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En la última votación del semestre, el legislativo le dio el visto bueno al proyecto, cuyo trámite se centró en la utilización de los recursos
En el último día de la primera legislatura del año, y ante amenazas de default, el Gobierno Nacional logró -in extremis- una de sus victorias más importantes: la aprobación del proyecto de ampliación del cupo de endeudamiento por US$17.607 millones.
El visto bueno del proyecto, que fue aprobado en primer debate el pasado 11 de junio, pretende dar claridad y seguridad al mercado internacional de garantía sobre los compromisos adquiridos previamente.
“Es un factor que estaba generando incertidumbre en el mercado, sobre todo por las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del director de Crédito Público sobre los riesgos en caso de que no se aprobara”, aseguró Julio Romero, economista jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana.
El trámite
El debate de este jueves se desarrolló sobre un complejo escenario de alertas por un posible default promulgadas por el propio director de Crédito Público, José Roberto Acosta. Puntualmente, esta semana el funcionario había advertido que, en caso de no aprobarse, el país no podría pagar sus compromisos internacionales, desde el próximo septiembre.
Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, indicó que esto sería histórico, ya que “Colombia no ha dejado de responder a su deuda, salvo en 1935”.
En la víspera, tanto la plenaria de la Cámara de Representantes, como la del Senado, agendaron este proyecto, sin embargo, en esta segunda célula legislativa, el texto se discutió en primer lugar luego de los informes de conciliación. No obstante, en la cámara baja fue el primer recinto donde se aprobó.
Durante el debate en el Senado, la discusión se centró por largas horas en el destino de los recursos a los que estaba accediendo el Ministerio de Hacienda. El titular de esta cartera, Ricardo Bonilla, defendió el documento en el recinto.
Cuando fue aprobado, el ministro económico dijo que este fue “un voto de confianza con el país”, así como que deja las reglas claras sobre el manejo de la política pública nacional. En el trámite, la plenaria rechazó las proposiciones para modificarlo, por lo cual el documento quedó tal como se presentó en esta etapa legislativa.
Esto quiere decir que el primer parágrafo del artículo 1 se especifica que este cupo será “preferiblemente” para atender los compromisos adquiridos con anterioridad por el Gobierno “con ocasión de la celebración de operaciones de crédito público externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores”, según se lee en el articulado promulgado.Además, este cupo podrá ser utilizado “siempre y cuando” los compromisos y operaciones adquiridas con respaldo a este cupo “estén enmarcados dentro del cumplimiento de la regla fiscal”, según se lee en el segundo parágrafo del documento.
“Muchas gracias por este voto de confianza con el país. Esta ampliación del cupo de endeudamiento deja reglas claras de juego hacia adelante de cómo manejar crédito público”.
“Es positivo, era necesario. Es un factor que estaba generando incertidumbre en el mercado, sobre todo por las declaraciones sobre los riesgos de default”.
Esta ampliación del cupo de endeudamiento será vigente una vez el presidente Gustavo Petro estampe su rúbrica, toda vez que al tratarse de un proyecto con mensaje de urgencia, solo surtió dos de los cuatro debates que se realizan normalmente.
“El Ministerio de Hacienda continuará con el plan de pagos de la Línea de Crédito Flexible, LCF, del Fondo Monetario Internacional, así como de todas las demás obligaciones del servicio de la deuda pública externa”, explicó la cartera.
En el texto, agregaron que estos recursos “se distribuirán en las vigencias fiscales 2024, 2025 y 2026, de conformidad con lo aprobado en cada Presupuesto General de la Nación, en línea con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Mfmp, y el respectivo Plan Financiero”.
En total, se han hecho siete solicitudes para ampliar el cupo de endeudamiento y seis se han aprobado desde el año 2000, cuando el entonces presidente Andrés Pastrana lo fijó en US$12.000 millones.
Durante los ocho años del Gobierno de Álvaro Uribe se subió dos veces, primero en US$16.500 millones en 2002 y luego en US$4.500 millones en 2009 para terminar su periodo en US$33.000 millones.
La jurisdicción agraria, con visto bueno
La jornada legislativa en la plenaria del Senado también dejó otra victoria para el Gobierno Nacional, con la aprobación del informe de conciliación de la jurisdicción agraria, la cual ahora pasará a revisión por parte de la Corte Constitucional y luego será firmada por el presidente Gustavo Petro.
La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, celebró el visto bueno del proyecto. “Avanzan la reforma agraria, el campesinado colombiano y sus luchas históricas”, puntualizó en su cuenta de X. El nuevo marco garantiza seguridad jurídica para resolver sus problemas.
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