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Y es que lo que más preocupa no es el hecho de que firma española esté pidiendo una indemnización que se acerca a los $3,2 billones, sino que la sostenibilidad de la inversión extranjera en el país está en juego debido al factor de confianza, el cual podría verse afectado por las acusaciones tanto de la empresa como del mismo gobierno español.
Justamente sobre eso se refirió el ministro de Economía español, Luis de Guindos, quien dijo el viernes en una rueda de prensa que la decisión que tomó la Superintendencia de Servicios Públicos colombiana no había sido la más adecuada y que, por eso mismo, el Gobierno de su país apoyará permanentemente a Gas Natural Fenosa ente cualquier situación arbitral.
Según dijo De Guindos, este tipo de actuaciones, que “no son las ideales”, además de perjudicar a la empresa, afectan la credibilidad y la seguridad política del país.
“Hay algo importante para la propia Colombia que es la cuestión de la seguridad jurídica. En estas cuestiones, no es tanto el hecho en sí mismo, sino que un hecho específico te puede afecta a un valor intangible, pero que es vital especialmente para una economía en desarrollo, que es la credibilidad y que es la seguridad jurídica”, señaló el jefe de la cartera de Economía ibérica.
Las autoridades colombianas, en busca de revertir esa imagen que plantea España, ya empezaron a reunirse con representantes de empresas de ese país para tranquilizarlos y tratar de convencerlos de que este proceso no fue una expropiación y que en ningún momento se pone en juego la seguridad jurídica.
De esta manera, pretenden evitar, primordialmente, la fuga de inversiones españolas de Colombia y, en general, las de el resto de países que podrían estar llevándose esa imagen.
Cabe recordar que más de 400 multinacionales españolas tienen presencia e, inclusive, el mismo Gas Natural Fenosa sigue estando presente suministrando del servicio de gas natural en Bogotá.
El sistema eléctrico de Colombia es vulnerable a la sequía porque aproximadamente dos tercios de la energía del país provienen de la energía hidroeléctrica
La entidad manifestó que las deudas que se cobrarán a través de medidas de embargo tienen 18 meses de haber sido causadas