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Concejales de la Alianza Verde y Centro Democrático mostraron preocupación por el uso del suelo, acceso a vivienda y desigualdadd
Para este martes a las 9:00 a.m. la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá citó a sesión para discutir el proyecto de acuerdo por el cual se establece el Plan de Ordenamiento Territorial en la ciudad e iniciar con la votación del articulado.
El proyecto ya fue presentado por los funcionarios de la Administración Distrital a los concejales y el Concejo ya adelantó el cabildo abierto necesario para poder entrar a discutir la iniciativa.
El proyecto podría sufrir algunas modificaciones en el Concejo dado que diferentes concejales de oposición e incluso del partido de gobierno de la alcaldesa, Claudia López, la Alianza Verde, rechazan la iniciativa y lanzaron fuertes cuestionamientos a la iniciativa.
El concejal del Partido Alianza Verde, Martín Rivera Alzate, aseguró que el Plan de Ordenamiento Territorial debe garantizar una adecuada prestación de servicios, el acceso a la vivienda, evitar que se profundice la desigualdad y garantizar el derecho a la ciudad, pero considera que este es un POT sin oportunidades.
“Hay un riesgo por inundación en el corredor Occidental y aún así en Pinar del Río se está planteando construir el patio taller para la segunda línea del metro. Ahora, está bien que haya dos humedales nuevos, pero no tiene coherencia que vayamos a construir dos viaductos en el humedal Capellanía”, dijo el concejal.
Para Rivera, la propuesta de este POT puede generar más desigualdad en la ciudad y señaló que no exige la construcción de vivienda de interés social en las áreas de integración modal que son las de mayor conectividad en la ciudad. Tampoco reconoce que en Bogotá se están produciendo cerca de 19.000 viviendas al año en el mal llamado sector informal: personas que ponen una segunda, tercera o cuarta plancha y que van construyendo ciudad; personas a las que se les debe llevar una solución urbana, mejores soportes y equipamientos. Además, se pretende habilitar 17.000 viviendas de interés social y prioritario en la Sevillana, la zona con peor calidad de aire en Bogotá.
Por su parte, María Clara Name Ramírez, concejal también del Partido Verde, mostró su preocupación en lo que respecta al uso del suelo que haría más densa la ciudad, al punto de ‘hiperdensificar’ el territorio, lo que generaría congestión, deficiencias serias en la prestación de servicios, problemas de interacción social, polución, pobreza y hacinamiento que empeoraría las condiciones dejadas por la pandemia.
La cabildante expresó que la planeación del territorio a través de las Unidades de Planeación Local-UPL exige por competencia que el Concejo de Bogotá no se desprenda de su atribución principal de dictar las normas necesarias para la división territorial y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; y advirtió la inconveniencia de entregarle un cheque en blanco a la Administración para que actualice por decreto los Elementos Locales del Modelo de Ocupación Territorial.
Diego Cancino, concejal de la Alianza Verde, señaló que “en este POT nuestra Alcaldía eligió perpetuar el modelo urbanístico que ha prevalecido por décadas y que ha construido una ciudad altamente inequitativa, poco inspiradora y confiable; agresiva con sus orgullos ambientales, como la cuenca del Tunjuelo, hostil con su espacio urbano y, sobre todo, con las poblaciones más vulnerables. Se cedió, en términos políticos, a poner la fuerza gravitacional del desarrollo urbanístico alrededor del mercado inmobiliario y la infraestructura de movilidad, ignorando los clamores ciudadanos de volcar la visión de la ciudad hacia el cambio climático, la vida y la vivienda dignas”.
Para la concejal Diana Diago, del Centro Democrático, el crecimiento de la ciudad para los próximos 12 años no responde a muchas de las realidades de la ciudad.
Expuso que, el POT pretende establecer 33 UPL, pero no es claro en los equipamientos que necesitarán estas Unidades e hizo énfasis en los equipamientos de seguridad, haciendo un llamado a aumentar la infraestructura para la seguridad, como son los CAI y las URI. Frente a la ampliación de la cárcel La Picota indicó que los vecinos están con temor por esta decisión.
Respecto a la movilidad manifestó que no hay propuestas reales. La ciudadanía se afectará con la reducción de la capacidad vial y la no construcción de vías tan importantes como la ALO Norte.
A lo largo del cabildo abierto, la Administración Distrital señaló que, en el POT, la renovación urbana se hará para respetar y mejorar el hábitat de los moradores, así como también, para mejorar la ciudad en condiciones de equidad y en condiciones de rentabilidad para el desarrollador.
“Los moradores no son un estorbo y el desarrollador les tiene que dar tres opciones y la opción la escoge el morador; la primera opción es que se quede en el mismo sitio, que le ofrezcan los mismos metros en el mismo sitio, pero en un mejor entorno; la segunda opción es que ofrezca su propiedad como inversión, o la tercera que le paguen por lo menos al valor comercial base de su propiedad”, dijo Claudia López en su momento.
Explicó en detalle que la localidad de Barrios Unidos será uno de los puntos estratégicos de la ciudad que tendrá mayor impacto en términos de renovación y revitalización urbana por la inversión económica que se tiene proyectada. “Barrios Unidos será la localidad que quizá más inversión pública de mejoramiento reciba en estos 14 años”, sostuvo la alcaldesa de Bogotá.
En ese sentido, López agregó que por esta localidad pasarán cuatro obras de movilidad sostenible que mejorarán la calidad de vida de los bogotanos. “Pasará la primera, segunda y tercera línea del Metro, el Regiotram del norte y Transmilenio por la Avenida 68, que es alimentador de la primera línea del metro. Esta es una enorme inversión pública que genera oportunidades de revitalización urbana, sin expulsar ni desmejorar a ningún morador”.
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