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Con acuerdo en Huila y Tolima, crisis del arroz sigue en los Llanos
Los productores de Meta y Casanare ven insuficiente el incentivo de $15.000 para la carga, y piden que se tenga en cuenta a los grandes productores, no solo pequeños y medianos
El martes se llegó a un consenso entre el Gobierno y los arroceros para dar por terminado el paro. El acta se firmó en El Espinal, Tolima, donde tendrán mayor incidencia los compromisos adoptados, y que lo pactado está en línea con los requerimientos de los productores de este departamento y del Huila.
A pesar de llegar a acuerdos en estas zonas, los arroceros del Meta y Casanare permanecen en bloqueo, como muestra que las demandas de los productores del cereal no son homogéneas, y que tienen solicitudes diferenciales según las necesidades de cada una de las regiones.
Steven Navarro, agricultor de arroz del sur del Meta, explicó que la petición en este departamento es un incentivo de comercialización de $20.000 por carga. Lo que se acordó en Tolima fue entregar una ayuda de $15.000 por carga, 125 kilos.
La expectativa es que se fije un precio de compra estable, específicamente de $210.000 por carga de 125 kilos, y en el financiamiento, aseguran necesitar “un plan arrocero de cinco años de gracia sin intereses. Y después de los cinco años se empieza a pagar solo el capital. Esas son las medidas que estamos pidiendo para levantar el paro”, agregó Navarro, a pesar que por momentos se han desbloqueado las vías con intervención de la fuerza pública.
Eudoro Álvarez Cohecha, director ejecutivo de Dignidad Arrocera y de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Meta, explicó que la razón por la que los productores de estos departamentos piden un mayor incentivo para la comercialización es que ven $20.000 de diferencia en la caída de precio del cereal comparado a las otras regiones.
“En Huila y Tolima reciben el arroz con 24% de humedad y 3% de impurezas, en Meta se recibe con 25% de humedad y 5% de impurezas, el diferencial de puntos convertidos en dinero da una diferencia cercana de $12.000, por eso ellos dicen que les bajaron el precio a $185.000 y a nosotros a $175.000. No es que nos paguen menos, es que nos reciben en condiciones diferentes de humedad e impurezas que afecta el ingreso”, explicó Álvarez.
“Nosotros no estamos intransigentes, lo riesgoso es que la gente se radicalice y el problema se agrande, ya han hablado de unificar esfuerzos y trancar la vía a Bogotá”.
Adicional al incentivo de comercialización, el Ministerio de Agricultura acordó entregar beneficios financieros, pero el director señaló que estos están destinados específicamente a pequeños y medianos productores, quedando por fuera los catalogados “grandes”, y a quienes el presidente Gustavo Petro se ha dirigido como terratenientes y latifundistas, pero son estos quienes también asumen pérdidas con la caída del precio, por lo que no alcanzan a cubrir el costo de producción, y que en varias ocasiones va atado a préstamos bancarios.
En esta diferenciación coincide Henry Sanabria, presidente de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, y productor de Casanare, “nosotros nos quejamos porque estamos produciendo a pérdida y mantenemos siempre con deudas. Hay mucho agricultor con muerte financiera porque no pudo responderle a la banca. Esto se trata de conformar asociatividad, y el gobierno nos está invitando a eso, pero si no tenemos acceso a lo que ofrece, ¿qué intereses bajos vamos a acceder cuando la mayoría de los agricultores estamos reportados?”.
Poniendo otros factores sobre la mesa, el experto en el sector de agricultura, Indalecio Dangond, señaló que la calidad del arroz de las diferentes regiones no es igual. “Siempre se ha pagado mejor precio por el arroz de Huila y Tolima que el de Meta y Casanare, por las condiciones de luminosidad y la humedad relativa del suelo”. También destacó que se las medidas del Gobierno se deben tomar según la eficiencia de los productores, “el Estado no puede subsidiar productores ineficientes con dinero público porque podría ocasionar detrimento y la Contraloría podría abrir un juicio fiscal al Ministerio de Agricultura por entregar dinero de manera arbitraria”.
Sanabria concluyó que independientemente de la región, la solución estructural es el incentivo al almacenamiento. “Crear un Instituto de Mercadeo Agropecuario o algo que fije un precio base y de techo, para tener una estabilidad de precios de acuerdo a los costos de producción”.
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