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José Ignacio López, presidente de la Anif.
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La Anif señaló que esa decisión ocasionaría un aumento de las transferencias, a lo que se añadiría una inflexibilidad presupuestal
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, presidida por José Ignacio López, mencionó que el Acto Legislativo que propone que las transferencias del Sistema General de Participaciones aumenten a partir de 2027 durante 10 años, hasta alcanzar una proporción fija de 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación, generarían la quiebra del Estado.
La organización señaló que esa decisión ocasionaría un aumento de las transferencias, a lo que se añade una inflexibilidad presupuestal, eliminando el margen de inversión social del Gobierno y también de su funcionamiento.
La Anif recalcó que si las transferencias de 2024 estuvieran atadas al 46,5% de los ingresos de la Nación, el monto sería de $148 billones, lo que representaría una presión adicional de $77 billones frente a $71 billones que están programados para 2024.
La entidad argumentó que de aplicarse la fórmula, 95,3% del presupuesto del Gobierno en 2024 estaría comprometido en transferencias del Sistema General de Participaciones con 46,5%, pago de intereses con 25,1%, pensiones tendría 18,1%, y vigencias Futuras contaría con 6%.
Lo anterior generaría para el Gobierno $15 billones de pesos para inversión pública y funcionamiento. La Anif argumentó que si el Gobierno intentara mantener los gastos en esos rubros, el déficit fiscal incrementaría 10,1% del PIB; con lo cual, la regla fiscal no se cumpliría.
“Ambas opciones serían insostenibles y comprometerían gravemente la capacidad del Gobierno para enfrentar emergencias fiscales o crisis económicas, afectando sectores clave como la inversión social e infraestructura”, afirmó la organización.
La entidad apuntó que es necesario avanzar en la descentralización fiscal, pero esto no debe hacerse a expensas de la sostenibilidad fiscal. También, argumentó que modificar la fórmula del Sistema General de Participaciones, sin una delimitación clara de las competencias, pondría en riesgo las finanzas públicas.
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