Consejo de Competitividad tiene la tarea de recuperar lugares perdidos en rankings

Desde hace 11 años, con la creación del Consejo Privado de Competitividad, tanto empresarios como Gobierno se pusieron la meta de elevar los indicadores en esta materia, con el objetivo de ser la tercera economía en la región en 2032, y para eso propusieron una articulación entre sectores público, privado y academia.

Estas metas no se están cumpliendo hasta el momento y, por el contrario, el país se está alejando de ese tercer puesto, si se tiene en cuenta que , lo que “va en contravía de la visión a 2032”, como lo recogió el Informe Nacional de Competitividad 2017 - 2018.

La articulación esperada entre Gobierno y empresas tampoco parece estarse cumpliendo, si se tiene en cuenta que los tres indicadores que miden competitividad (los del Foro Económico Mundial, International Institute for Management Development y el Doing Business del Banco Mundial), castigaron la confianza en las instituciones y la corrupción. De acuerdo con Rosario Córdoba, presidenta del Consejo de Competitividad, esta es una de las metas en las que se debe trabajar en la presidencia que llega.

José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, dijo que la existencia de un consejo o de una alta consejería “no crea por sí sola una estrategia de competitividad ni de productividad a largo plazo, pues no hay voluntad política”.

Y es que en términos generales, el país no mejoró en ningún índice en el último año y estuvo por debajo de los primeros 50 puestos. En el Doing Business, Colombia quedó en la posición 59, luego de retroceder seis casillas frente al año pasado. En el ranking elaborado por el FEM la caída fue de cinco posiciones y el país quedó en el puesto 66 entre 137 economías; mientras que en el IMD la caída fue de tres puestos y el país se ubicó en los últimos lugares: Colombia fue la economía 54 entre 63 que se midieron.

Si bien Córdoba aseguró que se “ve el deterioro en institucionalidad. En este punto, las preguntas dependen 70% de percepción de preguntas a los empresarios, eso demuestra que hay desconfianza del sector empresarial frente al Estado”.

Además, se percibe un exceso de normas, como ha revelado el Departamento Nacional de Planeación (DNP), pues entre 2000 y 2016 cada día se expidieron: 17,6 resoluciones, 4,4 decretos, y 0,6 circulares y acuerdos.

Antonio Celia, presidente de Promigas, dijo que “la productividad no la hemos medido como objetivo, nos centramos en programas de asistencia social. Hace falta una productividad permanente con medidas efectivas pues tenemos un enredo institucional”.

Otros puntos que siguen pendientes y que serán tarea del presidente que llegue, tienen que ver con la continuación del programa de infraestructura, el desarrollo del comercio exterior y enfrentar no solo una reforma tributaria estructural, sino también la pensional.

Sin embargo, el informe reconoce que, a pesar del estancamiento competitivo, “es innegable que Colombia ha tenido avances en algunas áreas específicas”, como en los niveles de acceso a la educación y en cifras relacionadas con salud, aunque todavía haya tareas pendientes.

Las tareas que deberá seguir el nuevo Gobierno

Aunque algunos expertos creen que es anticipado pensar en las tareas del nuevo Gobierno cuando a este le queda un año, el informe cree que se debe “tener una agenda de largo plazo desde el punto en el que estamos hoy”, por ejemplo, en temas de infraestructura, como reconoció el ministro de Transporte Germán Cardona, quien dijo que no le interesa inaugurar obras, sino dejar planeadas vías para los próximos años. Añadió el documento que “los gobiernos tienen la responsabilidad de implementar políticas públicas e inversiones que encaminen a Colombia en esa vía, asegurando una serie de condiciones básicas para la competitividad”.