“Casi 97% de licenciamientos de la Anla se cumplen dentro de los plazos establecidos”

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Adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) es la encargada de evaluar la viabilidad de los proyectos de hidrocarburos, energía, minería, entre otros. Entre sus funciones está hacer los estudios y seguimiento técnico de estos en materia ambiental para avalar o no su ejecución.

El director de la entidad, Rodrigo Suárez Castaño, dijo que uno de sus mayores desafíos fue poner “al día” a la Anla debido al atraso en varias decisiones. Actualmente, aseguró, la gestión se encuentra por encima de 95%.

¿Qué tan importante es la gestión de la Anla para el país?

Cumplimos un papel fundamental porque si bien hacemos parte de MinAmbiente, también pertenecemos al sector de desarrollo sostenible, entonces es en trabajar en pro de esas dos responsabilidades. Cerca de 10% del PIB está relacionado con decisiones que tomamos nosotros.

¿Cuál es el balance de su gestión al frente de la Anla?

Cuando llegamos debimos desatrasar varias decisiones de años atrás y hoy podemos decir que estamos al día. También nos propusimos tener un índice de gestión de 95% en nuestras decisiones y lo hemos cumplido. En 2020 fue de 100%.

La Anla es una de las entidades con más tutelas y demandas. ¿Cómo han enfrentado eso?

Nuestro índice de defensa jurídica ha subido varios puntos porcentuales. Y esto se ha debido, principalmente, a que ahora contamos con unos equipos técnicos mucho más capacitados y actualizados, quienes han tomado decisiones más robustas y han fortalecido el ejercicio de la entidad en este aspecto.

En cuanto a las consultas previas, ¿qué ha significado eso para ustedes?

Nosotros entendemos la consulta previa como tema fundamental para la toma de nuestras decisiones. Cerca de 70% de las tutelas de la Anla están relacionadas con ellas, y por eso hemos venido trabajando con la Autoridad Nacional de Consultas Previas para definir esos procedimientos.

¿A qué conclusiones han llegado? ¿Qué debería tener una ley que las reglamente?

En general, las dos autoridades hemos visto que el área de influencia en que se desarrollan los proyectos no necesariamente coinciden en lo que es el impacto ambiental y los temas étnicos. Es imposible que este cubra impactos espirituales, cosmogónicos y de ancestralidad. Un aspecto que podría funcionar es que los impactos se puedan definir de manera muy clara en el marco de las funciones de la ambas autoridades.

¿A qué se debe ese porcentaje de las tutelas en este aspecto?

Puntualmente nosotros hemos visto un aspecto especial en el tema de las consultas y es debido a que la apuesta de este Gobierno para la transición energética está enfocada en zonas con comunidades étnicas. Se requiere una visión más a detalle de cómo estamos viendo el encaminamiento de los territorios en estos casos.

Y en cuanto a la gestión de las solicitudes, ¿en qué aspectos han mejorado?

En este aspecto hemos avanzado bastante. Antes un proceso de licenciamiento estaba establecido sobre los 280 días hábiles. Hoy, ese mismo proceso no sobrepasa los 90 días y 60 cuando se trata de una modificación. Nuestra tasa de cumplimiento está sobre 97%. Esto ha sido posible gracias a nuestros equipos técnicos especializados.

Retomando un poco lo de las consultas previas, ¿qué ha pasado con La Colectora?

No lo tengo muy claro. Hace par de meses nos reunimos con el Grupo de Energía de Bogotá y ellos dividieron el proyecto de toda la línea de dos tramos. Uno, que ya estamos evaluando, al que ya le hicimos la visita y estamos esperando que ellos no entreguen la información adicional; pero frente al otro tramo aún no sabemos bien.

¿Han logrado optimizar algunos posibles impactos en proyectos que se parecen?

Sí, hemos identificado que en algunos casos solo cambia el entorno del territorio. Entonces, no es lo mismo un proyecto solar en La Guajira que en la selva y ahí el impacto se orienta es hacia la zona del proyecto. En este sentido hemos estandarizado ese entendimiento de los impactos a través de 30 variables.

¿Cómo es eso de que la Anla está insistiendo en la aspersión con glifosato?

Aquí toca aclarar que nosotros no estamos insistiendo, la Autoridad está obligada a recibir y gestionar los trámites. La Policía radicó una solicitud para utilizarlo y ellos dicen que están dando cumplimiento a las sentencias emitidas. Supuestamente ellos revisaron y analizaron y al final seleccionaron tres municipios: Zulia Cúcuta y Sardinata en donde, según ellos, no hay presencia de comunidades.

¿Cómo va el tema de los pilotos de fracking?

Una vez se dé luz verde desde los tribunales, y pierdan vigencia las sentencias, tenemos que resolver los recursos de reposición de uno de los proyectos y empezar todo el proceso de control y seguimiento ambiental del otro.