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El proceso de paz se firmó el 24 de noviembre de 2016
En el extremo norte de los Andes colombianos, donde durante décadas los rebeldes marxistas controlaron la producción de cocaína y lucharon contra el Ejército, el muy elogiado acuerdo de paz de 2016 supuestamente iba a cambiar todo. Y lo ha hecho… para peor.
Las promesas de nuevas medidas de seguridad y sustitución de cultivos no se han cumplido. Donde había un mandato guerrillero brutal —pero claro—, ahora hay una cacofonía de mafias de narcotráfico, cada una de las cuales les cobra a los agricultores tanto dinero por su protección que el café, el ganado e incluso la cocaína apenas si son rentables. Los exguerrilleros se están rearmando, la tasa de homicidios se ha disparado y cientos de personas huyen dejando vacías las escuelas y las empresas.
“Es una reconfiguración criminal por el control del territorio y las economías ilegales”, dijo Ariel Ávila, analista político de la Fundación Paz y Reconciliación de Bogotá. “Lo que nadie sabía es que el Estado fuera tan lento para llegar a esa zona”.
El Gobierno pasó cuatro años negociando un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que le valió al presidente saliente Juan Manuel Santos un Premio Nobel. Pero luego el Estado en la práctica abandonó Ituango y otras zonas de las FARC. El presidente electo, Iván Duque, que asume este martes, se enfrenta a una producción récord de cocaína, zonas rurales invadidas por ejércitos privados y la extensión de las disidencias de las FARC.
Duque dice que la coca, la materia prima para la elaboración de cocaína, es una “amenaza existencial” para el país, que él combatirá usando fumigación aérea con herbicidas y con erradicación forzosa de las matas, así como con programas de sustitución de cultivos. Esto es música para los oídos del Gobierno de los Estados Unidos pero privará a muchas familias locales de su única fuente de ingresos.
Las promesas del acuerdo de paz nunca se llevaron a la práctica. Tan pronto como las FARC dieron un paso atrás, grupos paramilitares ingresaron a Ituango, recorriendo establecimientos rurales y caseríos en grupos de doce o más. Ni una sola mata de coca ha sido arrancada aquí como consecuencia del programa de sustitución de cultivos prometido. Los proyectos destinados a crear trabajo para los exguerrilleros no se han concretado.
El Estado dejó a los exmiembros de las FARC "solamente con los calzoncillos", dijo un exguerrillero, que contó que tanto los disidentes como un cartel de la droga han tratado de reclutarlo. El cartel le ofreció 800.000 pesos colombianos (US$280) mensuales, añadió.
El Gobierno había dicho que el acuerdo de paz aumentaría el crecimiento al menos medio punto porcentual por año, pero hasta ahora hay pocas señales de tal “dividendo de la paz”. El año pasado, la economía colombiana creció al ritmo más lento desde la crisis financiera mundial.
Un exguerrillero de las FARC que se hacía llamar "Rogelio" renunció al proceso de paz y abandonó un campamento supervisado por las Naciones Unidas para los combatientes desmovilizados de las FARC y estableció una nueva fuerza guerrillera a fines del año pasado. Rogelio es uno de los más de 1.000 de los aproximadamente 13.000 miembros de las FARC que participaron en el proceso de paz que ahora han tomado las armas de nuevo, y sus filas también se han aumentado por nuevos reclutas.
"Rogelio Guerrero"
"Decidimos seguir la lucha por el incumplimiento del estado y por los homicidios tanto de excombatientes y líderes sociales,", dijo un miembro del grupo de Rogelio que se identificó como alias "Picino" en respuesta a unas preguntas escrita.
Rogelio, quien camina con una prótesis después de perder su pierna con una mina, declinó una entrevista, diciendo que la intensidad de la lucha la hizo poco práctica. Otra facción disidente de las FARC liderada por el alias "Cabuyo" también opera en la región, así como al menos otro cártel de la droga, según la policía.
Desde el acuerdo de paz, Ituango se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del planeta. En lo que va del año, allí han sido asesinadas 43 personas, frente a ocho en todo 2016. Eso hace de Ituango, que tiene una población de unos 25.000 habitantes, un lugar cuatro veces más mortal que El Salvador, el país más violento del mundo.
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