Colombia reiteró ante la ONU su compromiso con la defensa de los líderes sociales amenazado

El consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aseguró que el Gobierno del presidente Iván Duque mantiene su compromiso con la defensa de los líderes sociales amenazados y el esclarecimiento de sus asesinatos.

“Colombia rechaza y condena enérgicamente las agresiones, amenazas y homicidios de los que han sido víctimas los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia y reitera su compromiso absoluto en la protección de su vida, integridad personal y con emprender las garantías necesarias para el desarrollo de su labor”, agregó Barbosa.

El consejero sostuvo que el Estado ha identificado que estos hechos están relacionados con la intensificación de la competencia por el dominio y control de distintas economías criminales y la estabilización de los espacios en los que ejercía su influencia la extinta guerrilla de las FARC y la expansión de cultivos ilícitos.

De acuerdo a Barbosa, desde que Duque asumió el poder el Gobierno estableció una política de intervención integral en los territorios, a través no sólo de fortalecimiento de la acción de las Fuerzas Militares, sino de la provisión de bienes públicos en salud, educación y servicios sociales. Dijo que también se implementó una estrategia de recompensa para la captura de los criminales que han asesinado a los líderes.

“Hasta el día de hoy cinco de esos criminales han sido capturados y puestos a órdenes de las autoridades judiciales, que ya muestran tazas de esclarecimiento de más del 53 %”, añadió.

Barbosa también hizo referencia al compromiso de Colombia con la paz y la implementación del acuerdo suscrito con entre el anterior Gobierno y las FARC. Aseguró que no son pocos los desafíos que el Gobierno ha identificado en este aspecto, pero pese a ello se han venido adoptando los ajustes necesarios e implementando acciones en materia de recuperación, así como de formulación de los programas de desarrollo con enfoque territorial para las zonas más afectadas por la violencia.

“Reiteramos nuestra voluntad de implementar el acuerdo bajo el pilar de la legalidad y con una revisión que permita responder a las situaciones de violencia que se presenten en nuestro territorio, garantizando los derechos de las víctimas y de la sociedad general a la verdad, a justicia, reparación y no repetición. Agradecemos a la comunidad internacional el respaldo que ha tenido mi país respecto a la implementación del acuerdo y reiteramos nuestro compromiso de continuar avanzando en su cumplimiento bajo el monitoreo de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia”, señaló.

El funcionario añadió que la violencia generada por grupos armados ilegales que hacen presencia en territorios impacta directamente la garantía de los Derechos Humanos y en ese sentido Colombia rechaza los recientes actos de asesinatos, secuestro, extorsión y ecocidio realizados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Señaló que su actuar no está enmarcado en un ideología o alguna y no implica la existencia de un conflicto armado interno. “Los actos terroristas cometidos por este grupo implicarán las acciones penales respectivas sin que pueda pensarse en matiz político alguno o en la aceptación de Colombia a países que protejan terroristas, violando claramente la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Así mismo, pidió rechazar violaciones sistemáticas a derechos humanos en Venezuela.