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Sumando las fuentes transitorias, esta reforma recaudará cerca de $17 billones. Una medida es aumentar la tarifa de renta corporativa
Luego de más de 10 horas de debate, el Senado y la Cámara de Representantes le dieron el visto bueno a la que será la reforma tributaria número 13 de este siglo. Así, el articulado ya pasó a conciliación para que el documento final acoja lo votado tanto en el Senado como en la Cámara y que luego pase a sanción presidencial.
En esta ocasión, el proyecto de ley busca recaudar $15,2 billones a través de medidas permanentes; y cerca de $2,7 billones con fuentes transitorias, con lo que el monto alcanzaría a superar los $17 billones.
Uno de los ejes del recaudo es la ‘solidaridad empresarial’, por lo que cerca de $6,7 billones se lograrán aumentando la tarifa de renta corporativa a 35% a partir del año gravable 2022 (lo que significa que se empezaría a pagar desde 2023). Mientras que otros $392.000 millones se recaudarán con una sobretasa de tres puntos porcentuales al sector financiero, aplicables en los años gravables que van de 2022 a 2025.
“Es una reforma costosa y será difícil para las compañías, pero somos conscientes de que esta era la única alternativa que teníamos como país para estabilizar las finanzas públicas; y las empresas asumimos esa responsabilidad”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
No obstante, tal como lo pidieron algunos congresistas, el articulado de la reforma incluyó una medida para ampliar el Régimen Simple de Tributación, para que las micro, pequeñas y medianas empresas no se vean afectadas con esta tarifa plana de 35%.
“Más pequeños negocios van a poder ingresar al Régimen Simple, los que tengan ingresos hasta $3.600 millones en el año”, dijo el representante Christian Garcés.
Otra de las fuentes de recaudo es la de mantener en 50% el descuento del ICA, con lo que se logrará un monto de $3,9 billones.
La reforma tiene todo un capítulo de lucha contra la evasión, que incluye medidas como las de facturación del impuesto de renta y el intercambio de información, con las que se recaudaría un total de $2,7 billones. Mientras que con un plan de austeridad y eficiencia en el gasto público se lograría una suma de $1,9 billones.
Otras medidas de recaudo incluyen facilidades de pago en medidas tributarias ($1,6 billones), así como los mecanismos para facilitar la administración y movilización de bienes incautados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una propuesta con la que se tiene el potencial de llegar hasta a $1,4 billones en activos inmobiliarios, y $2,4 billones en sociedades de comercialización.
Por otro lado, en las propuestas de gasto social, una de las que destaca es la de ampliar el programa de Ingreso Solidario, que ahora llegará a 4,1 millones de hogares con una transferencia de $160.000; y que tendrá un enfoque de género. Además, en el artículo 39 de la reforma se estableció que el monto del subsidio Colombia Mayor se deberá aumentar gradualmente hasta alcanzar un monto equivalente a la línea de pobreza extrema.
“La propuesta de reforma tributaria que fue aprobada por las plenarias de Cámara y Senado cumple con el principio de no tocar a los hogares, a los pensionados, ni a la canasta familiar”.
“El haber complementado el proyecto con subsidios que permitan la supervivencia de las empresas afectadas por el paro, estimulará el reemprendimiento y la generación de empleo”.
“El esfuerzo tributario lo asumirán las empresas con una tarifa superior en el impuesto de renta, pero no se crearon medidas contrarias a la inversión, como un impuesto al patrimonio”.
“La aprobación del proyecto de ley de inversión social proporciona al Gobierno los recursos necesarios para solventar las necesidades más urgentes derivadas de la pandemia”.
“Es excelente saber que podemos contar con la ampliación de la vigencia temporal del Paef, así como con la exención del IVA para los servicios de hotelería hasta diciembre de 2022”.
El proyecto de ley también incluyó un incentivo para la creación de nuevos empleos, que permitirá financiar una parte de los costos laborales de más de 500.000 jóvenes y de más de 250.00 ciudadanos que tengan ingresos de hasta tres salarios mínimos.
En cuanto a las medidas de reactivación, bajo el artículo 21 se amplió la vigencia del Paef hasta diciembre de 2021. Así mismo, con el artículo 26 se estableció una medida para apoyar a las empresas que se vieron afectadas por el paro, a través de ayudas de 20% de las obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de 2021.
“Haber complementado el proyecto con subsidios que permitan la supervivencia de las empresas afectadas por el paro estimulará el reemprendimiento y la generación de empleo para quienes lo han perdido todo”, anotó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
También se crearon medidas de apoyo a los sectores de industria y comercio; y a las empresas que están en el Régimen Simple y que se dedican al expendio de comidas y bebidas.
Otros ganadores del proyecto son las entidades territoriales, que tendrán acceso a mayores recursos y apoyos mediante la flexibilización de los parámetros de endeudamiento, el uso de recursos de destinación específica, herramientas para facilitar el uso de regalías, la cofinanciación de la Nación, entre otras. Además, se ampliará el mecanismo de obras por impuestos.
El proyecto de ley beneficiará a más de 29 millones de personas
Según el Ministerio de Hacienda, esta reforma crea la red de atención social más grande de la historia, pues beneficia a 29 millones de personas, es decir, a tres de cada cinco colombianos.
“Esta ley de inversión social ha recorrido un importante y largo camino, pasará a la historia como un proyecto ampliamente consensuado y que responderá a las necesidades urgentes que acarreó la pandemia, a la vez que generamos recursos permanentes”, dijo el ministro José Manuel Restrepo.
El pasado 15 de noviembre fue entregado el concepto favorable por parte del IDU. La ANI debe radicar el proyecto a la Anla
La medida aplicará tanto a quienes tienen deudas como a aquellos que cuentan con una facilidad de pago y no han cumplido
Miguel Silva explicó que este proyecto es de competencia del Gobierno Nacional y que la ANI tiene la responsabilidad principal sobre su ejecución
