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La Gobernación pretende recoger $1,2 billones con la sobretasa de seguridad, casi $417.000 millones por año.
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A través de una ordenanza, la Gobernación busca financiar la seguridad mediante las facturas de energía, medida que no está respaldada por la Alcaldía de Medellín
La Gobernación de Antioquia radicó el proyecto de ordenanza que pretende imponer una “tasa especial de seguridad y de convivencia ciudadana”, a las facturas de energía del departamento, con la intención de financiar a la fuerza pública y modernizar su infraestructura.
“Para mí sería más cómodo quedarme quieto y esperar simplemente a que pasen los dos años del gobierno Petro, y ver que pasa con la seguridad, pero a nosotros nos eligen para hacer que las cosas pasen y para resolver problemas. Hay un problema muy grave en materia de seguridad que necesita ser resuelto con inversiones”, dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
La ordenanza afectará a los usuarios de energía eléctrica de estratos cuatro, cinco y seis; y también toca a los industriales, comerciales y sectores oficiales. El impuesto se fija en UVT por kilovatio consumido.
Con la Unidad de Valor Tributario de 2024, de $47.065, los consumidores del sector oficial tendrán que asumir un aumento de 0,0012 UVT ($56), para los industriales es de 0,0013 UVT ($61), los comerciales 0,0015 UVT ($71) y para los usuarios residenciales de los estratos altos será de 0,0017 UVT ($80).
Es decir, los consumidores residenciales son los que más pagarán, pero hay un detalle no menor y es que como el gravamen está fijado en UVT, en 2025 esos valores subirán, pero en promedio el ajuste en las tarifas de energía es de casi 9%.
Esta ordenanza entraría en vigencia el próximo 1 de enero de 2025 y se compromete a presentar reportes semestrales para rendir cuentas, no solo del recaudo, sino de la ejecución de esos recursos obtenidos.
“La ordenanza nos permitiría resolver grandes problemas y de alguna manera le daría un espacio fiscal a la Gobernación. La Asamblea tendrá la última palabra”.
“El espacio fiscal de las gobernaciones es bastante reducido, es muy distinto a lo que pasa en las grandes ciudades. Sería imperdonable que teniendo un espacio como el que nos ofrece esta tasa de seguridad no se aprovechara, sobretodo por las dificultades tan grandes que tenemos en materia de seguridad. Hay una reducción de capacidades muy grandes de la fuerza pública, a nivel logístico y locativo”, agregó Rendón.
El gobernador explicó que el tributo pretende recaudar $1,2 billones desde su entrada en vigencia hasta el diciembre de 2027, y esos recursos se destinarán en implementar la fibra óptica en los sectores rurales del departamento, que costaría casi $600.000 millones, un proyecto logístico que le permitiría a las autoridades y ciudadanía tener respuesta a las alertas de manera más inmediata.
También se busca la construcción y operación de una nueva cárcel que costaría $200.000 millones, teniendo en cuenta que el hacinamiento penitenciario supera 50%.
Además, se pretende dotar a las autoridades con drones, vehículos blindados, entre otras herramientas, una iniciativa que cuesta $115.000 millones. Asimismo, se instalarán otras 5.000 placas polideportivas.
Ni EPM, ni el alcalde Federico Gutiérrez entregaron una postura oficial sobre la ordenanza, pero el mandatario de Itagüí, Diego León, se sumó a las voces en contra de la medida, asegurando que ya no hay cómo pagar más impuestos.
“Junto al Consejo Empresarial, vemos con inquietud el proyecto de ordenanza que propone un cobro adicional de seguridad en la factura de energía, ya que impactaría la economía de familias, comercios y empresas. Existen alternativas más justas y sostenibles para fortalecer la seguridad en el departamento”, declaró León.
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