Consejo Gremial Nacional consideró insuficiente la propuesta de política de energía

En materia de energía, este mes el Gobierno Nacional presentó el borrador de una política de energía, el cual "establece políticas y lineamientos para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público domiciliario de energía eléctrica".

Pese a que se prevé que los cambios ocurran de manera gradual, el Consejo Gremial Nacional (CGN), liderado por Germán Arce, hizo pública una carta en representación de sus afiliados en el que consideran insuficiente la política y enfatizan sobre la importancia de que los cambios en regulación se realicen desde la institucionalidad.

Mediante una carta dirigida, puntualmente, al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el CGN, "en vocería de los 32 gremios más representativos de la economía colombiana", realizó una serie de comentarios. Entre aquellos, aseguró que el sector productivo y empresarial del país apoya "permanente" al Gobierno Nacional y que el trabajo conjunto que se realiza es para encontrar soluciones que ayuden a mitigar la inflación que afecta al país.

"Por esta razón, las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica se sumaron al Pacto por la Justicia Tarifaria, permitiendo una reducción en las tarifas entre los meses de septiembre y octubre de 2022, cambiando la tendencia de crecimiento que se venía presentando hasta el momento", se lee en el documento.

El gremio destacó que la iniciativa plantea "acelerar el desarrollo regulatorio de asuntos que deben ser abordados por el regulador" y que el impulso de esa actividad regulatoria, "sin desconocer los avances que ha tenido la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en las mismas en los últimos años, va en el sentido correcto".

Sin embargo, consideran que la motivación del proyecto resulta insuficiente, a lo que se suma la ausencia de un análisis de impacto normativo que, en términos de la OCDE, permita establecer el costo beneficio de las decisiones anunciadas.

El contenido del proyecto en algunos aspectos va más allá de dar directrices de política. Para el CGN, esto podría no considerar los avances regulatorios y los proyectos regulatorios en construcción; no se definen plazos para el cumplimiento de los objetivos, ni se señala una temporalidad para su aplicación.

Expone que el proyecto de decreto podría limitar la posibilidad de que la Creg tome decisiones técnicas dado que contiene reglas específicas, en lugar de políticas y lineamientos generales. Fijar vía decreto, regulación económica a cargo de la Creg es altamente inconveniente para el dinamismo del mercado energético que requiere ajustes detallados y constantes en su regulación, dijo el gremio.

Las medidas regulatorias que se adoptan por decreto entran en un ámbito de alta inflexibilidad para ajustarlas y carecen de la discusión detalla y altamente técnica involucrada en este sector.

Así mismo, consideramos que el proyecto contraviene los artículos 3, 20 y 42 de la Ley 143 de
1994 y el artículo 87 numeral 87.4 de la Ley 142 de 1994, al limitar la posibilidad de que el mercado actúe libremente tanto en la bolsa como en el mercado de contratos, lo que pondría en riesgo el principio de suficiencia financiera, y los beneficios que los usuarios perciben de la libre competencia.

Para el CGN, eliminar las señales que provee un esquema de libre mercado, puede ser un factor que afecte la expansión futura y con ello poner en riesgo la confiabilidad y seguridad del suministro de electricidad en el mediano y largo plazo.