Con decreto de emergencia económica, Gobierno abre la puerta para enajenar activos

El Decreto 637 mediante el cual el Gobierno Nacional declaró un segundo Estado de Emergencia Económica abrió la puerta para que se expidan por lo menos 20 nuevas medidas para conjurar la crisis. El documento, elaborado por el equipo económico del Ejecutivo, dio las pautas sobre las posibles decisiones que se tomarían para atenuar los efectos de la pandemia, que ya ha requerido esfuerzos fiscales de alrededor de $15 billones.

Una de las propuestas que establece el Ministerio de Hacienda es la posibilidad de la enajenar algunos activos estatales (ver gráfico). Pese a que aún no se ha dado un pronunciamiento oficial sobre cómo sería el proceso, el Plan Financiero de la cartera económica, presentado en febrero de este año, estableció que el monto contemplado por este rubro sería de $6,2 billones. Sin embargo, esa proyección fue dada antes del avance del covid-19.

“Para tener esa discusión hay que mirar de fondo el portafolio de activos y cuáles tienen más liquidez que otros. Ecopetrol tienen la prima de riesgo y con el escenario actual de precios no sería un buen momento. Aún hay mucha incertidumbre porque podría ser una electrificadora u otra compañía”, explicó José Ignacio López, director de estudios económicos de Corficolombiana.

López advirtió que en este contexto el Gobierno podría analizar otras opciones. Sostuvo, incluso, que se debe primar el endeudamiento antes de salir a vender activos, “que naturalmente serán muy difíciles de enajenar por la situación”.

La baraja de opciones por si el Gobierno toma esa decisión estaría en 105 empresas en las que actualmente tiene participación la Nación. Estas suman en total cerca de $170 billones, en las que se destaca 88,9% de Ecopetrol o 51,41% de ISA. Así como 73,3% de la Financiera de Desarrollo Nacional; 65,3% de Finagro o 40% de Telecaribe, entre otras.

Pero más allá de las privatizaciones también se contemplan otras medidas para disminuir el impacto de la contingencia. Condonar o aliviar las obligaciones tributarias, revisar los criterios con los que se asignan subsidios y adoptar medidas para reducir la deserción y apoyar al sistema educativo son otras de las propuestas que ya toman fuerza en la coyuntura.

A estas se suman las contribuciones y transferencias de contratos con entidades financieras y bursátiles, así como la posible reorganización del Fondo Nacional de Garantías (FNG).

“Es muy difícil saber lo que efectivamente se va a lograr con ese Decreto, porque es una declaración de intención que se establecerá con otros decretos. Por ejemplo, aún no se sabe cómo se va a fortalecer el Fondo Nacional de Garantías, por lo que aún es incierto ver los posibles alcances”, explicó Jorge Restrepo, docente de economía de la Universidad Javeriana.

Otras de las medidas que vuelven a sonar es la posible priorización, reducción y reestructuración de trámites del sector minero-energético. Esta propuesta ya había sido discutida hace un par de semanas, pues un grupo de empresarios le propuso al Gobierno agilizar los trámites de licenciamiento ambiental para reactiva e impulsar la exploración en el país.

No obstante, en su momento la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) advirtió que estaban manejando un nuevo esquema de licenciamientos, por lo que las catalogadas ‘licencias express’ aún no se podrían acoger.

“Más que licencias express, lo que necesitamos son Corporaciones Regionales más eficientes, que tengan los recursos para que se invierta en una profunda transformación digital de sus procesos y que, de esa manera, puedan responder a las solicitudes de los diferentes sectores productivos”, dijo Silvana Habib, presidente de la Agencia Nacional de Minería hace unos días.

En todas estas alternativas para disminuir los impactos, fortalecer el empleo y apoyar los sectores vulnerables también se podrían efectuar algunas operaciones presupuestales que resulten necesarias. Es decir, se daría paso para que el Gobierno analice los sectores prioritarios y ajuste su caja en esa dirección, por lo que, si bien todavía no hay una confirmación, podría venir algunos recortes en algunos rubros.

Por ahora el ejecutivo tendrá en un término de 30 días calendario para expedir decretos con fuerza de ley que vayan en línea con reducir los choques del virus. Algunas son aliviar las obligaciones tributarias y cambiar el uso de transferencias de entidades financieras