de 74% a cerca del 98% en electricidad y de 9% a 64% en gas y una calidad adecuada, con excepción de aquellas geografías que no han contado con un prestador de servicios idóneo".
Así mismo, los firmantes reconocieron que aún hay retos que requieren atención inmediata, "como son el aumento de cobertura en zonas rurales aisladas; la mejora en la prestación de servicios en la costa caribe (que obedece a una situación particular y no general); una mayor apertura a nuevos agentes e innovaciones; una mejor focalización de subsidios y el fortalecimiento de las capacidades de regulación y supervisión".
El documento concluye al mencionar que "es innecesario e improcedente" derogar las Leyes 142 y 143 de 1994. Y advierte que "llevaría a una alta incertidumbre sobre las reglas del juego, lo que afectará de manera inmediata las inversiones en servicios públicos".
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