Consejo privado de competitividad propone a candidatos agenda de transformación

El Consejo Privado de Competitividad, en asocio con ProAntioquia, ProBogotá Región, ProPacífico, ProRisaralda, ProSantander y ProBarranquilla, publicaron un análisis dirigido a los candidatos a la presidencia de la república en el que plantean una agenda de transformación para construir un mejor contrato entre los ciudadanos, las empresas y el estado.

En el documento subrayan la importancia de construir sobre las bases y avances que "como país hemos logrado y acelerar las hojas de ruta para consolidar una senda de progreso que sirva mejor a las aspiraciones de nuestra sociedad".

Según explica el Consejo, cuya presidenta es Ana Fernanda Maiguashca, las transformación que proponen se enfocan en cuatro ejes temáticos y un eje transversal a todas las propuestas.

El primer eje busca cambiar la forma en la que los ciudadanos, las empresas y los ciudadanos se relacionan, lo cual se está traduciendo en unas elevadas cifras de desempleo, informalidad y baja productividad.

"Las exigencias que debe cumplir un empleo formal hacen que para muchos de los trabajadores cotizar a pensión sea ocasional, no cumplen con la densidad de cotización que les permitiría un ingreso en su tercera edad, sin importar que el sistema sea de ahorro individual o de reparto", señala.

A ello se suma una falta de dinamismo empresarial que tiene su espejo en una baja movilidad social. En líneas generales, plantea el documento, el mundo laboral colombiano no se comunica con el sistema educativo y el aparato productivo, uno de los retos que tendrá el próximo Gobierno.

Por ello, proponen crear un sistema de protección social universal, financiado con impuestos que garanticen . protección básica a la población y permita la creación de nuevos empleos; reducir los costos salariales asociados a la contratación formal; aumentar la cobertura del sistema pensional, eliminando su regresividad; mejorar el funcionamiento de Servicio Público de Empleo; y desarrollar un marco normativo que incentive el empleo formal para la ruralidad.

En el segundo eje, plantean propuestas para construir un país más productivo y formal que logre financiar un estado más eficiente que brinde más condiciones para los colombianos más vulnerables.

Entre las principales se cuentan fortalecer la política para la primera infancia "De cero a siempre"; desarrollando programas de mejoramiento del clima escolar en la formación básica y media; avanzar en estrategias de conectividad digital; fortalecer el acceso y cobertura de la educación superior, ampliando la financiación contingente al ingreso y fortalecer los mecanismos de cualificación docente, entre otras.

Además, proponen desmitificar la idea de que las empresas son las únicas que deben cargar con la financiación de la protección social del trabajador.

En línea con ello, algunas de las propuestas apuntan a fortalecer la pertinencia de la educación técnica, tecnológica y superior con esquemas de educación dual y programas académicos pertinentes; apoyar la titularidad de los predios, para el desarrollo de infraestructura educativa, especialmente en áreas rurales; y la reestructuración de las modalidades de contratación establecidas por el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa para mejorar la focalización de proyectos, la elección de contratistas y facilitar el seguimiento de los recursos.

En el tercer eje, relacionado con la descentralización, señalan que la baja capacidad institucional de algunas regiones va de la mano con las estructuras de financiación y gasto.

"Encontramos que la financiación, al igual que otros marcos regulatorios, han tenido una incidencia en el nivel y calidad de los bienes públicos", señalan al destacar que las necesidades de desarrollo serán atendidas con mayor eficacia si "modificamos la financiación "si modificamos la financiación de la protección social que nos corresponde a todos", para lo cual proponen que sea asumida a través del presupuesto general de la nación con cargo a impuestos generales.

En esta materia, el documento propone mejorar los criterios de investigación y procesos de los órganos de control, habilitar vigencias futuras con un plazo acorde con el componente urbano del POT; establecer sandboxes regulatorios con órganos de control, ya que las areneras pueden ser una herramienta para habilitar la innovación pública, al establecer parámetros claros y condiciones para innovar sin arriesgar; y reformar la Ley 388 de 1997, pues en 2020 88% de los POT estaban desactualizados. }

Por último, el cuarto eje relacionado con la sostenibilidad ambiental y social, plantea que la transformación del contrato social entre estado, privados y sociedad estará definida por grandes cambios en tendencias globales donde la sostenibilidad ambiental y social de nuevas formas de producir y consumir definirán la transformación productiva.

Tras advertir que la matriz productiva y de comercio colombiana está concentrada en bienes minero energéticos como el carbón y el petróleo, el documento plantea que las políticas que se implementen tienen que alinear incentivos y proponer rutas de transición que reconozcan los impactos diferenciales, sobre todo a nivel regional.

"Nuevas actividades como la bioeconomía planteada en la política de crecimiento verde de 2018 es una ruta hacia ese propósito", agregan.