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Extracción y comercialización ilegal de oro de aluvión le dejó al país un hueco fiscal de más de US$5.600 millones entre 2010 y 2018
El tanque de pensamiento Global Financial Integrity (GFI), en conjunto con la Alianza por la Minería Responsable (AMR) y el Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo), presentó el estudio “Hacia una minería de oro transparente en Colombia”, que revela que 42,55% del área del Chocó está afectada por la explotación ilícita de oro y que el hueco fiscal que deja la comercialización ilegal del mineral podría ascender a US$5.600 millones.
El mapeo realizado de la actividad muestra que la explotación ilegal de oro de aluvión en el país está presente en cuatro de las seis regiones, siendo la más perjudicada la Pacífica, en la que está la mayor cantidad de hectáreas afectadas, tanto en términos absolutos como en proporción al área.
Desagregando esas cifras, el estudio muestra que en 12 de los 32 departamentos se registra la existencia de explotación ilícita, en un área que supera las 64.000 hectáreas. “El departamento con mayor presencia de explotación ilegal es Chocó, que constituye casi 43% del total nacional, seguido de Antioquia con 32%”, revela el documento, que enfatiza en que cerca de 74% de la explotación ilegal de oro está concentrada en esos dos departamentos.
En cuanto al impacto ambiental, un análisis de datos revela que 10.253 hectáreas de explotación de oro de aluvión están en los principales núcleos de la deforestación, concentrados en cuatro departamentos: Antioquia (9.126 ha), Bolívar (970 ha), Chocó (141 ha) y Putumayo (16 ha).
“Entre 2010 y 2018 los flujos financieros ilícitos de esta actividad superan US$5.600 millones. La incapacidad del Estado de ejercer control tiene un costo muy alto”.
Los efectos de este panorama, sin embargo, van más allá de lo social y ambiental pues, desde el punto de vista fiscal, se estima que la comercialización de oro ilegal genera un hueco de más de US$5.600 millones.
“La incapacidad del Estado en ejercer control sobre la actividad minera, diferenciando lo que es minería sin licencia y minería para satisfacer propósitos criminales, tiene un costo social y económico muy alto. Entre 2010 y 2018 los flujos financieros ilícitos de esta actividad superan los US$5.600 millones”, dijo Mario Valencia, director de proyectos de Cedetrabajo.
La cifra se obtuvo luego de cruzar los datos de exportaciones reportadas por Colombia, frente a las importaciones reportadas por los países con los que se comercializa oro de forma legal entre 2010 y 2018, que tienen una discrepancia por ese valor, que habría quedado en manos de actores ilegales en lugar de a la Nación.
Además, tras un análisis de la información y los casos públicos sobre incautaciones realizadas, se encuentra que el destino al que más se exportó oro ilícito fue Opa-Locka (Florida).
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