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El grupo de expertos economistas hizo varias recomendaciones para que los recursos en este sector sean más eficientes.
La Comisión del Gasto y la Inversión Pública, cuyo propósito es revisar los distintos programas de asistencia pública y verificar su eficiencia, le hizo al Gobierno Nacional una serie de recomendaciones para el gasto público en educación, entre las que están crear una Superintendencia de Educación y que el Sena pase a estar bajo el Ministerio de Educación y no bajo el Ministerio de Trabajo.
De la educación inicial y atención integral a la primera infancia (Eiaipi) señaló que si bien se han hecho esfuerzos para aumentar su cobertura, su acceso aún permanece por fuera del alcance de muchos niños de bajos recursos, especialmente de los que viven en zonas rurales.
También indicó que la calidad de este servicio no es la más alta y que su financiación es limitada y está fragmentada entre distintas fuentes e instituciones como el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto de Bienestar Familiar, y también la Comisión Intersectorial de Primera Infancia.
Para prestar un servicio con mejor cobertura y mayor calidad, la Comisión recomendó que la financiación del gasto a la Eiaipi se cargue a los recursos del Presupuesto y se desligue de la evolución de cualquier impuesto, para evitar su volatilidad. También señaló que es importante profundizar la descentralización y aprovechar los recursos de las entidades territoriales, que podrían utilizarse para financiar estos programas.
De la educación básica y media, la Comisión reconoció que su gasto en las últimas décadas ha aumentado, pero como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) es inferior al del promedio de América Latina. Sin embargo, en el gasto por estudiante como porcentaje del PIB per cápita, el país gasta de acuerdo con su nivel de ingreso y desarrollo, por lo que la Comisión considera que el país gasta en educación básica y media de acuerdo con sus posibilidades.
Dado que una parte de la financiación del gasto de este segmento proviene de las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) que la Nación hace a las entidades territoriales, la Comisión hizo un análisis de la distribución de estos recursos y concluyó que es compleja, inestable y faltan incentivos.
Para mejorar la calidad y equidad de la educación media, la Comisión recomienda que el país base su distribución en capitación por niño. "Para ello hay que introducir mayor flexibilidad, especialmente en relación con la gestión de la nómina, traslados entre colegios y municipios y evaluaciones de desempeño" cita el documento de los expertos.
Igualmente, sugieren que se orienten recursos más flexibles de forma directa a los colegios y darles a los rectores más autonomía en su manejo bajo reglas y condiciones definidas a la vez que se hace una reforma a la Ley 715 de 2001.
En cuanto a la educación superior, se encontró que la cobertura y el número de estudiantes graduados han incrementado continuamente. Sin embargo, el acceso sigue siendo bajo, especialmente para los estudiantes de los quintiles de ingresos bajos. Además, aunque la tasa de deserción ha disminuido, sigue siendo muy elevada, y la calidad también debe mejorar por lo que se observa un "estancamiento en el proceso de acreditación de calidad tanto institucional como de programas".
Además, lo sabios señalaron que es preocupante la financiación de Icetex destinada a programas o instituciones que no cuentan con acreditación de calidad, lo que refleja el paso lento por el que avanza la educación superior nacional.
La Comisión recomendó que se revise la Ley 30 de 1992, en lo que se refiere al ajuste de los aportes a las universidades públicas y que la repartición de dinero se haga de acuerdo a criterios de eficiencia y eficacia. Así mismo, que se tomen acciones para fortalecer la calidad de las universidades, revisar los criterios de los procesos de acreditación y estimular la formación técnica y tecnológica.
Una recomendación transversal fue que la Comisión sugirió crear una Superintendencia de Educación que tenga la capacidad de intervenir las secretarías de educación y las instituciones educativas para asegurar el uso de los recursos en todos los niveles, teniendo en cuenta que hay muchas entidades en el sector. En este punto, los sabios también destacan que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) pase a estar bajo la sombrilla del Mineducación y se integre al sistema de educación superior.
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