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Con la reforma se modificaría el artículo 87 de la Ley 30, aumentando los aportes en hasta 50% del incremento real del PIB
Ayer la ministra de Educación, Aurora Vergara, hizo públicos dos borradores de reformas que se vendrán en esta nueva legislatura. Uno de ellos se trata de un proyecto estatutario, con el cual se busca darle a la educación el carácter de un derecho fundamental. La otra reforma que se realizará será para modificar la Ley 30 de 1992. Según el borrador de esta última, en parte su objetivo será atender el problema de financiamiento de la educación superior.
Son varias las modificaciones que se prevé en el borrador de la reforma a la Ley 30, entre ellas, hay que decir que se busca que ahora la educación superior también sea entendida como un derecho fundamental. Así quedó establecido en el artículo 3 del documento, el cual dice que "el Estado garantizará la autonomía universitaria, y el derecho fundamental de la educación superior, así como la calidad en la educación".
Para Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, sí es positivo que se reconozca la educación superior como un derecho fundamental. Aunque señaló que "si ahora la educación superior es un derecho fundamental, se debe definir si esto significa que se debe admitir el acceso a la universidad a cualquier estudiante, aunque no cumpla requisitos de admisión".
Para la experta, si no se define los límites de ese artículo, se podría abrir una puerta a la ambigüedad, pues los estudiantes podrían interponer tutelas en caso de no ser admitidos. "Debe haber reglamentación clara. De lo contrario, esto podría ser negativo, pues incluso, se empezaría a congestionar el sistema judicial".
Los cambios en los artículos 86 y 87
Con esto en cuenta, para atender la problemática de financiamiento, las modificaciones clave de la Ley 30 serán respecto a los artículos 86 y 87.
Primero, en el artículo 86, se busca que los aportes del Presupuesto General de la Nación asignados a universidades estatales u oficiales se calculen tomando como base el presupuesto asignado a cada universidad el año inmediatamente anterior, ajustándose como mínimo cada año con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), que publica el Dane,
En caso de que el Ices sea menor al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el aumento de los aportes se ajustará con base en este último índice.
"Es importante que ahora la financiación de las universidades públicas no se va a hacer respecto al ajuste anual del IPC, sino utilizando el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices)", resaltó Abadía.
Además, desde el PGN se dispondrán recursos adicionales orientados a aumentar progresivamente el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes de educación superior pública en pregrado. Los recursos harán parte de la base presupuestal y su asignación la reglamentará el Gobierno.
La Nación también podría realizar aportes excepcionales adicionales que se destinen a gastos no recurrentes, infraestructura y planes de fortalecimiento de calidad. Estos aportes no serían parte de la base presupuestal de las universidades estatales u oficiales.
Sobre la gratuidad de la matrícula, también se estableció que el Ministerio de Educación transferirá a las universidades estatales u oficiales los aportes del valor de la matrícula neta de los estudiantes de programas de pregrado, recursos que no harán parte de la base presupuestal.
Articulado a esto, la propuesta en el artículo 87 es aumentar los aportes en hasta 50% del incremento real anual del PIB. Estos recursos no harán parte de la base presupuestal de las universidades estatales u oficiales. Cabe recordar que en la Ley 30, se definía el aumento en aportes en hasta 30% del incremento real del PIB.
Aunque, hay que decir que para la experta, en la discusión de la reforma se debe tener en cuenta también la financiación para fortalecer educación media y básica. "Pareciera que el énfasis del Gobierno está en educación superior, los otros niveles podrían quedar descuidados". Aunque hizo la salvedad que si se habla del reconocimiento de estos niveles, también como derecho fundamental, aseguró que no se menciona inserción de recursos para la educación media y básica, las cuales, considera, también necesitan mayor inversión.
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