MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Preocupaciones sector transporte
Agregue a sus temas de interés
Nidia Hernández, presidente ejecutiva de la agremiación reveló que en 8 meses van 472 bloqueos, que han dejado pérdidas por $2,5 billones
En el marco del congreso de Colfecar, la presidente ejecutiva de la agremiación, Nidia Hernández, presentó cuáles son los cinco principales retos y desafíos que más afectan al sector transportador, y reveló que por quinto año consecutivo la inseguridades lo que más afecta a los empresarios y camioneros. Incumplimientos en el Sicetac, malas vías, informalidad y precios de los combustibles destacan entre los que más incidencia tienen.
El problema de la seguridad tiene en jaque al sector, según Hernández, en el último lustro siempre ha sido lo que más preocupa a los afiliados, y en el último tiempo la situación ha empeorado. En los últimos 20 meses han contabilizado 1.244 bloqueos, que han dejado más de $6,1 billones de pérdidas.
El balance sale tras una encuesta realizada por la agremiación en agosto, previo al paro camionero, y se encontró que los cinco principales retos son: inseguridad, incumplimiento en el Sicetac, el alza en el precio de acpm, el estado de la infraestructura y los peajes. La reactivación económica, los valores de impuestos y repuesto, incluso las reformas del Gobierno generan incertidumbre en el sector.
Sobre la inseguridad, Hernández dijo que han aumentado los casos de extorsión 29% en el último año y 70% del secuestro, también hay un llamado de atención por la quema de vehículos, hechos que generalmente son ejecutados por las guerrillas.
“La inseguridad es un de los principales flagelos, en el último año hemos visto como se ha complicado este problema. Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Norte de Santander, Atlántico, Bolívar y Antioquia son los departamentos que más sufren por este problema y que si lo detallamos, nos damos cuenta que esos son los principales corredores”, dijo Hernández.
El segundo gran problema es la informalidad, y que está generando una competencia desleal, pues las empresas no reguladas no reportan debidamente en el Sicetac, algo que también se discutió en el paro camionero, ya que ofrecen precios por debajo a los regulados, y pone en detrimento a las empresas formalizadas.
Según los datos del Ministerio de Transporte, en 2024 hay 4.345 empresas habilitadas para operar en Colombia, un aumento de 3,5% en comparación con 2023. De esas, se estima que 50% son formales.
“El Sicetac no es incluyente, hay muchos segmentos del transporte de carga que no son tenidos en cuenta, por ejemplo: volquetas, vehículos livianos, carga líquida, refrigerados, entre otros. Tampoco se pueden actualizar en tiempo real los insumos que afectan la operatividad”, explicó la dirigente gremial.
A eso se suma la incertidumbre por los precios del diésel. Si bien al cierre de 2024 solo se encarecerá $800 el galón de acpm, Colfecar asegura que es necesario revaluar la fórmula con la que se cobra el combustible, teniendo en cuenta que es un insumo de producción nacional, que se cobra a precios internacionales.
El problema es que el sector debe avanzar con la renovación en el parque automotor. Colfecar estima que hay 360.000 vehículos de carga, y 318.468 propietarios, entre personas naturales y jurídicas. Lo crítico es que la edad promedio de esos vehículos es de 21 años, la segunda más vieja de Latinoamérica.
Otra de las grandes quejas de los transportadores son los bloqueos, de acuerdo con el balance del “bloqueometro de Colfecar”, entre enero y agosto se han registrado 472 bloqueos en las carreteras nacionales, que han dejado 3.380 horas perdidas para los transportadores, 140 días, y que económicamente les ha hecho perder $2,5 billones.
“Desde enero de 2023, hasta la fecha vamos 1.200 bloqueos, que han dejado pérdidas por $6,1 billones. Más o menos son 60 bloqueos mensuales, y es algo que no se tiene en cuenta, pero si asumen los transportadores”, sentenció Hernández.
Finalmente, Nidia Hernández hizo un llamado al Gobierno, pues señaló que las reformas están pensadas en sacarle más recursos a las grandes compañías, pero en ese mismo grupo se incluyen las Mipymes, que son más del 90% del tejido empresarial, y son los que más incertidumbre tienen por las regulaciones que se discuten.
El pasado 15 de noviembre fue entregado el concepto favorable por parte del IDU. La ANI debe radicar el proyecto a la Anla
La medida aplicará tanto a quienes tienen deudas como a aquellos que cuentan con una facilidad de pago y no han cumplido
Miguel Silva explicó que este proyecto es de competencia del Gobierno Nacional y que la ANI tiene la responsabilidad principal sobre su ejecución
